Qué es el liberalismo conservador

Pocas expresiones son más insatisfactorias que liberal-conservador y sus derivadas. (En adelante, emplearé indistintamente para todas ellas la abreviatura L-C.) En primer lugar, sugiere inevitablemente que el L-C es un híbrido caprichoso y poco coherente entre liberalismo y conservadurismo. “Liberal en economía y conservador en moral”, como quien elige chaqueta y pantalón de traje de distintos colores. Y en segundo lugar (aunque esto sería un problema de cualquier otra etiqueta) da a entender que el L-C es una ideología más, una doctrina perfectamente sistematizada. Sin embargo, mientras no encontremos un término mejor, tendremos que arreglarnos con este, que en la práctica permite entendernos.

Un L-C es quien cree que existe una naturaleza humana básicamente invariable, aunque libre, capaz del bien pero inclinada al mal, y que ambos son naturales, esto es, no convencionales o relativos. De ahí procede todo: desde la oposición al aborto hasta la defensa de un Estado limitado y la propiedad privada. El precedente más antiguo del pensamiento L-C es Sócrates, quien se opuso a las ideas de los sofistas sobre la moral, sintetizadas en la sentencia de Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas.” Para Sócrates, en cambio, el bien y el mal existen por sí mismos, independientemente de lo que decida una asamblea, como sin ir más lejos la que lo condenó a muerte.

Un L-C coincide con un liberal en defender que el gobierno debe estar constreñido y contrapesado por leyes e instituciones, porque cree que existe una tendencia innata al abuso de poder. Sin embargo, ciertos liberales conciben la libertad como un absoluto que puede resolver todos los males. En esto difieren ambos drásticamente. El L-C es liberal a fuer de pesimista, porque recela de entregar excesivo poder a ningún hombre. Pero por ello mismo no se hace demasiadas ilusiones sobre el uso que los seres humanos vayamos a hacer de la libertad; no la considera una receta mágica para que triunfe el bien, sino en todo caso una mera condición de la moralidad.

Además de la tradición clásica, la fuente principal del L-C es por supuesto el pensamiento cristiano. La tendencia innata al mal no es más que la formulación secular del pecado original. Y el escepticismo hacia el poder de la razón para diseñar un mundo perfecto nace igualmente de la concepción cristiana principal o mainstream acerca de los límites de la razón, alejada tanto del racionalismo extremo como del fideísmo.

Muchos L-C no son creyentes. Simplificando, consideran verdadera la moral cristiana sin necesidad de admitir su fundamento sobrenatural. Esta posición, aunque se apoye en la experiencia y el sentido común, en mi opinión no es sostenible indefinidamente. La razón nos ilumina sobre los medios, pero es incapaz, por sí sola, de proporcionarnos una certeza absoluta sobre los fines de la existencia. El L-C agnóstico o ateo, con tal de que viva lo suficiente, o bien acaba convirtiéndose, o bien terminará flaqueando en sus convicciones. “Si Dios no existe, todo está permitido.” Esto sigue siendo una verdad incontestable, a la que tarde o temprano debemos enfrentarnos cada uno de nosotros, si queremos ser serios.

Hay que decir que los progresistas agnósticos tampoco suelen ser consecuentes. Siguen sosteniendo una actitud tan cristiana como que hay que ayudar a los pobres y acoger a los inmigrantes, a pesar de que no creen en Dios. Dirán que no hace falta creer en otra vida para hacer el bien y todo el repertorio habitual de lugares comunes que se descubren a los catorce años, cuando uno imagina haber sido el primero en empezar a pensar por su propia cuenta. Pero no; sin un absoluto que trasciende al hombre, volvemos a la sentencia protagórica: todo es relativo y cualquier delirio puede ser argumentado. Los totalitarismos comunista y nacionalsocialista nacen de ahí, de pensar que el hombre puede prescindir de Dios para darse sus propios principios, en base a supuestas doctrinas “científicas”, socialistas, darwinistas o del tipo que sean.

También hay progresistas cristianos, incluso en altos niveles de la jerarquía católica. Ahora hasta tenemos un papa progresista, que coquetea con el discurso de la izquierda populista y trata de rebajar la moral católica con una criptorreforma doctrinal para someter a la Iglesia a las ideas prevalecientes en el mundo sobre la sexualidad. Todo esto, hay que decirlo claramente, procede de una lectura errónea del Evangelio; lo que siempre se ha llamado herejía, tal como la definía Pascal: aislar determinadas verdades para oponerlas a otras no menos importantes. “La source de toutes les hérésies est l’exclusion de quelques-unes de ces vérités.” Al final de este escrito añadiré brevemente algo sobre esto.

Tenemos también las fuentes modernas del L-C. Desde la Escuela de Salamanca hasta Hayek, pasando por pensadores liberales (Adam Smith, Tocqueville), conservadores (Burke, Oakeshott), reaccionarios (Donoso Cortés, Gómez Dávila) e inclasificables como Chesterton. De todos ellos se alimenta el L-C, sin negar sus diferencias. Los reaccionarios tienen razón en diagnosticar el mal moderno, que no es otro que la ruptura con el cristianismo. Se equivocan a menudo en especular con sociedades neorrurales o variantes de distributismo, que jamás podrían sostener a un planeta donde viven siete mil millones de seres humanos.

En esta rápida caracterización del L-C, hay dos debates que apenas podemos apuntar, para no alargarnos en exceso. Una es la cuestión del liberalismo perfeccionista. ¿Es válido que el Estado incentive determinados comportamientos, por ejemplo para favorecer la natalidad? Algunos pensadores, como me consta por comunicaciones privadas, recelan del perfeccionismo, por considerarlo una forma de ingeniería social, tan peligrosa como la practicada por el progresismo.

En esto discrepo. La ingeniería social es intrínsecamente progresista, es decir, se basa en el principio de que el hombre es una tabla rasa en la que puede escribirse lo que se desee y en que todo es relativo, no existen modos de vida objetivamente más valiosos. Uno de los productos más aberrantes de esta concepción es la ideología de género, según la cual existiría una “identidad de género” no condicionada por nuestro sexo biológico, y que por tanto podemos elegir libremente.

El perfeccionismo, liberal o no, parte de la concepción opuesta. Existe una naturaleza humana, que debemos tener en cuenta a la hora de legislar. No cualquier uso que hagamos de nuestra libertad es igualmente valioso. El Estado no puede ser neutral moralmente, no porque no deba, sino porque es imposible: haga o deje de hacer, está adoptando posiciones morales y además las está avalando, siquiera implícitamente. Como señala nuestro pensador liberal-conservador español más importante, Francisco José Contreras, “las leyes tienen un efecto pedagógico, un impacto sobre las costumbres.” [1] 

La otra cuestión controvertida dentro del L-C es el nacionalismo. Por un lado, puede considerarse como una idolatría moderna más, cuyos efectos destructivos se han revelado en las dos guerras mundiales y en los conflictos separatistas que siguen amenazando la paz y la convivencia en Europa y en las repúblicas exsoviéticas. Pero por otro, no cabe duda de que existe un proyecto progresista de arrasar las tradiciones nacionales en sinergia con el proyecto anticristiano. Ambos se suelen amparar bajo un noble ideal europeísta y como una defensa de las virtudes del libre comercio y circulación. Pero es más que dudoso que la Unión Europea pueda construirse en contra de las identidades nacionales y cristiana sin deslizarse hacia una dictadura burocrática. Por lo demás, resultan poco creíbles las críticas al proteccionismo (oportunamente multiplicadas desde la elección de Trump en los Estados Unidos) mientras se continúa subvencionando sistemáticamente la agricultura europea.

Concluyo. El L-C no es una ideología, sino una actitud. Es decir, no tiene respuestas ni soluciones apriorísticas a todas las cuestiones ni a todos los problemas. Por el contrario, en buena medida es consustancial al pensamiento L-C la convicción de que no todo tiene remedio en esta vida, y que intentar hacer este mundo un poco mejor (o como mínimo no empeorarlo) requiere desprenderse de tentaciones utópicas que, como la historia nos enseña, sólo han servido para justificar los peores crímenes.

Pero las utopías no son a fin de cuentas más que “teologías sustitutorias”, como denomina Federico Jiménez Losantos al marxismo, en su recién publicado Memoria del comunismo. Y esto puede entenderse de dos maneras. Una, que el mal está en la teología en sí, en el propio cristianismo. Así lo entienden Nietzsche y autores libertarios como Antonio Escohotado. La otra, que el problema es el opuesto: no el cristianismo sino habernos apartado de él, tomando heréticamente sólo algunos de sus principios (la preocupación por los pobres, la misericordia), para volverlos contra otro de importancia capital, esto es, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, sin la mediación de Cristo. Este punto de vista es en mi opinión el más genuinamente liberal-conservador: que el hombre, a diferencia de lo que sostiene Yuval Harari en Homo Deus, no debe ni podrá nunca suplantar a Dios.

[1] F. J. Contreras (ed. y coautor), El sentido de la libertad, Stella Maris, Barcelona, 2014, p. 311.

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Reductio ad medievalum

En el debate político se incurre a menudo en la reductio ad Hitlerum, una cierta forma de razonar por la cual tendemos a identificar o asociar con el nazismo la posición que deseamos rebatir.

La comparación de determinadas ideas con las que sostenían los nazis es en ocasiones una advertencia pertinente. Pero es cierto que abusar de este procedimiento sólo acaba sirviendo para banalizar los crímenes cometidos por el régimen de Hitler y para empobrecer el debate, conduciéndolo a un bucle estéril de mutuas acusaciones infamantes.

La reductio ad Hitlerum no sería en el fondo más que una variante de la que podemos llamar reductio ad dextrum (reducción a la derecha), que suele combinarse casi siempre con la reductio ad medievalum, reducción a lo medieval. (Que los latinistas me corrijan si procede.) Como el lector habrá adivinado, estas formas de argumentación consisten en asociar las posiciones que se desea rebatir con formas de pensar periclitadas, anticuadas, medievales o de derechas.

Los ejemplos son interminables, pero creo que bastará uno reciente, que tiene que ver con la eliminación de las azafatas de la Fórmula 1, por razones feministas. Muchos no han tardado en reaccionar tachando tal medida de puritana, de ser un retroceso a tiempos pasados, en los que no se toleraba siquiera que las mujeres mostraran sus tobillos.

El diccionario de la Academia ofrece dos acepciones del vocablo “puritano”. La segunda se refiere a un grupo religioso inglés del siglo XVI que aquí no viene mucho al caso. La primera dice así: “Que real o afectadamente profesa con rigor las virtudes públicas o privadas y hace alarde de ello.” En este sentido, el gesto de la Fórmula 1 de prescindir de guapas azafatas podría efectivamente calificarse de puritano, puesto que es un modo de alardear de lo que en nuestro tiempo se considera una virtud: rendir pleitesía a lo políticamente correcto. Ya saben, la igualdad de género, luchemos contra el cambio climático y todo el repertorio de eslóganes que dan puntos de progresismo y buena conciencia sin esfuerzo, como los lacitos contra el VIH o el cáncer de mama.

Sin embargo, es obvio que la inmensa mayoría emplea el término puritanismo no en el sentido preciso del diccionario, sino como un sinónimo de mojigatería y de represión sexual. Y el feminismo, al menos desde Simone de Beauvoir, no encaja con estas actitudes. Al revés: defiende toda forma de sexualidad, especialmente no reproductiva, como la homosexualidad y el autoerotismo, y propugna el aborto libre como garantía para practicar las relaciones heterosexuales sin asumir responsabilidad alguna.

Ahora bien, cuando decimos que el feminismo ha caído en el puritanismo, no sólo lo acusamos injustamente de algo que no es. Estamos al mismo tiempo reforzando el discurso progresista, transmitiendo el mensaje implícito de que no hay nada peor que no ser moderno. Tal como entienden los progresistas la modernidad, naturalmente: menos cristianismo, menos familia tradicional y más Estado.

Existen dos clases de represión sexual. Una es la coacción física contra la libertad de las personas, o represión externa. La otra es la creencia (o represión interna) de que la sexualidad debe limitarse al matrimonio. Hoy la mayoría, también quien escribe, opina que el primer tipo de represión no debe ejercerse sobre sujetos adultos que se relacionen libremente entre sí. En cambio, la segunda, que tanto nos gusta ridiculizar, ha contribuido durante milenios a disciplinar hasta cierto punto los desbordantes instintos sexuales. Y como señaló Donoso Cortés antes de Freud, es gracias a la represión interiorizada (no sólo en el aspecto sexual) que la civilización puede reducir las formas de control externas, es decir, la violencia del colectivo sobre el individuo.

Hoy ya no creemos necesitar esa autodisciplina, sino que la consideramos una sarta de absurdos prejuicios religiosos. Más aún, la tendencia es a criminalizarlos, a percibirlos como causa de odio a las minorías sexuales. Pero estamos viendo las consecuencias de esta liberación de los prejuicios: agrandada cada vez más la separación entre sexualidad y procreación, la gente ha dejado de engendrar hijos suficientes para reponer la población. Y siguen habiendo tantos problemas psicológicos y pasionales, si no más, como los que antaño supuestamente provocaban los tabúes sexuales.

El hombre contemporáneo está convencido de que sus antepasados eran unos patéticos ignorantes, unos infelices que no sabían que la tierra gira alrededor del sol ni conocían la existencia de los microbios, y que por tanto tenían que estar equivocados en todo lo demás. Aquejado de un auténtico “chovinismo cronológico” (C. S. Lewis), se halla persuadido de estar por encima de todos los sabios de la Antigüedad y la Edad Media, mientras empuña el mando a distancia de su televisor para sintonizar cualquier vulgaridad indescriptible.

Eduardo Mendoza y Cataluña

Hace dos meses Eduardo Mendoza publicó un opúsculo de 90 páginas titulado Qué está pasando en Cataluña. (Editorial Seix Barral.) Lástima que no lo leí antes de las fiestas navideñas; de lo contrario, se lo habría regalado a alguno que yo me sé. Recomiendo esta obrita sin reservas a todos los que se oponen a la secesión de Cataluña, pero no menos a los independentistas inteligentes. Que sé que los hay porque conozco a algunos y porque estoy convencido de que los ignorantes no predominan especialmente entre los que no piensan como yo, sino en todas partes, por pura ley natural.

Mendoza arranca su escrito disimulando, como si quisiera sorprender con la guardia baja a un hipotético lector independentista. Dice que no pretende posicionarse “en un bando o en otro”, que personalmente no le gusta “ninguno de los dos”. Pero afortunadamente, desde la siguiente página no hace otra cosa que contradecir esta tibia equidistancia destrozando sin piedad los tópicos más caros al nacionalismo catalán.

El escritor catalán arremete contra el mito de “la alargada sombra de Franco”, a la que se refería hace poco Puigdemont. Mendoza le quita importancia a la influencia póstuma del dictador. Afirma que “hay una industria del franquismo y del victimismo poco ética” y llega a decir algo que soliviantará no sólo a los nacionalistas catalanes, sino a los progresistas menos sofisticados, esto es, a casi todo dios: Que Franco, “desde luego, no era fascista”, precisando que “le repugnaban la mayoría de los presupuestos programáticos del fascismo”, más allá de que aceptara por puro cálculo el apoyo bélico de las potencias del Eje y, en el interior, de la Falange.

Por supuesto, nuestro autor tiene toda la razón, pero tampoco es que descubra nada del otro jueves. Cualquier persona mínimamente informada sabe que el general fue un hombre pragmático y de ideas tradicionales, cosas ambas que no tienen nada que ver, por no decir que son antitéticas, con los delirios revolucionarios y neopaganoides del fascismo y del nacionalsocialismo.

Mendoza carga las tintas en pretender que el dictador era un mediocre carente de ideas e incluso postula gratuitamente “su escaso coeficiente intelectual”, en contradicción con la astucia que le reconoce páginas antes. Ignoro si ha llegado a manos del novelista algún dosier psicológico inédito, pero sospecho más bien que con tales desdenes se limita a pagar prudentemente el peaje ideológico de rigor por cuestionar la imaginería nacionalprogresista (adoro esta expresión de Miquel Porta Perales) sobre el franquismo.

Franco, observa el autor, hizo fusilar a Companys “no por ser catalán, sino por ser el enemigo. No habría tenido más piedad con Azaña o con Negrín. Companys tuvo mala suerte, pero la mala suerte no es un mérito.” Mendoza pasa revista a la represión de la cultura catalana bajo el franquismo, situándola en sus justos términos, es decir, sin omitir injusticias y abusos, pero negando que el catalán estuviera prohibido, como se ha llegado a decir.

Además de abordar “el mito de Franco”, Mendoza se atreve con otro tópico muy querido del catalanismo, como es la percepción de Cataluña como una sociedad más moderna, europea y cosmopolita que el resto de España. En contra de esta visión autocomplaciente (y comprada por muchos desde fuera), el escritor escupe la verdad sin contemplaciones: “Por razones históricas, Cataluña ha sido durante siglos una sociedad cerrada.” Y lo sigue siendo en gran medida, como demuestran las estadísticas de apellidos de la élite política y económica. El autor retrata con trazos gruesos pero certeros una burguesía con tendencias endogámicas, que utilizó la lengua catalana sólo para reforzar la barrera social entre “dos comunidades distintas que apenas tenían contacto entre sí”, las cuales, pese a la mayor permeabilidad actual, “siguieron existiendo hasta el día de hoy”.

En páginas igualmente jugosas sobre la revolución industrial y el carácter catalán, Mendoza continúa vapuleando sin misericordia cierta retórica inane de cámara de comercio o inauguración de rotonda: “Lo del seny i la rauxa no quiere decir nada. Es una muletilla que se usa sin ton ni son y deja a todo el mundo contento.”

Pero quizás el momento culminante de esta despiadada revisión de lugares comunes sea su crítica de la beatería democrática. La democracia no es un “sortilegio” que resuelve todos los problemas, solamente “ofrece algunos recursos para mitigar la arbitrariedad y el abuso de poder, pero nada más.”

La medidas policiales contra el referéndum del 1 de octubre no fueron más contundentes ni brutales que en otros países nada sospechosos de autoritarismo, y en cualquier caso, pensar que la intención “pacífica” de los organizadores y los votantes pueda ser un eximente de la ilegalidad “demuestra hasta qué punto el concepto de democracia como algo mágico ha calado en el ánimo de una sociedad”.

Aunque el librito abunda en reflexiones y juicios incisivos, quizá su conclusión más devastadoramente penetrante sea una tan elemental que está al alcance de la persona más sencilla: “No hay razón práctica que justifique el deseo de independizarse de España. Comparativamente, y pese a todo, España no es un mal país. Podría ser mejor, pero dudo de que Cataluña, librada a sus fuerzas, se convirtiera en el paraíso que anuncian los partidarios de la nueva república.” Ante tan humilde verdad, ¿qué puede replicar con sinceridad un independentista? ¿Insistir en que creamos que España es una especie de infierno?

Mendoza señala como desencadenante del proceso separatista, entre otros, la crisis económica que se inició en 2008. Esta habría servido de pretexto para “un sistema socioeconómico que va desmantelando impunemente el estado del bienestar y cualquier amago de justicia distributiva”, lo cual a su vez conduce a una parte de los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, a ejercer un voto de castigo antisistema e irresponsable.

Aunque resulta verosímil que la crisis ha propulsado a partidos populistas como Podemos y también al secesionismo, aquí creo que el análisis de Eduardo Mendoza no se despega del pensamiento perezoso que tan bien desenmascara en el resto de su ensayo. Porque nadie, al menos en España, ha desmantelado el estado del bienestar. Los españoles seguimos disfrutando de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, así como de un sistema de enseñanza universal con la misma baja calidad de la que adolecía antes de la crisis. Otra cosa es cuánto tiempo podrá sostenerse el actual nivel de gasto público, en un escenario de envejecimiento demográfico cuya causa fundamental, la infranatalidad, es de naturaleza cultural antes que económica.

Las principales víctimas de la crisis han sido los desempleados, y en especial, entre estos, aquellos que tenían cargas familiares e hipotecas. Los jóvenes que viven mantenidos por sus padres, o aquellos que pueden emigrar sin gran desgarro porque aún no han formado un hogar, han sufrido comparativamente en menor medida los efectos de la recesión. El voto antisistema, como en general las posiciones rupturistas y revolucionarias, históricamente han obedecido más a motivaciones subjetivas que no a auténticos padecimientos objetivos, sin descartar entre ellas el mero aburrimiento de generaciones que no valoran las comodidades y libertades de que disfrutan, porque no han conocido otra cosa.

Por otra parte, cometeríamos un error si desdeñáramos el fenómeno de la radicalización de personas maduras. Y especialmente de sexo femenino. Estos días es habitual ver en las calles de cualquier población catalana a individuos con un lacito amarillo prendido en la solapa o una bufanda del mismo color, en señal de protesta por los políticos separatistas encarcelados provisionalmente. Casi siempre se trata de transeúntes entrados en años. Y en una estimación evidentemente sin mayor valor científico, diría que predominan las señoras de cabello teñido por obvias razones de edad.

Observa Mendoza que “los catalanes hacen mucho caso a las mujeres”. No creo aventurado en exceso añadir que ellas tienden a ser más celosas guardianas de los rasgos identitarios, acaso porque proyectan en la sociedad su instintiva actitud sobreprotectora del círculo familiar frente a los extraños.

Aquella Marta Ferrusola que, en una entrevista televisiva, deploraba con ingenua franqueza la llegada a la presidencia de la Generalitat del andaluz José Montilla, representó admirablemente a la típica matriarca reticente ante un candidato a yerno no catalán, erigiéndose en depositaria de un racismo tan difuso como profundamente arraigado en la sociedad catalana. Una sociedad que el breve ensayo de Eduardo Mendoza contribuye a que conozcamos (y se conozca) mejor, aunque el autor no se haga ilusiones sobre el poder de una autocrítica probablemente demasiado tardía.

No me toquéis a los reaccionarios

El movimiento #MeToo vendría a ser un remake de la mil veces recordada escena de Casablanca: “¡Qué escándalo: he descubierto que aquí se juega”. Ahora toca indignarse mucho por comportamientos que nadie de la farándula más aquilatadamente progresista, la del círculo exquisito del matrimonio Clinton, podía ignorar.

Es comprensible que este derroche de hipocresía llegue a abochornar incluso a una parte del feminismo, como ha puesto de relieve un manifiesto firmado por un centenar de mujeres, entre las que destaca la actriz Catherine Deneuve. Declaran estas señoras verdades tan elementales como que “la galantería no es una agresión machista”, y en estos tiempos señalar según qué tipo de obviedades ya tiene su mérito.

Pero si queremos mantener un mínimo rigor intelectual y moral, hay que decir que el texto publicado en Le Monde forma parte del propio mal que denuncia. Sostener que la histeria antimachista es un problema de “puritanismo”, que “sirve en realidad los intereses de los enemigos de la libertad sexual, de los extremistas religiosos, de los peores reaccionarios”, significa no entender o no querer entender nada.

La ideología de género, que promueve activamente el abortismo (defendido por Deneuve en otro manifiesto famoso de 1971), la homosexualidad y la deconstrucción de la familia, no tiene nada que ver con el puritanismo, ni con la moral cristiana, ni con los reaccionarios, sino exactamente con lo contrario.

Alude el manifiesto del 9 de enero, con razón, a un “clima de sociedad totalitaria”, pero él mismo remeda a ciertas “críticas” del comunismo que, ante sus desastres más difíciles de esconder, lo acusaban de haberse quedado en capitalismo de Estado: ¿quién va a tener la culpa de todo si no el capitalismo? Como la derecha o el patriarcado, chivos expiatorios al alcance de cualquier coeficiente intelectual.

Me producen auténtica pereza los que vienen a salvar un supuesto feminismo distinto, que no odiaría a los hombres ni pretendería masculinizar a la mujer. Eso está muy bien, pero lo siento, si acaba en ismo, ya no me fío. Confieso sentirme mucho más cerca de esos reaccionarios a los que se podrá acusar de muchas cosas, excepto de tener algo que ver con la caza de brujas contra el machismo.

–Pero entonces, ¿usted es contrario a la libertad sexual? ¡Blasfemia!

Que nadie se ponga nervioso, es muy sencillo de explicar. Me opongo firmemente a que el Estado se meta en las alcobas de personas adultas. Pero no deduzco de ahí que cualquier tipo de conducta tenga el mismo valor, ni menos aún que deba ser aireada ni normalizada, sin el menor respeto por el pudor, la decencia ni tan siquiera la inocencia infantil.

Porque si alguien alberga alguna duda de que las agresiones y abusos sexuales están fomentados en buena parte por la banalización del sexo y de sus formas más degradadas, pierde el tiempo leyendo esto. Debería darse primero una vuelta por el mundo real, que es lo que uno se encuentra cuando aparta la mirada de la pantalla.

Los reaccionarios se equivocan probablemente en cosas como el recelo hacia las libertades formales (esas que también tiende a despreciar, por distintos motivos, el progresismo) o la nostalgia de edades doradas que jamás existieron. Pero su diagnóstico de la modernidad se me antoja una isla de lucidez en un mundo desquiciado y frívolo.

Juan Donoso Cortés sintetizó los errores contemporáneos en las “dos negaciones supremas” de la Providencia y del pecado original. Para Nicolás Gómez Dávila, “la causa de la enfermedad moderna es la convicción de que el hombre se puede curar [salvar] a sí mismo.” Y Richard M. Weaver admitió que no veía otro modo de “resumir el principal delito del hombre moderno, como no sea declarándolo falto de piedad.”

Efectivamente, en el siglo XVIII las élites intelectuales y, desde hace medio siglo, las masas, llegaron a la conclusión de que el cristianismo se puede sustituir por la “educación para la ciudadanía”, que es algo que viene de mucho antes de que naciera el abuelo de Rodríguez Zapatero, y del que Hollywood ha sido uno de sus más formidables instrumentos, maleducando a generaciones enteras en la denigración de la moral tradicional y la castidad.

Como consecuencia de ese trágico error, hemos terminado en esto: a las puertas del suicidio demográfico por un desplome inaudito de la natalidad (véase el brillante artículo de Francisco J. Contreras en Disidentia), e impotentes para frenar la invasión musulmana de Europa, mientras todo lo que parece preocuparnos es que no quede algún rincón del planeta donde abortar no sea legal y gratis.

Pueden tachar este análisis de reaccionario y tradicionalista, pueden rechazarlo de plano. Pero por lo que más quieran, no me vengan con que la ideología de género es un nuevo puritanismo, con esta estúpida cantinela a la que sólo falta que se sume alegremente la derecha más inepta, incapaz de desarrollar el menor atisbo de idea al margen del progresismo dominante.

 

Catolicismo y autocrítica

Desde hace siglos, y más aceleradamente en las últimas décadas, la Iglesia no ha dejado de perder influencia en la sociedad y la cultura. La causa fundamental es la difundida percepción de que el cristianismo es incompatible con las ideas modernas. Esto es: con la razón, con la ciencia, con la igualdad entre sexos…

Desde el catolicismo se reacciona básicamente de dos formas distintas. Una, francamente minoritaria, que podríamos llamar desafiante, consiste en decir algo así como: pues peor para las ideas modernas. La otra, de carácter más conciliador, oscila entre la negación de esa incompatibilidad y la autocrítica, generalmente acompañada de una exigencia de reformas para adaptar la Iglesia a la sociedad actual.

Son muchos, tanto creyentes como no creyentes, los que piensan que la autocrítica es la actitud más acorde con el Evangelio. De hecho, suele formularse como un regreso a la pureza primitiva. Sin embargo, aunque la apelación a los orígenes ha sido algo recurrente en el cristianismo a lo largo de sus dos mil años de historia, y probablemente sea consustancial a él, no pocas veces la mencionada autocrítica recuerda a la de ciertos líderes políticos tras unas encuestas o resultados electorales adversos. Se trataría más de un deseo de mantener la presencia social casi a cualquier precio, incluso mediante “rebajas” doctrinales, que de un sincero propósito de comprender las causas del descenso de la religiosidad.

Sin duda, hay una cierta verdad en el conflicto entre cristianismo y modernidad. Ésta gusta de identificarse con el conocimiento científico, y de hecho uno de sus iconos fundacionales es Galileo, cuyo choque con la Iglesia se convirtió en el paradigma del conflicto entre ciencia y religión. Sin embargo, numerosos autores, incluyendo grandes científicos, han argumentado que no existe ninguna incompatibilidad intrínseca entre determinadas creencias religiosas (como la existencia de un Dios personal) y la actividad científica.

Nos han repetido hasta la sociedad que la historia del progreso humano en los últimos siglos es una lucha victoriosa de la ciencia por superar la oscuridad de la religiosa Edad Media. Pero si admitiéramos que este relato es en gran medida mitológico, un conjunto de medias verdades, falsedades palmarias y mero desconocimiento de la historia, ¿qué nos quedaría de la tan reputada modernidad?

A favor de ella juega la ambigüedad del término, que unas veces alude a un cuerpo de ideas más o menos definidas, y otras a un mero período cronológico. En este segundo sentido, es indiscutible que los impresionantes avances de los últimos dos siglos en tecnología, medicina y reducción de la pobreza son avances “modernos”. Lo que cabe discutir es si había algo en el cristianismo que impedía que se hubieran producido antes.

De hecho, que en gran medida esos avances se hayan desarrollado en nuestra civilización cristiana y no en las asiáticas, más antiguas, nos lleva a preguntarnos si la realidad no sería todo lo contrario. Refuerza esta intuición que allí donde se implantaron regímenes basados en cosmovisiones radicalmente anticristianas, como el comunismo y el nacionalsocialismo, las condiciones de vida de la población y el mero respeto por la vida humana se vieron brutalmente quebrantados.

En cualquier caso, no podemos negar que el relato del supuesto conflicto entre fe y razón se sigue difundiendo a todos los niveles, desde la academia y desde la industria del entretenimiento masivo, especialmente mediante debates (a menudo, polémicas artificiales) en torno a las cuestiones de moralidad e igualdad sexual. Aquí es donde el progresismo, esa ideología difusa que se identifica con la modernidad, se ha hecho fuerte, y donde los católicos suelen responder con cierto acomplejamiento.

Cuando en la misa se lee el pasaje de las Escrituras donde San Pablo afirma que “el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia” (Efesios, 4, 23), es frecuente que el sacerdote se apresure a quitar hierro a estas palabras situándolas en su contexto histórico. “Hay que tener en cuenta la época en que vivía el apóstol.” Sin embargo, con ello transmite, lo quiera o no, la idea típicamente progresista de que la doctrina cristiana ha debido adaptarse, siquiera parcialmente, a los tiempos modernos, que es tanto como descartar su carácter de verdad atemporal.

Lo que debería decirse, con toda claridad, es que sostener una cierta preeminencia  del marido sobre la mujer, aunque ordinariamente imperceptible, no es en absoluto incompatible con la equivalente dignidad de ambos, sino que deriva del carácter del matrimonio cristiano como fundamento de la familia. El reparto de papeles conyugales asimétricos tiene su justificación antropológica si concebimos la maternidad como una misión privilegiada e intransferible, que requiere ser equilibrada por la figura paterna, como razonó C. S. Lewis, aportando agudas observaciones, en su libro Mero cristianismo.

También afirma San Pablo, a continuación del pasaje citado, que los hijos deben respetar a los padres, sin que por ello se le ocurra a nadie que niegue la igualdad moral entre unos y otros. Al contrario, el santo hace especial hincapié en que los maridos amen a sus mujeres como a sí mismos y que los progenitores eduquen a sus vástagos con delicadeza.

Naturalmente, todo sería más fácil si el moderno igualitarismo no hubiese adulterado completamente el concepto de igualdad, confundiendo la igualdad de derecho con una igualdad fáctica completamente irreal. Pero el origen de tal confusión no es accidental.

Cuando se deja de creer que el ser humano es una criatura divina, cuando el derecho natural queda relegado a la categoría de superstición precientífica, la única manera que encuentra el progresismo de justificar que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos es mediante la imposición iuspositivista que obliga a fingir hipócritamente que no existen diferencias psicológicas entre ambos sexos, que promueve reducir al máximo las fisiológicas (mediante la contracepción y la legalización del aborto) y culpa paranoicamente a un recalcitrante machismo cultural de las disparidades de conducta e inclinaciones.

En este sentido, no tenemos reparo en afirmar que el cristianismo es rotundamente incompatible con las “ideas modernas”, como por ejemplo la ideología de género. Sólo desde unos fundamentos trascendentes puede defenderse la igualdad moral de hombres y mujeres sin necesidad de caer en absurdos histéricos como negar las diferencias psicobiológicas entre ambos sexos ni relativizar la maternidad y la familia.

Los católicos estamos obligados a tener ciertas ideas claras, sin dejarnos influir por modas ni intimidar por la corrección política. Al menos, si queremos que nuestras creencias resistan las acometidas arrogantes de ideologías que, pese a su inanidad intelectual, se han crecido precisamente gracias a nuestra cobardía y, en definitiva, nuestra débil fe. Esta es la verdadera autocrítica que podemos y debemos hacernos.

Pretextos progresistas para el expolio fiscal

Cuando el Estado nos mete la mano en el bolsillo, siempre es por nuestro bien. O eso nos dicen. Que nos lo creamos más o menos, acaba marcando la diferencia crucial entre una sociedad de súbditos y otra donde funcionan las limitaciones al poder político. A continuación comentaremos algunas justificaciones “progresistas”, esgrimidas por los gobiernos y los medios de comunicación, para mantener impuestos elevados o introducir otros nuevos.

Una justificación clásica es la matraca de “la redistribución de la riqueza”. Lo estamos viendo estos días con las reacciones periodísticas ante la reforma fiscal de Donald Trump (TCJA, Tax Cuts and Jobs Act) que pretende reducir los impuestos en 1,5 billones de dólares en dos años, el mayor recorte en tres décadas. Por lo general, los medios de comunicación la han calificado como un regalo de Navidad para “los más ricos”.

Ciertamente, la reducción del impuesto de sociedades del 35 al 20 % es una excelente noticia para las grandes empresas; pero no menos para las medianas y las pequeñas. Además, la TCJA baja también el impuesto sobre la renta y eleva considerablemente el nivel de ingresos exentos de tributación.

Incluso aunque fuese verdad que los únicos beneficiarios directos fueran los individuos adinerados, ello seguiría siendo una buena noticia para todos. Porque la mejor forma de redistribuir la riqueza es que haya gente que disponga de más dinero para gastarlo en crear empleo productivo, en donaciones y en su propio consumo, del cual se benefician infinidad de medianos y pequeños negocios.

Sin embargo, los medios de comunicación, en su mayoría copados por progresistas, se esfuerzan en convencernos de que el dinero lo gestionan mejor políticos y burócratas que los propios ciudadanos. Y para ello tratan de cortar de raíz cualquier amago de ilusión de la gente por ver aligerada la presión fiscal que padecen, como si eso fuera algo temible o inmoral.

Otro gran pretexto en alza para acribillarnos a impuestos es el ecologismo, especialmente mediante su tema estrella, el cambio climático. Recientemente el gobierno español ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra La Ley de Cambio Climático del anterior gobierno catalán. Una de las medidas impugnadas era un impuesto sobre las emisiones de CO2 de los coches.

Ya se pueden imaginar las reacciones. La Vanguardia del 22 de diciembre titulaba: “Un recurso al TC impide a la Generalitat combatir el cambio climático.” En el cuerpo de la noticia sólo mostraba opiniones del gobierno autonómico y de vividores del catastrofismo ecologista: la directora de no sé qué Instituto de Desarrollo Sostenible y el presidente del Obrador del Tercer Sector Ambiental de Cataluña.

“Salvar el planeta” se ha convertido en la coartada perfecta de las administraciones para endulzarnos la existencia con toda clase de nuevas tasas y normativas. Con tal objeto resulta imprescindible que cuestionar la teoría antropogénica del cambio climático no sea visto como un sano ejercicio de libertad de pensamiento, sino como poco menos que un crimen de lesa humanidad.

Por último, no podemos dejar de hacer un rápido comentario acerca de la ideología de género, sobre la cual hay montada una verdadera “industria mundial del género” (Alicia Rubio, Cuando os prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres) que se financia principalmente con dinero de los contribuyentes.

El gobierno central y los autonómicos han firmado un “Pacto contra la Violencia de Género” que nos costará 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, con un adelanto exprés de 200 millones. Buena parte de este dinero irá a parar a una intrincada maraña de asociaciones feministas dedicadas a señalar con celo chekista supuestas discriminaciones, cuya efectividad en reducir las agresiones a mujeres es comparable a la que tenían las cazas de brujas en erradicar las epidemias.

La media de asesinatos de mujeres por violencia de pareja durante los años de gobierno de ese presunto monstruo de los recortes llamado Rajoy (52) ha sido inferior que en la etapa de Zapatero (64, contando desde la aplicación de la Ley de Violencia de Género), en la que se alcanzaron cifras de hasta 76 víctimas mortales. (Año 2008.) Todo indica que el efecto del gasto público en tan negras estadísticas (http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/) es indetectable. Lo cual es lógico en crímenes que no tienen entre sí ninguna relación ideológica ni mucho menos organizativa.

No obstante, los intereses de políticos y activistas favorecen que cada nueva tragedia sea explotada emocionalmente como si se tratara de un atentado terrorista, de tal modo que el mero hecho de atreverse a cuestionar la doctrina de la opresión estructural de la mujer le haga a uno sospechoso de complicidad intelectual con el crimen.

Así es como la justicia social, la protección del medio ambiente o la “igualdad de género” se convierten en falaces pretextos para el expolio fiscal y la creciente invasión estatal de nuestras vidas.

Artículo publicado en El Club de los Viernes.

Tabarnia revisitada

Mapa de TabarniaLo de Tabarnia va tan deprisa que dificulta una reflexión mínimamente reposada. En la entrada anterior del blog, desde la simpatía, expresé mis dudas de que la nueva comunidad autónoma fuera factible o siquiera deseable, “salvo como mal menor ante una improbable secesión de Cataluña o una eternización del procés.” Sé que rectificar a los tres días no ayudará a mi credibilidad, pero la lectura del lúcido artículo de Aurora Nacarino-Brabo, “Tabarnia, una broma muy seria”, me ha hecho reconsiderar el tema.

Ya no creo que Tabarnia sea algo así como un bote salvavidas para quienes queremos permanecer dentro de España. En realidad, Tabarnia vendría a ser lo más parecido a la puta solución del viejo problema catalán, con perdón. O si se quiere exprimir la metáfora naval, un torpedo en la línea de flotación del secesionismo nacionalista. (A distinguir del secesionismo autonomista tabarnés.)

Divídase Cataluña, en base al “derecho a decidir” tan reverenciado por los nacionalistas, en dos comunidades autónomas muy desiguales en demografía y riqueza, de tal manera que en la rica y poblada los nacionalistas no alcancen la mayoría absoluta parlamentaria, mientras que la otra sea tan esmirriada, demográfica y económicamente, que aunque allí gobiernen cómodamente, se les quiten las ganas de proclamar la república independiente de mi casa. Y así por décadas, probablemente siglos. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

En cuanto a la viabilidad del proyecto, si es que queremos pasar del nivel de broma gamberra, es inexcusable responder cuanto antes a una pregunta muy simple: ¿Cuál debe ser el territorio de la autonomía de Tabarnia? ¿Debe incluir, además por supuesto de la metrópoli barcelonesa, la parte más urbanizada de la provincia de Tarragona, como implica el exitoso nuevo topónimo? ¿O bien, como aseguran algunos, la Constitución no admite tal cosa, y hay que centrarse pragmáticamente sólo en la provincia de Barcelona?

La carta magna establece en sus artículos 143 y 144 que pueden constituirse en autonomías (aparte de las islas, y de las ciudades Ceuta y Melilla) los territorios que cumplan las siguientes condiciones:

  • “Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes”.
  • “Provincias con entidad regional histórica”.
  • [Con autorización de las Cortes, aquel ámbito territorial que] “no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.” [Es decir, aunque carezca de “entidad regional histórica”.]

Del texto constitucional se desprende claramente que, en principio, no puede establecerse una comunidad autónoma fuera de la división provincial establecida. Para que Tabarnia se constituya como autonomía sería imprescindible, por tanto, crear previamente una nueva provincia que uniera parte de las actuales Barcelona y Tarragona, mediante una ley orgánica, tal como prevé el artículo 141 de la Constitución.

Otra posibilidad, antes apuntada, y defendida por algunos, es que nos olvidemos de la simpática Tabarnia y nos centremos en conseguir la comunidad autónoma de Barcelona, lo que no requiere alterar los límites provinciales.

Sin embargo, esta opción presenta un arduo problema, y es que según el artículo 143.2 de la Constitución, para la constitución de una nueva comunidad autónoma se requiere la iniciativa de las Diputaciones y de dos tercios de los municipios de cada provincia. Lo cual sería prácticamente impensable en nuestro caso porque, aunque la mayoría de la población de la provincia barcelonesa no sea nacionalista, sí lo es con toda probabilidad la mayoría de los trescientos y pico municipios que la integran, la cual suele además determinar el control de la Diputación.

Así que, de todos modos, si se quisieran constituir como comunidad autónoma sólo las comarcas más urbanizadas de la provincia de Barcelona, no habría más remedio que alterar los límites provinciales mediante ley orgánica, con el fin de sacudirse los municipios nacionalistas (por decirlo sin tapujos), obviamente contrarios a una nueva comunidad autónoma que los dejaría fuera de juego. Siendo esto así, el argumento pragmático-legal en favor de una Barcelona autónoma sin Tarragona se desvanece en gran medida, porque en cualquier caso se requiere la creación previa de una nueva provincia.

No hace falta decir que la comunidad autónoma de Tabarnia, sumando el área urbana de Tarragona-Reus como mínimo, cumpliría aún mejor el objetivo de jugársela al nacionalismo que la versión restringida a sólo unos municipios de Barcelona, aunque concentren por sí solos la mayor parte de la población y la riqueza catalanas. A lo cual hay que añadir el efecto movilizador que ha demostrado el nuevo topónimo.

Pero la condición de dos tercios de municipios de la provincia a los que se refiere el artículo 143 nos lleva no sólo a justificar con más fundamento el territorio de Tabarnia; nos señala también cuál debe ser el procedimiento a seguir. Por resumirlo en tres palabras: Primero, la provincia. Dicho con toda claridad, sería un completo error iniciar el procedimiento constitucional sin antes reivindicar que las Cortes aprobaran la modificación provincial. Porque si la iniciativa autonómica fracasa (lo que con la actual división provincial es inevitable, dado el predominio de municipios independentistas) no podrá repetirse hasta pasados cinco años (art. 143.3), salvo que se obtenga una mayoría de 3/4 de municipios a favor (art. 151), lo cual es aún más difícil, evidentemente.

La buena noticia, pues, es que Tabarnia es viable constitucionalmente. La mala, que sigue siendo un procedimiento políticamente muy difícil. Pero con la movilización democrática todo es posible, incluso que la partidocracia se mueva. Después de todo, ¿quién iba a decirnos que la solución podría hallarse no en el famoso 155, sino en el anodino 141, que se ocupa de las provincias?

Un último apunte. La reivindicación de la quinta provincia catalana (que irónicamente coincidiría con un viejo anhelo de las comarcas del Ebro, al separarlas del resto de la provincia tarraconense) implica lógicamente también revisar la distribución de escaños por circunscripción, al añadirse una más. Hasta ahora, los nacionalistas se han sentido muy cómodos con un sistema electoral que les favorece, porque les aporta más escaños de los que les corresponden proporcionalmente. Pero si aman tanto a Cataluña como dicen, deberían ceder en esto, y así a lo mejor no nos veríamos obligados a crear la autonomía de Tabarnia. (Tot sigui per la unitat de la pàtria.) Acaso bastaría de momento con crear, a modo disuasorio, la provincia de Tabarnia.

[Nota del 1/01/2018: Para la creación de la autonomía de Tabarnia se requiere reformar el Estatut, al menos los artículos 9 y 10, que fijan el territorio y la capital de Cataluña. Se trata aparentemente de un obstáculo fatal para el proyecto tabarnés, mientras los nacionalistas tengan mayoría parlamentaria. Pero instaurar una república catalana implica superar el Estatut. Y no se puede apelar a dos de sus artículos y saltarse los doscientos y pico restantes. De nuevo, el nacionalismo tiene que elegir: secesión a costa de romper Cataluña o seguir dentro de España para mantener la unidad de Cataluña.]