Hay un facha en mi sopa

Los dos grandes temas del periodismo actual son el machismo (en sentido amplio, lo que incluye todas las formas de LGTBfobia) y la xenofobia. Cabe añadir el cambio climático, pero quizás este asunto no reciba una atención tan invariablemente diaria; digamos que se trata un poco menos de siete veces por semana.

Alguno pensará que los periodistas no hacen más que reflejar la realidad, y que si hablan constantemente de estos temas es porque realmente el machismo y la xenofobia son las principales amenazas que se ciernen sobre el mundo. Nos pondrán como ejemplos el número de mujeres víctimas de la violencia llamada “de género”, las disparidades profesionales entre ambos sexos, el auge de partidos que pretenden poner barreras a la inmigración, el ascenso al poder de Trump, el Brexit… ¿Acaso no tienen razón?

El problema es que la relación entre la información y la opinión no es tan evidente como se presupone. Los periodistas seleccionan los hechos y los interpretan. Recientemente, una cadena de televisión informaba de una brutal paliza sufrida por una joven, refiriéndose a sus “agresores” con el masculino genérico que tanto evitan en otras ocasiones, cuando las culpables de esa agresión eran todas mujeres.

Asimismo, los medios son enormemente reticentes a informar objetivamente de problemas asociados con la inmigración. Ya nos hemos acostumbrado a que cuando se producen determinados delitos, como violaciones o atentados, los periodistas retarden la divulgación de los nombres de los sospechosos o detenidos, salvo si no denotan claramente un origen extranjero.

Si alguien señala estos sesgos informativos, o incluso se atreve hablar sin tapujos de los hechos que los medios ocultan o distorsionan, automáticamente será tachado de machista, homófobo, xenófobo o racista. Lo cual no hace más que reforzar el mensaje en bucle de que existe una grave amenaza machista o xenófoba.

Este mensaje además se enmarca en una perspectiva histórica que le presta una aparente solvencia intelectual, conectando las supuestas amenazas del presente con los fascismos del siglo XX. Es cierto que del ascenso de Hitler al poder debemos extraer lecciones muy serias contra los peligros de la demagogia y las bajas pasiones de las masas. Pero el uso indiscriminado de aquellos acontecimientos históricos como arma dialéctica contribuye más a banalizarlos que a ninguna enseñanza.

El columnista del Diari de Tarragona Dánel Arzamendi, en su artículo titulado “Santiago Abascal, heredero de Isildur”, ofrece un ejemplo de esa banalización. Arzamendi pretende explicarnos con la misma plantilla fenómenos y personajes tan heterogéneos y hasta antitéticos como el fascismo, el Brexit, Trump, el separatismo catalán, Podemos, Ciudadanos y Vox. En esencia, todos ellos tienen que ver con la irrupción de “cualquier charlatán (ya sea un fanático convencido o un vendemotos fugaz)” capaz de manipular emocionalmente a las masas.

Para ilustrar su teoría, por llamarla de algún modo, Arzamendi se ceba con un vídeo de Vox (ver al pie), en el marco de la campaña electoral andaluza, en el cual aparece Santiago Abascal cabalgando junto a una cuadrilla. Tras chotearse un poco, se nos pone repentinamente serio (“ojo, poca broma”) para advertirnos del ascenso de la “extrema derecha”. Uno queda con la duda de si el columnista ha visto realmente el mismo vídeo que nosotros o El triunfo de la voluntad, de Leni Riefensthal.

En cualquier caso, hay que reconocer que como culto al líder carismático, el vídeo de Vox deja mucho que desear. De los veintitrés segundos que dura, sólo en los tres primeros aparece Abascal en solitario. Pero da igual. Con el régimen comunicativo al que estamos sometidos, lo raro sería que no viéramos Hitleritos por todas partes.

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Espada vuelve a la escena del crimen

Arcadi Espada ha dicho de Vox que es un partido inconstitucional, como Podemos, porque aspira a establecer un régimen ajeno a la Constitución del 78. Ha puesto como ejemplos las propuestas de desmantelar el Estado autonómico, de ilegalizar los partidos separatistas, de deportar a los inmigrantes legales que reincidan en delitos leves y de excluir la enseñanza del islam de la escuela pública. Y no termina aquí, sino que añade lo siguiente:

“Incluso comparte [Vox] con la izquierda las políticas de identidad, por más que sean otros los sujetos. Para Vox populi [sic], por ejemplo, los inmigrantes hispanoamericanos, que privilegiará en esa política de cuotas, ¡por origen!, que se propone establecer. O las víctimas del Síndrome de Down, que no considera víctimas de una enfermedad sino personas con una particular manera de ser y sobre las que proyecta una de las mentiras más innobles que habré leído en un programa político: ‘Y amparándoles [a esos enfermos] ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles’.”

Permítanme ocuparme del primer bloque de ejemplos, antes de comentar el texto citado. Ya he hablado recientemente sobre la propuesta estrella de Vox, que es sustituir el Estado autonómico por un Estado unitario. Técnicamente se trataría de suprimir varios artículos del Título VIII, unas cuantas disposiciones adicionales y transitorias y eliminar algunas líneas de siete u ocho artículos más, como el 2º y el 4º. La mayor parte de la Constitución, que incluiría los derechos, libertades y la protección de la diversidad lingüística y cultural, permanecería incólume, incluso contando con la eliminación del Tribunal Constitucional, que también defiende Vox, y cuyas funciones asumiría el Supremo.

La dificultad, que a los dirigentes de Vox se les oculta menos que a nadie, es reunir una mayoría social y parlamentaria suficientes para llevar a cabo estas reformas. Pero eso es la política, en su sentido más profundo: tratar de convencer al mayor número posible de aquello en lo que uno cree, y no ponerse simplemente al frente de una multitud ya convencida de algo.

La mayoría de nuestros políticos y periodistas pretenden hacernos creer que el Estado autonómico ha sido un éxito, pese a que no ha logrado su principal objetivo, que era contentar a los nacionalistas catalanes y vascos, e incluso ha facilitado la emergencia de protonacionalismos en otras regiones. La verdad es que las autonomías no son más que una herencia envenenada de la Segunda República, bajo la cual se creó la Generalidad de Cataluña y se redactaron los primeros Estatutos. Afirmar que Vox quiere acabar con el régimen del 78 porque es el único partido en señalar el estrepitoso fracaso del Estado autonómico, un invento de origen anterior a la Guerra Civil, es algo más que ceguera; es contumacia en el error.

Sigo con los restantes ejemplos. Vox propone (medida 2 del documento “100 medidas para la España Viva”) ilegalizar los partidos y organizaciones “que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”. Pero Arcadi Espada lo expresa de una manera que sólo cabe calificar de tramposa: dice que Vox pretende “la ilegalización de partidos en función de los objetivos políticos que tengan”. Claro, destruir la unidad de España es un objetivo político, quién lo niega. El mismo que tienen la ETA y su brazo político. Dicho así, perseguir a la ETA no sería más que perseguir a alguien por sus objetivos políticos. ¡Bravo, Espada, ha conseguido usted poner su prosa a la altura de los Otegui, Puigdemont y Torra!

También es cierto que Vox propone (medida 15) deportar a inmigrantes legales que cometan delitos graves o sean reincidentes de delitos leves. Pero Espada, maestro de la palabra, además de omitir los delitos graves escribe “leves delitos”, anteponiendo el adjetivo al sustantivo, lo que despoja a la expresión de su sentido jurídico: de este modo, sugiere que expulsar del país a quien ha robado doscientas carteras es algo moralmente emparentado con la Noche de los Cristales Rotos.

Vox propone además excluir la enseñanza del islam de la escuela pública. Espada cita esta vez literalmente la medida 25, como si la idea se comentara por sí sola. Late aquí el relativismo de quien cree que todas las religiones valen lo mismo, y por tanto no encuentra argumentos para excluir la enseñanza pública del islam… ni supongo que de la cienciología o los sincretismos afrocaribeños. ¿Y por qué no deberíamos admitir en nuestras escuelas públicas, ya puestos, el nacionalsocialismo como asignatura optativa? Es lo que tiene dejarse subyugar por la lógica destructiva del relativismo.

Se escandaliza también Espada, ya adentrándonos en el fragmento que he transcrito de su artículo, de que se establezcan (cito la medida 22 de Vox) “cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España”. Pues debería escandalizarse también con el artículo 11.3 de la Constitución, que reconoce “tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.” La carta magna discriminando “¡por origen!”. ¡Qué horror!

Como hemos visto, Espada identifica esta medida, así como la defensa de las personas con síndrome de Down, con las políticas de identidad de la izquierda que promueven la discriminación positiva para determinados colectivos. Y aquí es cuando se mete en un jardín.

La medida 79 de Vox que Espada cita parcialmente dice así: “Desarrollo de un plan [de] integración de las personas con síndrome de Down. Tratadas como una condición personal, no una discapacidad, y amparándol[a]s ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles.”

Me siento en la obligación de admitir que Espada tiene razón en que el síndrome de Down es una discapacidad o enfermedad. Ahora bien, no hay ninguna incompatiblidad entre ser un enfermo o discapacitado y la condición de persona. Vox no necesita recurrir a un lenguaje análogo al del activismo LGTB (que por ejemplo se niega a considerar la transexualidad como un trastorno) para defender a los Down.

En lo que sí se equivoca Espada, y gravemente, es en tachar como “una de las mentiras más innobles” el que haya quienes pretenden exterminar a los Down. No sólo se equivoca, sino que demuestra tener un grave problema de memoria, cuando era él mismo quien sostenía, en un artículo de hace cinco años, que negarse a abortar “hijos tontos, enfermos y peores” debiera ser tratado como “un crimen contra la humanidad.” ¿No es esto defender el exterminio de los Down mediante el aborto eugenésico?

Arcadi Espada no ha podido evitar volver a la escena del crimen, a sus opiniones execrables sobre los Down. Es una verdadera lástima, porque a veces escribe con una rara lucidez. Cabe extraer de aquí una lección de humildad: alejado de la fe cristiana, el hombre moderno, incluso el más inteligente, termina invariablemente cayendo en los errores más monstruosos.

Siete razones para apoyar a Vox

Vox ha actualizado su programa en un documento titulado “100 medidas para la España Viva”. Ya me gustaría comentarlas una por una, si tuviera tiempo. Como no es así, he elegido las siete que me parecen más importantes y representativas del ideario del partido dirigido por Santiago Abascal. Son las 6, 9, 17, 46, 61, 70 y 93, aunque como se verá, la lista podría alargarse. Dicho de otro modo, ahí van mis siete principales razones para votar a Vox:

Primera razón:

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

En la coyuntura actual, esta medida es la propuesta estrella de Vox y por tanto la que ha generado más críticas, tanto desde la izquierda como desde la derecha. En buena parte estas críticas proceden del formidable entramado de intereses creados que implica la existencia de diecisiete administraciones. Luchar contra eso va a ser dificilísimo, pero no creo que sea imposible.

Es verdad que se requiere convencer a una mayoría de españoles muy amplia para impulsar una reforma centralizadora de la Constitución, pero esta mayoría se conseguirá el día que calen lo suficiente dos poderosos argumentos: Primero, que el Estado del Bienestar (servicios públicos, pensiones) es insostenible a largo plazo sin un Estado mucho más ligero y eficiente; es decir, unitario. Segundo, que el problema de los separatismos y los localismos mezquinos lo han creado y exacerbado unos parlamentos autonómicos que suponen de facto una fragmentación de la soberanía nacional. La suma de ambos argumentos me parece invencible. Hasta ahora sólo ha faltado que haya un partido que se atreva a sostenerlos con insistencia y determinación.

Sabiendo que desmantelar el Estado de las autonomías no es un objetivo a corto plazo, Vox propone una serie de medidas intermedias, previas a la consecución de su objetivo último, como son la recuperación de las competencias troncales del Estado y otras que especifica en distintas medidas. Así, las 1 y 2, que exigen suspender la autonomía de Cataluña por tiempo indefinido e ilegalizar los partidos separatistas. También las 4, 5, 10, 35, 55 y 62, que básicamente protegen la lengua española común o castellano, eliminan las policías y las televisiones autonómicas, unifican el sistema sanitario y suprimen los conciertos económicos del País Vasco y Navarra.

Segunda razón:

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España.

Esta medida es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de romper con el espíritu de la Transición, iniciado por Rodríguez Zapatero, respetado cobardemente por Rajoy y relanzado por Pedro Sánchez, con el apoyo de la izquierda y los nacionalismos separatistas, para conectar la legitimidad de la actual democracia con la Segunda República. Lo cual no es más que convertir una flagrante mentira histórica en verdad oficial. Es también recuperar el propio proyecto republicano de instaurar un régimen en el que la derecha no tuviera cabida. En la persecución de este fin, los republicanos de izquierda “moderada” se arrojaron en los brazos de un PSOE bolchevizado y de los comunistas, que no deseaban otra cosa que implantar la dictadura del proletariado. El resultado por todos conocido fue la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura del general Franco. Ahora bien, se trató de una dictadura que eludió la tentación totalitaria según los modelos comunista y nacionalsocialista.

Tras la represión de posguerra, el régimen toleró un marco de relativas libertades individuales (los españoles, por ejemplo, podían entrar y salir del país, a diferencia de los rusos, los europeos del Este o los cubanos) que facilitó un crecimiento de la prosperidad económica sin precedentes. A la muerte de Franco, la dictadura se autodisolvió, permitiendo la Transición a la democracia. Resumidamente, esto fue lo que ocurrió, y lo que la Ley de Memoria Histórica, desarrollada hasta sus últimas consecuencias, desearía prohibir que se dijera.

Tercera razón:

17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.

Son varias las medidas que se ocupan del tema de la inmigración. Así, las 14 y 15 propugnan deportar a los inmigrantes ilegales y también a los legales que cometan delitos graves o sean reincidentes; las 19 y 20 endurecen las condiciones para obtener la nacionalidad española, la 22 defiende cuotas de origen privilegiando a los hispanoamericanos, la 26 propone la construcción de un muro “infranqueable” en Ceuta y Melilla y la 59 elimina el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales. Muy relacionadas con las anteriores son también las medidas (23 a 25) destinadas a frenar el islamismo.

De todos modos, he seleccionado la número 17 porque, si no estoy equivocado, podría ser la más efectiva de todas ellas, incluido el muro de Ceuta y Melilla. Ataca directamente al principal incentivo de la inmigración ilegal, que a su vez es lo más perjudicial económicamente para la sociedad española: beneficiarse de sus servicios sociales sin haber cotizado un euro.

Dicho esto, para mí el principal problema de la inmigración no es el económico, ni siquiera el de orden público, sino el cultural: es decir, la inmigración masiva de musulmanes, que no sólo no desean integrarse en nuestra cultura, sino que albergan pretensiones supremacistas que se exteriorizan en las zonas donde consiguen suficiente peso demográfico. Para combatir esta amenaza son indispensables las medidas ya mencionadas 23 a 25, entre otras. Pero desde luego, ninguna tendría sentido si antes no actuamos contundentemente contra la inmigración ilegal.

Cuarta razón:

46. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.

No pocas propuestas de Vox se ocupan de reducir drásticamente los impuestos y las cotizaciones sociales (impuestos con otro nombre, al fin y al cabo), de manera general o para colectivos o productos específicos, como son las 37, 39 a 42, 44, 45, y 48 a 52. Asimismo, el complemento inseparable del recorte fiscal es el recorte de lo que la medida 35 llama acertadamente “gasto político”, que no “público”, como hacen los socialdemócratas de todos los partidos para que la población se resigne a ser esquilmada tributariamente[1]. En esta línea son también importantes otras medidas liberalizadoras como por ejemplo la contenida en la mencionada 37, que además de eliminar tasas e impuestos a la creación de empresas, propugna derogar cinco normativas por cada una nueva que se implante.

Una de las razones por las cuales Vox me parece casi un milagro es que en su programa económico eluda decididamente cualquier tentación populista, en el sentido de prometer más asistencialismo estatal, como hacen la izquierda y también otros partidos europeos en la órbita de la derecha alternativa. Esto en España, el país de las paguitas, tiene mucho mérito. Lo fácil sería prometer rentas mínimas y más servicios “gratuitos”, y decir que los financien “los ricos”. Por supuesto, luego nunca hay ricos suficientes para pagar esas orgías de gasto público, cuyo coste acaba recayendo invariablemente sobre la sufrida clase media.

Vox tiene incluso el atrevimiento de proponer, aunque de manera genérica, un modelo de pensiones mixto, basado como el actual en las cotizaciones (la “solidaridad”: es decir, los que trabajamos pagamos las pensiones de los jubilados e incapacitados) pero también en “la propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.” (Medida 53.) Esto implica una reforma fiscal que deje de penalizar a los ahorradores.

A pesar de la importancia de muchas de estas medidas, he elegido la 46 por su valor simbólico, pero sobre todo por sí misma. Pocos impuestos pueden ser más injustos que el de Sucesiones, que está obligando a muchas personas a renunciar a las herencias ganadas con el sudor de la frente de los padres, por no poder satisfacer en metálico la voracidad recaudatoria de las haciendas públicas. En un país donde existe una tasa de propietarios de vivienda de las más altas (otro de los legados del franquismo, por cierto), la clase política no podía haber puesto los ojos en un botín más apetitoso. Desde los tiempos de la desamortización eclesiástica, hace casi dos siglos, posiblemente no haya habido un robo a gran escala tan grande en España como el que se está perpetrando cotidianamente en nuestros días, aunque de modo más encubierto que en el siglo XIX, merced a esas siniestras figuras contributivas.

Quinta razón:

61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de los hijos, empezando por la elección del colegio.

Esta es otra de esas medidas de redactado muy genérico, pero cuyas implicaciones son enormes. En esencia, el cheque escolar significa que el Estado garantiza la educación pública universal aportando un subsidio finalista a las familias para que lo inviertan en el centro educativo de su elección. Si se aplicara con todas sus consecuencias, esto significaría que el Estado dejaría la educación básicamente en manos privadas (sin por ello renunciar a su universalidad), lo que facilitaría una mayor competitividad, con el consecuente aumento de la calidad educativa, que es el más poderoso ascensor social que existe.

Mientras los políticos sigan poniendo sus sucias manos sobre la educación (y el gobierno de Pedro Sánchez vuelve ahora a la carga), los más humildes continuarán recibiendo una enseñanza cada vez más degradada en forma de mero adoctrinamiento progresista y de reparto generalizado de titulaciones devaluadas.

Sexta razón:

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.

Vox propone una serie de medidas (70 a 81) de protección de la familia y fomento de la natalidad. De entre ellas son fundamentales la 75, en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la 80, que prohíbe los vientres de alquiler, considerados como una modalidad de compra-venta de seres humanos. En cambio, la 75 no prohíbe el aborto de manera explícita; de hecho, ni siquiera lo menciona. Se limita a proponer que las mujeres con “embarazo inesperado” accedan a “información veraz” (es decir, no ideológica) y tengan “alternativas”, entre las que se sugiere, un tanto crípticamente, facilitar dar el hijo en adopción mediante una reforma legislativa.

Vox se ha posicionado siempre como partido pro-vida, pero se ha decantado más por medidas positivas en apoyo de la maternidad que por la prohibición total del aborto, al menos en voz alta. En mi opinión, esas medidas positivas son imprescindibles, pero también lo es la prohibición, si no total, al menos despenalizando sólo supuestos muy restringidos, como se ha hecho en Polonia. Por eso, aunque me parezca correcta, la redacción de la medida 75 me deja insatisfecho. Debemos ser más contundentes, orillando los cálculos demoscópicos de cortas miras. Probablemente, hoy por hoy, hay más personas opuestas al aborto que al Estado autonómico, así que no entiendo por qué Vox se contiene en este tema vital (nunca mejor dicho) de la guerra cultural, hasta caer a veces en una aparente tibieza, que no hallo en sus bases.

En cambio, en su oposición a la ideología de género, Vox sí que no teme batirse en solitario. No sólo ello, sino que cuenta entre sus miembros con Alicia Rubio, autora de unos de los ensayos fundamentales en español sobre este tema: Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Esta batalla es crucial, porque como han explicado documentadamente Agustín Laje y Nicolás Márquez en otro libro imprescindible, El libro negro de la nueva izquierda, hoy la ideología de género-LGTB es la forma que ha adoptado del neomarxismo para continuar con su obra de subversión y destrucción de la civilización occidental. Todo partido que realmente se postule como una alternativa a la hegemonía progresista y quiera hacer frente al despotismo de la corrección política tiene que ser beligerante en esta cuestión.

Séptima razón:

93. Reforma del Poder Judicial para una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo general del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia. Supresión del Tribunal Constitucional, sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo.

Esta medida, aunque posiblemente sea menos llamativa para el ciudadano común, es de una importancia difícil de exagerar. El actual reparto de magistrados del TS y del CGPJ por acuerdos entre los partidos, principalmente el PP y el PSOE, llega a niveles tan impúdicos que algunos fallos judiciales se explican meramente por razones de obediencia partidista e ideológica. Pero lo peor es el papel que ha tenido el Tribunal Constitucional en nuestra historia democrática, instrumento de algunas de las peores fechorías perpetradas por el poder ejecutivo, la última de las cuales fue la legalización del brazo político de ETA, como parte del pacto gubernamental con la organización terrorista.

Relacionadas con esto, destacaría también la medida 87, que defiende la “desarticulización efectiva de ETA”, en contra de la mentira oficial de la derrota de ETA (otra obra imprescindible: La derrota del vencedor, de Rogelio Alonso). Y todavía en el ámbito de la Justicia y las libertades, simpatizo también con la medida 86, contra el movimiento okupa y favorable a ampliar la legítima defensa en los casos de allanamiento de morada, así como la 90, que defiende la cadena perpetua sin plegarse al eufemismo de la prisión permanente revisable, revisión que en la mayoría de países se da por descontada, sin necesidad de tantos melindres verbales.

Estas son las propuestas que más me han reafirmado como afiliado y votante de Vox. Por supuesto, animo a leer, a quien no lo haya hecho aún, las medidas restantes. Serán unos veinte minutos magníficamente invertidos.

[1] Esto no es incompatible con un Estado fuerte, que proteja adecuadamente nuestras fronteras y soberanía nacional. Así, la medida 27 defiende incrementar el presupuesto de Defensa, cosa que me parece absolutamente necesaria, en contra del buenismo pacifista reinante.

Qué buen vassallo si oviesse buen señor: Alejandro Fernández sobre Vox y el separatismo

Alejandro Fernández ha obtenido el apoyo de más del 98 % de los militantes para ser el próximo presidente del PP catalán. No sólo me alegro por alguien al que he votado unas cuantas veces, sino que estoy convencido de que es la elección óptima para todos aquellos que no se planteen ninguna opción distinta del PP. Alejandro es una de las mejores cabezas que tiene este partido en toda España, además de un fenomenal orador parlamentario, y a las pruebas de YouTube me remito.

Debo decir además que siempre le estaré agradecido por presentar en Tarragona, hace seis años (cómo pasa el tiempo), mi libro Contra la izquierda, al que dedicó amables elogios. Todo lo cual no impide que, desde hace más de un año y medio, quien escribe sea afiliado de Vox (lo que nunca fui del PP) y hoy tenga que criticar a Alejandro Fernández, a cuenta de la entrevista que le hicieron el viernes en RNE.

Alejandro salió airoso en términos generales de las preguntas de la periodista Meritxell Planella, hablando con una propiedad y claridad muy superiores a las que nos tienen acostumbrados la mayoría de políticos. Pero hubo dos cuestiones cruciales en las que resultó francamente decepcionante. La primera, sobre si cree que los separatistas han perpetrado violencia; la segunda, sobre Vox.

Empiezo por la última. En rigor, no tengo derecho a sentirme decepcionado, porque no podía esperar que el próximo presidente del PP de Cataluña fuera a defender a otro partido. Aunque evitó calificar a la formación dirigida por Santiago Abascal de ultraderechista, como hacen rutinariamente la mayoría de medios, sí la tachó de populista, un adjetivo que ya empieza a estar tan devaluado como el otro, por lo mucho que se abusa de él. Llega un momento que, hartos de tanta estigmatización de todo lo que se salga de los cauces marcados por el bipartidismo socialdemócrata, muchos hemos acabado diciendo: “Pues si pensar A o B es ser facha/populista, de acuerdo: soy facha/populista.”

Pero, no contento con valoraciones genéricas, Alejandro se refirió muy desafortunadamente a una de las propuestas más llamativas de Vox, aunque para mí hay otras no menos importantes, como las que lo oponen en solitario a la ideología de género. Me refiero a la supresión de las autonomías. Alejandro Fernández sostuvo que desmantelar el Estado autonómico es tan imposible como la independencia de Cataluña: ambas cosas suponen, llegó a decir, “la autodisolución de la nación española en los términos en que fue diseñada en 1978”.

Como bien sabe quien ha sido profesor de Ciencia Política, la nación española no fue “diseñada” en 1978, sino que existía desde siglos antes. La Constitución no hace más que reconocer este hecho, sobre el que se fundamenta ella misma, tal como lo formula explícitamente el artículo 2. Así que una reforma constitucional en un sentido centralizador (eliminación de la mayor parte del Título VIII y unos leves retoques más), por difícil que resulte reunir las mayorías cualificadas necesarias, no puede compararse ni en broma con los planes de quienes, más que una nueva constitución, lo que pretenden es acabar con la propia nación española.

Equiparar a Vox con los independentistas, aunque sea como mero ejercicio intelectual, es una jugada tan sucia como la que el PSOE lleva haciendo toda la vida con el PP, cuando lo acusa de la “crispación” y de ser una “fábrica de independentistas”. Por eso me ha sorprendido que un político inteligente y habitualmente elegante como Alejandro se rebaje a emplear procedimientos tan groseros para atacar a Vox.

Claro que suprimir el Estado autonómico supone una reforma constitucional de calado y que este no es un objetivo asequible a corto ni a medio plazo, cosa que no se le puede escapar ni al simpatizante más simple de Vox. Por eso, mientras tanto, este partido defiende que se devuelvan al Estado central las competencias de Seguridad, Sanidad y Educación.

Todo lo que propone Vox es factible, con mayor o menor dificultad, por vías legales y democráticas, mientras que lo que han hecho los separatistas es romper públicamente con la Constitución, lo que técnicamente se conoce como un golpe de Estado. Tampoco hay que olvidar que son muchos más (y creciendo) los españoles partidarios de volver a un Estado unitario, con mayor o menor descentralización, pero sin diecisiete onerosos parlamentitos y gobiernitos, que los que apoyarían la secesión de una parte del territorio nacional si se les consultara.

Voy ahora a la primera pregunta, sobre el delito de rebelión. Alejandro se limitó a decir, en resumen, que hay que respetar las decisiones judiciales. Sin duda, nunca está de más recordarlo, pero este respeto no es incompatible con expresar la propia opinión, máxime cuando estamos asistiendo a una campaña de manipulación no sólo del separatismo, sino también del progresismo, con La Sexta como punta de lanza, que al tiempo que evita cuidadosamente divulgar los concienzudos razonamientos del juez instructor del Tribunal Supremo y de las acusaciones, en los que se sustenta el procesamiento por delito de rebelión, recaba todas las opiniones de juristas y no juristas que puede encontrar en sentido contrario, ofreciéndoles horas y horas de pantalla para explayarse.

De este modo, un ciudadano que no tenga por costumbre informarse activamente, acudiendo a las fuentes judiciales, fácilmente puede acabar pensando que a lo mejor nos estamos pasando con los independentistas, que no son más que unos buenos chicos, acaso algo atolondrados, que defienden inofensivamente sus ideales, por lo que deberían estar con sus familias y no en prisión preventiva. Y no es que Alejandro comulgue lo más mínimo con este estado de opinión que se pretende crear, tal como se aprecia por el mensaje de Twitter que publicó pocas horas después de la entrevista:

“No fue sólo ‘por votar’. Fue una insurrección para ‘defender las urnas’ físicamente, impidiendo a la policía ejecutar una resolución judicial. Violencia pura y dura. Ahora que no pretendan hacerse pasar por los ositos amorosos. No nos engañan.”

alejandro

Lo que precisamente no logro comprender es que alguien con las ideas tan claras, y que sabe expresarlas inmejorablemente cuando quiere, desaproveche la oportunidad (desde un medio público y en un horario con un número de oyentes nada desdeñable) para contrarrestar en alguna medida la mencionada campaña a favor de los acusados y en contra de nuestro sistema judicial[1]. Hubiera bastado que respondiera a la sencilla pregunta que le hacía la entrevistadora: “Sí, en mi opinión el 1-O y los días previos y posteriores hubo violencia por parte de los independentistas, por las siguientes razones…”

Tal como explica pormenorizadamente el escrito de conclusiones de la Fiscalía, esa violencia se produjo de dos maneras: Una, mediante la movilización de muchedumbres fanatizadas (y parte de ellas adiestradas) para que opusieran resistencia a la actuación de las fuerzas del orden, sabiendo, al menos desde los graves disturbios del 20 de setiembre, que ello implicaba riesgo evidente de daños a las personas y a las cosas, como efectivamente se produjeron. Y otra, mediante la utilización de una fuerza policial armada de más de 17.000 miembros, como son los Mossos d’Esquadra, para que sabotearan las órdenes judiciales de impedir un referéndum ilegal, colaborando con apenas disimulo en proteger las votaciones, vigilando los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y llegando incluso al enfrentamiento con ellas en algunos centros de votación, a fin de impedir que los clausuraran.

El mero hecho de que los dirigentes separatistas tengan a miles de agentes armados bajo sus órdenes ya tiñe por sí mismo de rebelión sus flagrantes violaciones de las leyes y sus reiteradas desobediencias a los jueces. ¿O es que alguien piensa que en una comunidad autónoma sin su propia fuerza policial, con su “potencial efecto intimidatorio” (expresión del malogrado fiscal José Manuel Maza), se hubiera llegado tan lejos en la ruptura con el Estado central?

Esa capacidad intimidatoria de los Mossos al servicio de la conspiración separatista la confirmó el Consejero de Interior Joaquim Forn cuando sostuvo que “si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política no habrá ninguna colisión entre policías”. ¿Qué diferencia conceptual hay entre estas palabras (recogidas por la Fiscalía) y las de un secuestrador que amenaza a sus rehenes advirtiéndoles de que nadie sufrirá ningún daño “si se porta bien”?

Mientras el presidente electo del PP de Cataluña se limita a decir en una emisora de radio pública que respeta las decisiones de los jueces (faltaría más), Vox se ha constituido en acusación popular contra los principales dirigentes separatistas, siendo decisiva la actuación de este pequeño partido (por ahora extraparlamentario) para llevar a los golpistas ante la Justicia. Sólo por esto, aunque hay muchas otras razones, y aunque el PP cuente todavía con dirigentes tan buenos como Alejandro Fernández (qué buen vassallo, si oviesse buen señor), cada vez somos más los que votaremos al partido fundado por Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara. Nos llamen lo que nos llamen.

[1] En realidad, sí creo comprenderlo. Alejandro Fernández, como avezado político profesional, es consciente de que un discurso demasiado potente, al que no están acostumbrados nuestros periodistas salvo si es de extrema izquierda o separatista, puede tener como consecuencia que no lo vuelvan a llamar más desde RNE ni otros medios. Quizás sea esta la principal diferencia entre la vieja y la nueva política que encarna Donald Trump, que se siente con fuerza suficiente para romper con el periodismo tradicional, porque es capaz de puentearlo y comunicar directamente con el público sin el prisma deformante del progresismo. Si esto era el “populismo”, bienvenido sea.

El necesario debate sobre la nacionalidad

Trump ha propuesto abolir la ley por la cual todo recién nacido en Estados Unidos, sea cual sea el origen de sus padres, es automáticamente ciudadano de este país. Los medios han reaccionado pavlovianamente, como hacen ante cualquier noticia que tenga que ver con el presidente norteamericano: es un ignorante que no sabe que la decimocuarta enmienda de la Constitución lo prohíbe, o bien es un mentiroso que lo sabe perfectamente pero que arroja carnaza a sus potenciales votantes; ya saben, esos palurdos blancos que guardan un arsenal en el sótano de casa, rezan antes de comer (¡integristas!) y se alimentan básicamente con hamburguesas y pastel de manzana.

Por supuesto, Trump no es un ignorante ni un mentiroso, pues la redacción de la 14ª Enmienda es interpretable. Dice así: “All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.” Subrayado mío: “y sujetas a su jurisdicción”. ¿Esto incluye a los hijos de inmigrantes ilegales? Parece cuando menos dudoso.

En cualquier caso, se diría que casi todos los periodistas se han convertido en entusiastas del ius soli, o derecho a la nacionalidad por nacimiento en un territorio. Y eso que entre los doscientos países que hay en el mundo sólo treinta (casi todos en el continente americano, por razones históricas bastante obvias) lo aplican estrictamente.

En España, la adquisición de la nacionalidad está regulada por los artículos 17 al 28 del Código Civil, el primero de los cuales dispone:

“Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o madre españoles
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España (…)”

La distinción entre español de origen y aquellos que han obtenido la nacionalidad española por otros medios, como los que prevén los siguientes artículos, es importante, pues la Constitución establece (art. 11.2) que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Dicho de otro modo, la Constitución no prohíbe que se pueda despojar de su nacionalidad a personas que originariamente no eran españoles. Vale la pena recordarlo a quienes se rasgaron las vestiduras cuando Santiago Abascal amenazó con la expulsión de España del dirigente de Podemos Pablo Echenique, de origen argentino, por sus ataques a nuestro sistema constitucional.

Si el ius soli rigiera en España, los españoles de religión musulmana aumentarían a un ritmo mucho mayor del que ya lo hacen actualmente; en unas pocas décadas, un partido islamista podría obtener una mayoría en el parlamento. No es que esto sea ahora impensable. Por ello, entre otras razones, Vox propone diversas medidas (17, 19 y 20 de su documento “100 medidas para la España Viva”) para endurecer los requisitos de nacionalización.

Vox, como Trump, no hace más, en este tema como en muchos otros, que plantear propuestas de sentido común, que cualquier persona que desee un mejor futuro para sus hijos verá con buenos ojos, por mucho que los grandes medios de comunicación traten de lavarle el cerebro a diario con sus consignas buenistas y globalistas.

El debate sobre quién tiene derecho a la nacionalidad de un país, y en qué condiciones esa nacionalidad, una vez obtenida, puede ser revocada, es insoslayable, especialmente en una Europa bajo la sombra del expansionismo islámico. Sólo quienes detesten sus propias raíces cristianas pueden ver con satisfacción la disolución de nuestras identidades religiosa y nacionales por la invasión de señoras tapadas de la cabeza a los pies empujando cochecitos de bebés. A los demás nos tiene que preocupar, y mucho.

¿Es Vox reaccionario?

Entre el ya crecido número de artículos (y los que vendrán) advirtiéndonos de lo impresentable que es Vox, el partido fundado por Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, me llamó la atención uno de Cayetana Álvarez de Toledo. Se titulaba “Un muro infranqueable”, en alusión al muro infranqueable que Vox propone construir en Ceuta y Melilla para contener a los inmigrantes ilegales. (Es la medida 26 dentro de su documento “100 medidas para la España Viva”.)

Álvarez mete a Vox en el mismo saco que los separatistas catalanes y que Podemos, es decir, el saco de “los reaccionarios de todo signo”, eternos enemigos de la civilización. Esta retórica pasada de vueltas recuerda a la estrategia del PSOE y su coro mediático de alertar contra la “crispación”, que nunca he entendido muy bien lo que significa, pero que sirve para culpabilizar pérfidamente al PP y la derecha en general junto con los que tratan de destruir la unidad de España.

No es difícil calificar de reaccionarios a esos nacionalismos que a duras penas logran ocultar sus tics xenófobos y supremacistas. Especialmente si olvidamos que las elucubraciones de carácter racista son una forma de cientifismo, que a su vez es una degeneración ilustrada, más que un producto típicamente reaccionario. Pocos parecen querer recordar el prestigio que, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenían entre pensadores progresistas y liberales ciertas interpretaciones de la teoría darwinista de la selección natural, avaladoras de la eugenesia o la esterilización obligatoria.

Por otra parte, calificar a la extrema izquierda de reaccionaria tiene su origen principalmente en su mal disimulada complicidad con el islamismo, que en algunos casos, tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, se manifestó en una obscena euforia por “la humillación del imperio”, como la describió Juan Luis Cebrián mientras la zona cero de Manhattan aún humeaba.

Pero que algunos reaccionarios odien a los Estados Unidos y al capitalismo no quiere decir que todos lo hagan, ni tampoco que sólo lo hagan los reaccionarios. No hace falta ser catedrático de lógica para entender que el silogismo “Algunos reaccionarios son antiamericanos/La extrema izquierda es antiamericana/Ergo, la extrema izquierda es reaccionaria” es formalmente inválido.

En realidad, Podemos es un partido tan innegablemente progresista como Cayetana Álvarez de Toledo, aunque por supuesto de un modo distinto, mal que le pese a la hispanoargentina. Progresista, sea liberal, socialista o de Esquerra Republicana de Catalunya, es todo aquel que sostiene, de modo más o menos elaboradamente consciente, que la historia humana consiste en un proceso de liberación de las limitaciones de la naturaleza, así como de aquellas que el hombre se inflige a sí mismo, en forma de religiones, tradiciones, prejuicios y estructuras sociopolíticas y antropológicas de toda índole. Y reaccionario, en su sentido más amplio, sería quien no comparte esta concepción emancipatoria de la existencia.

Un musulmán que cree que la historia es el proceso de imponer a toda la humanidad los preceptos dictados por Alá al profeta Mahoma en el siglo VII, es un claro ejemplo de reaccionario. Pero también lo somos quienes profesamos que el ser humano sólo puede salvarse por la mediación de Jesucristo, lo que implica, entre otras cosas, que jamás aceptaremos someternos al islam. Contra el progresismo no vale cualquier forma de reaccionarismo. Los reaccionarios cristianos podemos coincidir en algunos temas con algunos progresistas, por ejemplo con los liberales en la desconfianza hacia el Estado, la defensa de la dignidad de la persona y la igualdad entre hombre y mujer. O para ser más precisos, hay un liberalismo de matriz progresista y un liberalismo “reaccionario” o no progresista, que defiende la libertad sin absolutizarla.

La concepción progresista pura recuerda irresistiblemente al concepto de la hibris griega, así como al pecado original del Génesis. El hombre que trata de liberarse de todas las limitaciones, olvidando su carácter esencialmente finito, el ser que olvida su carácter dependiente del Creador, lo único que ha conseguido siempre es su propia perdición. Por eso las revoluciones que tratan de partir de cero terminan invariablemente en catástrofes sangrientas. Y los intentos de ignorar la naturaleza humana, como si estuviera en la mano del hombre salvarse e incluso rediseñarse a sí mismo, sólo generan dolorosos dislates. Ejemplos de ello son la ideología de género y los buenismos de tipo socialdemócrata y multiculturalista. El olvido del pecado original nos lleva a creer que cualquier problema o conflicto se puede solucionar mediante la educación, el diálogo y la redistribución de la riqueza. Esto es negarse a reconocer que la naturaleza caída del hombre implica la inevitabilidad de ejércitos y policías, de cárceles y fronteras.

Como afiliado de Vox, ya me gustaría a mí que mi partido fuera más francamente reaccionario, en el sentido que aquí he acotado y con el que me identifico sin ambages. Aunque me doy por satisfecho con las cien medidas de su programa, no veo que ninguna de ellas sea inequívocamente reaccionaria. De hecho, muchas son también perfectamente asumibles por una progresista liberal como Cayetana Álvarez. El muro infranqueable que ésta desearía levantar entre el PP de Pablo Casado y Vox se halla sin lugar a dudas entre Vox por un lado y la izquierda y los separatistas por otro. Y quien sea incapaz de percibir algo tan obvio debería preguntarse qué sesgos cognitivos pueden estar nublando su juicio.

Vox y la dictadura del pensamiento

El fascismo sirvió tempranamente al comunismo para reivindicarse eficazmente por contraste. Convirtiendo al primero en el Mal absoluto, los comunistas hicieron olvidar a muchos que, desde 1917 y hasta la invasión de Polonia en 1939, gracias al pacto entre Hitler y Stalin, el régimen soviético había sido con diferencia mucho más asesino y represor que el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán.

En España, el sambenito de fascista permitió demonizar a la derecha democrática representada por Gil-Robles, quien hasta el último momento logró mantener a la CEDA dentro de la constitución republicana y el respeto al sufragio universal, pese a ser con frecuencia víctima de la violencia de las izquierdas y de arbitrariedades de las autoridades. Aún hoy los historiadores progresistas, ignorando los hechos que no cuadran con sus prejuicios, dan por cosa juzgada que el legalismo del principal líder de la derecha era impostado, lo cual les lleva a justificar o “comprender” con irresponsable ligereza la violencia izquierdista que acabaría conduciendo a la Guerra Civil.

Por supuesto, los progresistas no tienen problema en considerar como democrático al Frente Popular que llegó al poder en febrero de 1936 sin esperar a que concluyera el escrutinio electoral, y pese a que amparó los procedimientos más desvergonzadamente mafiosos para torcer a su favor los resultados, especialmente en las elecciones que se repitieron en mayo en Granada y Cuenca, tal como relatan M. Álvarez y R. Villa en su libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular.

El síndrome de estigmatización fascista opera hoy exactamente igual que en los años treinta. Cuando el progresismo criptomarxista imperante decide que alguien es fascista o ultraderechista, la sentencia es inapelable. Ni siquiera se requieren argumentos o pruebas mínimamente sólidas; basta con asociar rutinariamente y sin tregua el adjetivo ultraderechista con el nombre del partido o del personaje al que de manera poco disimulada se desea expulsar del consenso civilizado. Un político determinado dice un día cualquier cosa que, convenientemente descontextualizada, cuando no tergiversada, pueda interpretarse en el sentido que interesa a los efectos de la propaganda progre, y ya no es necesaria ninguna otra corroboración, ni tener en cuenta mil indicios de naturaleza opuesta: pasa a ser un peligroso ultraderechista por los siglos de los siglos.

Significativamente, nunca se procede de modo análogo con partidos o políticos que con mucha más propiedad sí pueden catalogarse de ultraizquierdistas. Este adjetivo es tan escasamente empleado que de hecho el prefijo aislado “ultra” se considera sin más como sinónimo de ultraderecha, como si no existiera una amenaza mucho más relevante de signo contrario.

No es sorprendente que los separatistas hayan adoptado la estrategia progresista. Nada como pintar una España fascista ayuda tanto a ocultar la naturaleza racista y supremacista del nacionalismo catalán, desde sus orígenes hasta los exabruptos de Torra (tachando de bestias inmundas a quienes según él se resisten a aprender el catalán, aunque simplemente exijan que en un vuelo de Barcelona a Palma se utilice al menos el español para las comunicaciones con los pasajeros) y pasando por las divagaciones antropológicas de Jordi Pujol sobre el andaluz, al que consideraba como poco más que un infrahombre.

Un ejemplo paradigmático del síndrome descrito lo encontramos precisamente en el artículo del intelectual orgánico del nacionalismo catalán, Francesc-Marc Álvaro, “Vox, atado y bien atado”, publicado en La Vanguardia el 11 de octubre. Conviene recordar que para el progresismo y el separatismo, franquista y fascismo son sinónimos, pese a que incluso un escritor tan poco franquista como Eduardo Mendoza ha reconocido que Franco estaba ideológicamente muy lejos de esa ideología totalitaria, más allá de que las necesidades bélicas le llevaran a aceptar el apoyo militar de Alemania e Italia, y de que premiara el apoyo de la Falange integrándola en un régimen que básicamente fue autoritario, católico y conservador.

El artículo de F.-M. Álvaro consiste en una serie de afirmaciones gratuitas y redundantes sobre el supuesto carácter fascista de Vox, de las que no se libran tampoco el PP y Ciudadanos, a los que considera igualmente ultraderechistas, aunque se esfuercen en disimularlo sin excesivo éxito. En todo el texto sólo hay unas pocas palabras que se puedan considerar como una argumentación o explicación de sus juicios, aquellas con las cuales el autor acusa al partido presidido por Santiago Abascal de “construir y señalar a varios enemigos interiores y exteriores de una España que debe ser salvada: independentistas, inmigrantes, feministas, sindicatos, etcétera.”

Ciertamente, para concluir que los independentistas son enemigos de España no hace falta ser de extrema derecha: basta con escuchar lo que dicen a todas horas. El propio Torra defendió textualmente “atacar al Estado español”, entre un sinfín de declaraciones y actuaciones de inequívoco carácter hispanófobo, perpetradas por los dirigentes separatistas y sus seguidores.

Lo demás es sencillamente mentira. Vox no va contra los inmigrantes sin más: sólo contra los ilegales y especialmente contra el salafismo, tanto de importación como cultivado en nuestro territorio. De hecho, nunca olvida dedicar palabras de afecto hacia los extranjeros o naturalizados de origen hispanoamericano, que en el acto de Vistalegre volvieron a escucharse por boca del secretario general Javier Ortega-Smith, de origen argentino.

Si el feminismo se entiende como sinónimo de la ideología de género, efectivamente Vox va contra el feminismo, es decir, contra el postulado neomarxista de la guerra de sexos que criminaliza al varón. Pero entre los miembros más prominentes del partido hay varias mujeres excelentes como la arquitecto y empresaria Rocío Monasterio (hispanocubana, por cierto) o la profesora Alicia Rubio, autora de un libro imprescindible sobre la ideología de género, lo que desmiente taxativamente cualquier pérfida insinuación de que Vox cuestione la libertad de la mujer y la igualdad de derechos de ambos sexos.

En cuanto a la afirmación de que Vox va contra los sindicatos, así, genéricamente, es una pura y simple bellaquería, basada en el punto del programa de la formación derechista que aboga por eliminar las subvenciones a los sindicatos, sí… Pero también a los partidos políticos, patronales y fundaciones, lo que groseramente olvida Francesc-Marc Álvaro.
El resto del artículo se limita a intercalar puras majaderías: Vox no sería más que una reedición de Fuerza Nueva “tuneada y libre de plomo”, con Martínez el Facha como referente y resuelta a aplicar el legado de Franco, resumido en las palabras “atado y bien atado”. Fuente: Francesc-Marc Álvaro, Porque lo digo yo.

No se quedan ahí las tonterías vertidas por el articulista. Para él, las imágenes utilizadas en un vídeo promocional de Vox (ignoro a cuál se refiere) donde aparecen las Fuerzas Armadas, los toros, un campo de trigo y una madre con su bebé son parte de una iconografía propia de “un franquismo sin Franco” (¡Sic!).

Probablemente, lo que nuestro columnista menos le perdona a Vox es su desacomplejado nacionalismo (aunque yo prefiero llamarlo patriotismo) español. Para el autor, la relación de este nacionalismo con la democracia es constitutivamente problemática. Hay que reconocerle un cierto desparpajo a quien sostiene tal cosa mientras desdeña la voluntad de la gran mayoría de españoles, y entre ellos la de más del 50 % de los catalanes. Significativamente, el único partido al que Álvaro concede que tenga una posición correcta sobre la cuestión es Podemos, “que no niega el debate sobre la autodeterminación”. Veamos si lo he entendido bien: Vox es predemocrático por reivindicar la unidad indivisible de España, tal como reconoce la Constitución, mientras que la formación bolivariana es un ejemplo a imitar.

Son muchas necedades para un artículo tan breve, en efecto. Pero es que hoy el progresismo, del cual el separatismo antiespañol constituye sólo un apéndice, aunque monstruosamente hipertrofiado, es esto: sólo se sostiene a base de lanzar vocablos intimidatorios contra el discrepante y contra quien ingenuamente alega el sentido común. Ultra, homófobo, xenófobo, populista… Los grandes medios de comunicación no hacen otra cosa que dirigir a los ciudadanos, casi las veinticuatro horas del día, en la dirección que ellos consideran correcta, emitiendo veredictos morales previos a cualquier información objetiva, y seleccionando ésta cuidadosamente para que sólo pueda avalar dichos veredictos. Basta encender la radio al levantarse para empezar a recibir una dosis concentrada, en cuestión de minutos, de ideología de género, buenismo multicultural o resentimiento anticapitalista.

Las difamaciones contra Vox y contra la derecha en general no son más que uno de los efectos colaterales de la dictadura del pensamiento en la que vivimos. Una dictadura que está lejos de ser tan incruenta como aparenta: sus principales víctimas son los miles de seres humanos abortados con la complicidad de la administración. Lo cual me hace caer en la cuenta de que F.-M. Álvaro tiene razón en una cosa. Asegura que “no es casual que Abascal lance proclamas antiabortistas en el mismo mitin donde promete desmantelar las autonomías.” Efectivamente, yo tampoco creo que sea casual que quienes defienden el aborto sean los mismos que apoyan la existencia de diecisiete gobiernos y parlamentos autonómicos, los mismos que creen que la baja natalidad puede compensarse importando mano de obra sin cualificación y culturalmente inasimilable, los mismos que consideran al islam una religión de paz mientras atacan los símbolos y las creencias cristianos…

Son los que nos llaman fachas por no pensar como ellos, por no plegarnos a su monopensamiento. Pretenden obligarnos a callar, con sus leyes de Memoria Histórica y demás engendros jurídicos. No debemos dejarnos amedrentar, lo que entre otras cosas significa no dejarnos afectar por lo que puedan decir ellos de Vox.