Por qué la izquierda se cree moralmente superior

Es un hecho que la izquierda se autopercibe como moralmente superior. Otra cosa muy distinta es que dicha autopercepción esté justificada. Sea como sea, cabe preguntarse: ¿Por qué la izquierda se cree moralmente superior a la derecha?

La razón fundamental es que la izquierda, por definición, pretende ser la defensora de los débiles y los oprimidos. En nuestra cultura cristiana, esta noble intención lo tiene todo para seducirnos, incluso a los que no son creyentes. Me atrevo a decir que especialmente a estos, en la medida en que puedan encontrar en las ideas progresistas una “teología sustitutoria”, un lenitivo para la “nostalgia de lo absoluto”.

Sin embargo, esa definición es insuficiente, precisamente porque omite las radicales diferencias que existen entre la izquierda y el cristianismo. Estas podrían resumirse en una sola: mientras que según la doctrina cristiana el mal anida en el corazón de cada uno de nosotros, y por tanto solo con la ayuda de Dios podemos vencerlo, para el progresismo lo esencial es señalar y combatir a los culpables de las injusticias y las desigualdades; solo de esta forma se logrará acabar con las lacras que afligen al género humano.

El cristianismo, como es obvio, jamás se ha desentendido de la suerte de los pobres en este mundo: al contrario, desde sus orígenes la Iglesia ha practicado una caridad organizada de importancia difícilmente exagerable. Pero asociar el mensaje del Evangelio con teorías del resentimiento social es un funesto error, por mucho que lo cometan no pocos cristianos, incluyendo una parte considerable del clero católico.

El progresismo, en la medida en que divide el mundo en buenos y malos, en opresores y oprimidos, es el arma ideológica más poderosa que existe: no hay fuerza mayor para quien aspire no solo a conquistar el poder político, sino sobre todo aumentarlo y concentrarlo, derribando cualesquiera barreras que las leyes y las costumbres más sabias han erigido para contener un fenómeno tan peligroso.

Por ello no debiera sorprendernos que las ideas de izquierda, y en concreto la teoría marxista, hayan servido para implantar algunos de los regímenes más despóticos que han existido. La actitud de la izquierda ante un correctivo empírico tan brutal ha oscilado entre dos extremos: por un lado, defender sin tapujos los crímenes del comunismo como necesarios o inevitables, o al menos relativizarlos (“el capitalismo mata más”); por otro lado, desentenderse de ellos, con la consabida negación de que aquellos experimentos tengan algo que ver con el “verdadero comunismo”, idea impoluta que al parecer todavía estaría por realizarse.

En la práctica, el izquierdista suele combinar ambas actitudes. Por un lado se proclama ferviente demócrata, enemigo de toda dictadura, y se aviene incluso a condenar los “excesos” y “errores” cometidos en nombre del socialismo. (¿Se imaginan lo que este mismo diría de quien sólo condenara los “excesos” del nacionalsocialismo?) Pero al mismo tiempo, su posición frente a los totalitarismos de izquierda, pasados y presentes, suele ser mucho más comprensiva que ante cualquier régimen o gobernante de derechas.

Esta doblez estratégica permite a la izquierda sobrevivir políticamente a cualquier refutación que le oponga la realidad, por catastrófica que sea. Al tiempo que salva la pureza del ideal de cualquier contrastación, al considerar sus resultados más desastrosos como desviaciones o efectos de sabotajes exógenos, no se priva de defender los “logros sociales” del comunismo para mantener viva cierta esperanza de que “la idea” no es una quimera irrealizable. Se caricaturiza, con razón, la expresión “Hitler también hizo cosas buenas”, pero lo cierto es que la izquierda constantemente recurre a un procedimiento análogo con Stalin o con Castro.

Tras la caída del Muro de Berlín la izquierda se ha sometido a una cierta reconversión, reforzando su instrumentalización política de colectivos como las mujeres, los homosexuales, las minorías raciales, etc., para compensar en parte la pérdida de voto obrero. Pero de ningún modo ha renunciado a las sinergias entre el tema central de la izquierda clásica, enemiga de los ricos y los poderes económicos, y la nueva izquierda encarnada en el feminismo radical, el activismo LGTB y el multiculturalismo. Se trata de dos vertientes de una misma ideología que se refuerzan mutuamente.

Lo que ha contribuido más decisivamente a preservar el núcleo doctrinal de la izquierda clásica (socialista o comunista) en el progresismo actual es una exitosa difusión de su propia interpretación de la historia. Desde la toma del poder por Lenin en Rusia la izquierda se esforzó, con honrosas excepciones, en negar u ocultar los crímenes de los bolcheviques, porque entendía que su divulgación perjudicaría los intereses de la lucha obrera. Pero la mayor baza propagandística del comunismo (y del progresismo en general) llegó con la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

El nazismo, convertido en la encarnación del Mal absoluto con ayuda de las imágenes espantosas de sus campos de concentración y exterminio, difundidas por los Aliados tras la guerra, sirvió como un efectivo “blanqueador” (por contraste) del comunismo. Jamás ha habido una popularización parecida, al menos de tipo gráfico y audiovisual, de la verdad sobre los campos de concentración soviéticos ni chinos. Sin desmerecer la repercusión de los libros de Alexander Solzhenitsin, especialmente su Archipiélago Gulag, la repercusión de una obra literaria relativamente tardía no puede compararse con el efecto de los documentales sobre el Holocausto, que impactaron tempranamente a millones de personas a través del cine y la televisión.

Pero la izquierda no se ha limitado a aprovecharse del nazismo para eclipsar sus propios crímenes. Ha tenido la habilidad de asociar intuitivamente esta ideología perversa con la derecha, especialmente con regímenes autoritarios como el de Franco. Es innegable que las potencias del Eje apoyaron al bando nacional en la Guerra Civil, y que incluso el franquismo prestó un apoyo anecdótico pero significativo a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, enviando la División Azul a Rusia. Pero nadie parece escandalizarse demasiado porque los republicanos recibieran la ayuda de Stalin, y menos aún porque las potencias democráticas terminaran aliándose con él contra Alemania. Por lo demás, las diferencias entre la dictadura del general Franco, de corte conservador y católico, y el Tercer Reich, totalitario y neopagano, no pueden ser más hondas.

A pesar de ello, la izquierda gusta de cultivar sistemáticamente una burda confusión conceptual entre el conservadurismo y el fascismo, por ejemplo tachando de “fascistas” las políticas natalistas de protección de las familias numerosas. Pero sobre todo se ha valido de la tergiversación de la historia. Por un lado, ha exagerado sistemáticamente la represión política durante el franquismo. Es típico que no tenga en cuenta el número de sentencias de muerte conmutadas por penas de prisión, que fueron alrededor de la mitad, para de este modo duplicar (aunque se han llegado a multiplicar por mucho más de dos) el número de fusilados durante la posguerra. Por supuesto, tampoco se tienen en cuenta los crímenes cometidos por muchas de estas víctimas, mezclando impúdicamente a las inocentes, que sin duda hubo, con sanguinarios verdugos materiales o políticos del bando perdedor.

Pero la principal tergiversación histórica consiste en convertir a Franco en el gran responsable de la Guerra Civil, al encabezar –se nos dice– un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. En realidad, el gobierno del Frente Popular no se puede considerar legítimo por la forma en que accedió al poder, sin esperar los resultados del escrutinio electoral e interfiriendo en éste de manera totalmente irregular y, en algunas circunscripciones, fraudulenta. Más decisivo aún es el modo en que se fraguó el conflicto, por culpa de una izquierda supuestamente moderada que primero se concertó con la izquierda totalitaria para expulsar a los conservadores del juego democrático, y que después se vio claramente desbordada por ella.

La izquierda española, no contenta con su posición culturalmente dominante, pretende ahora que su relato de la historia se convierta en la versión obligatoria en la academia, la enseñanza y los medios de comunicación. Y no por casualidad está procediendo igual en los temas más propios de la nueva izquierda, especialmente la ideología de género, para blindarla contra cualquier disidencia. En esto último no sólo cuenta con la pasividad de la derecha con representación parlamentaria, sino incluso con iniciativas legislativas que parten del Partido Popular y Ciudadanos. El único partido con posibilidades electorales que hasta ahora se ha plantado contra las leyes de Memoria Histórica y de Violencia de Género, prometiendo su derogación, es Vox. La reacción contra el mito de la superioridad moral de la izquierda acaba de empezar.

Anuncios

Hay un facha en mi sopa

Los dos grandes temas del periodismo actual son el machismo (en sentido amplio, lo que incluye todas las formas de LGTBfobia) y la xenofobia. Cabe añadir el cambio climático, pero quizás este asunto no reciba una atención tan invariablemente diaria; digamos que se trata un poco menos de siete veces por semana.

Alguno pensará que los periodistas no hacen más que reflejar la realidad, y que si hablan constantemente de estos temas es porque realmente el machismo y la xenofobia son las principales amenazas que se ciernen sobre el mundo. Nos pondrán como ejemplos el número de mujeres víctimas de la violencia llamada “de género”, las disparidades profesionales entre ambos sexos, el auge de partidos que pretenden poner barreras a la inmigración, el ascenso al poder de Trump, el Brexit… ¿Acaso no tienen razón?

El problema es que la relación entre la información y la opinión no es tan evidente como se presupone. Los periodistas seleccionan los hechos y los interpretan. Recientemente, una cadena de televisión informaba de una brutal paliza sufrida por una joven, refiriéndose a sus “agresores” con el masculino genérico que tanto evitan en otras ocasiones, cuando las culpables de esa agresión eran todas mujeres.

Asimismo, los medios son enormemente reticentes a informar objetivamente de problemas asociados con la inmigración. Ya nos hemos acostumbrado a que cuando se producen determinados delitos, como violaciones o atentados, los periodistas retarden la divulgación de los nombres de los sospechosos o detenidos, salvo si no denotan claramente un origen extranjero.

Si alguien señala estos sesgos informativos, o incluso se atreve hablar sin tapujos de los hechos que los medios ocultan o distorsionan, automáticamente será tachado de machista, homófobo, xenófobo o racista. Lo cual no hace más que reforzar el mensaje en bucle de que existe una grave amenaza machista o xenófoba.

Este mensaje además se enmarca en una perspectiva histórica que le presta una aparente solvencia intelectual, conectando las supuestas amenazas del presente con los fascismos del siglo XX. Es cierto que del ascenso de Hitler al poder debemos extraer lecciones muy serias contra los peligros de la demagogia y las bajas pasiones de las masas. Pero el uso indiscriminado de aquellos acontecimientos históricos como arma dialéctica contribuye más a banalizarlos que a ninguna enseñanza.

El columnista del Diari de Tarragona Dánel Arzamendi, en su artículo titulado “Santiago Abascal, heredero de Isildur”, ofrece un ejemplo de esa banalización. Arzamendi pretende explicarnos con la misma plantilla fenómenos y personajes tan heterogéneos y hasta antitéticos como el fascismo, el Brexit, Trump, el separatismo catalán, Podemos, Ciudadanos y Vox. En esencia, todos ellos tienen que ver con la irrupción de “cualquier charlatán (ya sea un fanático convencido o un vendemotos fugaz)” capaz de manipular emocionalmente a las masas.

Para ilustrar su teoría, por llamarla de algún modo, Arzamendi se ceba con un vídeo de Vox (ver al pie), en el marco de la campaña electoral andaluza, en el cual aparece Santiago Abascal cabalgando junto a una cuadrilla. Tras chotearse un poco, se nos pone repentinamente serio (“ojo, poca broma”) para advertirnos del ascenso de la “extrema derecha”. Uno queda con la duda de si el columnista ha visto realmente el mismo vídeo que nosotros o El triunfo de la voluntad, de Leni Riefensthal.

En cualquier caso, hay que reconocer que como culto al líder carismático, el vídeo de Vox deja mucho que desear. De los veintitrés segundos que dura, sólo en los tres primeros aparece Abascal en solitario. Pero da igual. Con el régimen comunicativo al que estamos sometidos, lo raro sería que no viéramos Hitleritos por todas partes.

Espada vuelve a la escena del crimen

Arcadi Espada ha dicho de Vox que es un partido inconstitucional, como Podemos, porque aspira a establecer un régimen ajeno a la Constitución del 78. Ha puesto como ejemplos las propuestas de desmantelar el Estado autonómico, de ilegalizar los partidos separatistas, de deportar a los inmigrantes legales que reincidan en delitos leves y de excluir la enseñanza del islam de la escuela pública. Y no termina aquí, sino que añade lo siguiente:

“Incluso comparte [Vox] con la izquierda las políticas de identidad, por más que sean otros los sujetos. Para Vox populi [sic], por ejemplo, los inmigrantes hispanoamericanos, que privilegiará en esa política de cuotas, ¡por origen!, que se propone establecer. O las víctimas del Síndrome de Down, que no considera víctimas de una enfermedad sino personas con una particular manera de ser y sobre las que proyecta una de las mentiras más innobles que habré leído en un programa político: ‘Y amparándoles [a esos enfermos] ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles’.”

Permítanme ocuparme del primer bloque de ejemplos, antes de comentar el texto citado. Ya he hablado recientemente sobre la propuesta estrella de Vox, que es sustituir el Estado autonómico por un Estado unitario. Técnicamente se trataría de suprimir varios artículos del Título VIII, unas cuantas disposiciones adicionales y transitorias y eliminar algunas líneas de siete u ocho artículos más, como el 2º y el 4º. La mayor parte de la Constitución, que incluiría los derechos, libertades y la protección de la diversidad lingüística y cultural, permanecería incólume, incluso contando con la eliminación del Tribunal Constitucional, que también defiende Vox, y cuyas funciones asumiría el Supremo.

La dificultad, que a los dirigentes de Vox se les oculta menos que a nadie, es reunir una mayoría social y parlamentaria suficientes para llevar a cabo estas reformas. Pero eso es la política, en su sentido más profundo: tratar de convencer al mayor número posible de aquello en lo que uno cree, y no ponerse simplemente al frente de una multitud ya convencida de algo.

La mayoría de nuestros políticos y periodistas pretenden hacernos creer que el Estado autonómico ha sido un éxito, pese a que no ha logrado su principal objetivo, que era contentar a los nacionalistas catalanes y vascos, e incluso ha facilitado la emergencia de protonacionalismos en otras regiones. La verdad es que las autonomías no son más que una herencia envenenada de la Segunda República, bajo la cual se creó la Generalidad de Cataluña y se redactaron los primeros Estatutos. Afirmar que Vox quiere acabar con el régimen del 78 porque es el único partido en señalar el estrepitoso fracaso del Estado autonómico, un invento de origen anterior a la Guerra Civil, es algo más que ceguera; es contumacia en el error.

Sigo con los restantes ejemplos. Vox propone (medida 2 del documento “100 medidas para la España Viva”) ilegalizar los partidos y organizaciones “que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”. Pero Arcadi Espada lo expresa de una manera que sólo cabe calificar de tramposa: dice que Vox pretende “la ilegalización de partidos en función de los objetivos políticos que tengan”. Claro, destruir la unidad de España es un objetivo político, quién lo niega. El mismo que tienen la ETA y su brazo político. Dicho así, perseguir a la ETA no sería más que perseguir a alguien por sus objetivos políticos. ¡Bravo, Espada, ha conseguido usted poner su prosa a la altura de los Otegui, Puigdemont y Torra!

También es cierto que Vox propone (medida 15) deportar a inmigrantes legales que cometan delitos graves o sean reincidentes de delitos leves. Pero Espada, maestro de la palabra, además de omitir los delitos graves escribe “leves delitos”, anteponiendo el adjetivo al sustantivo, lo que despoja a la expresión de su sentido jurídico: de este modo, sugiere que expulsar del país a quien ha robado doscientas carteras es algo moralmente emparentado con la Noche de los Cristales Rotos.

Vox propone además excluir la enseñanza del islam de la escuela pública. Espada cita esta vez literalmente la medida 25, como si la idea se comentara por sí sola. Late aquí el relativismo de quien cree que todas las religiones valen lo mismo, y por tanto no encuentra argumentos para excluir la enseñanza pública del islam… ni supongo que de la cienciología o los sincretismos afrocaribeños. ¿Y por qué no deberíamos admitir en nuestras escuelas públicas, ya puestos, el nacionalsocialismo como asignatura optativa? Es lo que tiene dejarse subyugar por la lógica destructiva del relativismo.

Se escandaliza también Espada, ya adentrándonos en el fragmento que he transcrito de su artículo, de que se establezcan (cito la medida 22 de Vox) “cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España”. Pues debería escandalizarse también con el artículo 11.3 de la Constitución, que reconoce “tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.” La carta magna discriminando “¡por origen!”. ¡Qué horror!

Como hemos visto, Espada identifica esta medida, así como la defensa de las personas con síndrome de Down, con las políticas de identidad de la izquierda que promueven la discriminación positiva para determinados colectivos. Y aquí es cuando se mete en un jardín.

La medida 79 de Vox que Espada cita parcialmente dice así: “Desarrollo de un plan [de] integración de las personas con síndrome de Down. Tratadas como una condición personal, no una discapacidad, y amparándol[a]s ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles.”

Me siento en la obligación de admitir que Espada tiene razón en que el síndrome de Down es una discapacidad o enfermedad. Ahora bien, no hay ninguna incompatiblidad entre ser un enfermo o discapacitado y la condición de persona. Vox no necesita recurrir a un lenguaje análogo al del activismo LGTB (que por ejemplo se niega a considerar la transexualidad como un trastorno) para defender a los Down.

En lo que sí se equivoca Espada, y gravemente, es en tachar como “una de las mentiras más innobles” el que haya quienes pretenden exterminar a los Down. No sólo se equivoca, sino que demuestra tener un grave problema de memoria, cuando era él mismo quien sostenía, en un artículo de hace cinco años, que negarse a abortar “hijos tontos, enfermos y peores” debiera ser tratado como “un crimen contra la humanidad.” ¿No es esto defender el exterminio de los Down mediante el aborto eugenésico?

Arcadi Espada no ha podido evitar volver a la escena del crimen, a sus opiniones execrables sobre los Down. Es una verdadera lástima, porque a veces escribe con una rara lucidez. Cabe extraer de aquí una lección de humildad: alejado de la fe cristiana, el hombre moderno, incluso el más inteligente, termina invariablemente cayendo en los errores más monstruosos.

Siete razones para apoyar a Vox

Vox ha actualizado su programa en un documento titulado “100 medidas para la España Viva”. Ya me gustaría comentarlas una por una, si tuviera tiempo. Como no es así, he elegido las siete que me parecen más importantes y representativas del ideario del partido dirigido por Santiago Abascal. Son las 6, 9, 17, 46, 61, 70 y 93, aunque como se verá, la lista podría alargarse. Dicho de otro modo, ahí van mis siete principales razones para votar a Vox:

Primera razón:

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

En la coyuntura actual, esta medida es la propuesta estrella de Vox y por tanto la que ha generado más críticas, tanto desde la izquierda como desde la derecha. En buena parte estas críticas proceden del formidable entramado de intereses creados que implica la existencia de diecisiete administraciones. Luchar contra eso va a ser dificilísimo, pero no creo que sea imposible.

Es verdad que se requiere convencer a una mayoría de españoles muy amplia para impulsar una reforma centralizadora de la Constitución, pero esta mayoría se conseguirá el día que calen lo suficiente dos poderosos argumentos: Primero, que el Estado del Bienestar (servicios públicos, pensiones) es insostenible a largo plazo sin un Estado mucho más ligero y eficiente; es decir, unitario. Segundo, que el problema de los separatismos y los localismos mezquinos lo han creado y exacerbado unos parlamentos autonómicos que suponen de facto una fragmentación de la soberanía nacional. La suma de ambos argumentos me parece invencible. Hasta ahora sólo ha faltado que haya un partido que se atreva a sostenerlos con insistencia y determinación.

Sabiendo que desmantelar el Estado de las autonomías no es un objetivo a corto plazo, Vox propone una serie de medidas intermedias, previas a la consecución de su objetivo último, como son la recuperación de las competencias troncales del Estado y otras que especifica en distintas medidas. Así, las 1 y 2, que exigen suspender la autonomía de Cataluña por tiempo indefinido e ilegalizar los partidos separatistas. También las 4, 5, 10, 35, 55 y 62, que básicamente protegen la lengua española común o castellano, eliminan las policías y las televisiones autonómicas, unifican el sistema sanitario y suprimen los conciertos económicos del País Vasco y Navarra.

Segunda razón:

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España.

Esta medida es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de romper con el espíritu de la Transición, iniciado por Rodríguez Zapatero, respetado cobardemente por Rajoy y relanzado por Pedro Sánchez, con el apoyo de la izquierda y los nacionalismos separatistas, para conectar la legitimidad de la actual democracia con la Segunda República. Lo cual no es más que convertir una flagrante mentira histórica en verdad oficial. Es también recuperar el propio proyecto republicano de instaurar un régimen en el que la derecha no tuviera cabida. En la persecución de este fin, los republicanos de izquierda “moderada” se arrojaron en los brazos de un PSOE bolchevizado y de los comunistas, que no deseaban otra cosa que implantar la dictadura del proletariado. El resultado por todos conocido fue la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura del general Franco. Ahora bien, se trató de una dictadura que eludió la tentación totalitaria según los modelos comunista y nacionalsocialista.

Tras la represión de posguerra, el régimen toleró un marco de relativas libertades individuales (los españoles, por ejemplo, podían entrar y salir del país, a diferencia de los rusos, los europeos del Este o los cubanos) que facilitó un crecimiento de la prosperidad económica sin precedentes. A la muerte de Franco, la dictadura se autodisolvió, permitiendo la Transición a la democracia. Resumidamente, esto fue lo que ocurrió, y lo que la Ley de Memoria Histórica, desarrollada hasta sus últimas consecuencias, desearía prohibir que se dijera.

Tercera razón:

17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.

Son varias las medidas que se ocupan del tema de la inmigración. Así, las 14 y 15 propugnan deportar a los inmigrantes ilegales y también a los legales que cometan delitos graves o sean reincidentes; las 19 y 20 endurecen las condiciones para obtener la nacionalidad española, la 22 defiende cuotas de origen privilegiando a los hispanoamericanos, la 26 propone la construcción de un muro “infranqueable” en Ceuta y Melilla y la 59 elimina el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales. Muy relacionadas con las anteriores son también las medidas (23 a 25) destinadas a frenar el islamismo.

De todos modos, he seleccionado la número 17 porque, si no estoy equivocado, podría ser la más efectiva de todas ellas, incluido el muro de Ceuta y Melilla. Ataca directamente al principal incentivo de la inmigración ilegal, que a su vez es lo más perjudicial económicamente para la sociedad española: beneficiarse de sus servicios sociales sin haber cotizado un euro.

Dicho esto, para mí el principal problema de la inmigración no es el económico, ni siquiera el de orden público, sino el cultural: es decir, la inmigración masiva de musulmanes, que no sólo no desean integrarse en nuestra cultura, sino que albergan pretensiones supremacistas que se exteriorizan en las zonas donde consiguen suficiente peso demográfico. Para combatir esta amenaza son indispensables las medidas ya mencionadas 23 a 25, entre otras. Pero desde luego, ninguna tendría sentido si antes no actuamos contundentemente contra la inmigración ilegal.

Cuarta razón:

46. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.

No pocas propuestas de Vox se ocupan de reducir drásticamente los impuestos y las cotizaciones sociales (impuestos con otro nombre, al fin y al cabo), de manera general o para colectivos o productos específicos, como son las 37, 39 a 42, 44, 45, y 48 a 52. Asimismo, el complemento inseparable del recorte fiscal es el recorte de lo que la medida 35 llama acertadamente “gasto político”, que no “público”, como hacen los socialdemócratas de todos los partidos para que la población se resigne a ser esquilmada tributariamente[1]. En esta línea son también importantes otras medidas liberalizadoras como por ejemplo la contenida en la mencionada 37, que además de eliminar tasas e impuestos a la creación de empresas, propugna derogar cinco normativas por cada una nueva que se implante.

Una de las razones por las cuales Vox me parece casi un milagro es que en su programa económico eluda decididamente cualquier tentación populista, en el sentido de prometer más asistencialismo estatal, como hacen la izquierda y también otros partidos europeos en la órbita de la derecha alternativa. Esto en España, el país de las paguitas, tiene mucho mérito. Lo fácil sería prometer rentas mínimas y más servicios “gratuitos”, y decir que los financien “los ricos”. Por supuesto, luego nunca hay ricos suficientes para pagar esas orgías de gasto público, cuyo coste acaba recayendo invariablemente sobre la sufrida clase media.

Vox tiene incluso el atrevimiento de proponer, aunque de manera genérica, un modelo de pensiones mixto, basado como el actual en las cotizaciones (la “solidaridad”: es decir, los que trabajamos pagamos las pensiones de los jubilados e incapacitados) pero también en “la propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.” (Medida 53.) Esto implica una reforma fiscal que deje de penalizar a los ahorradores.

A pesar de la importancia de muchas de estas medidas, he elegido la 46 por su valor simbólico, pero sobre todo por sí misma. Pocos impuestos pueden ser más injustos que el de Sucesiones, que está obligando a muchas personas a renunciar a las herencias ganadas con el sudor de la frente de los padres, por no poder satisfacer en metálico la voracidad recaudatoria de las haciendas públicas. En un país donde existe una tasa de propietarios de vivienda de las más altas (otro de los legados del franquismo, por cierto), la clase política no podía haber puesto los ojos en un botín más apetitoso. Desde los tiempos de la desamortización eclesiástica, hace casi dos siglos, posiblemente no haya habido un robo a gran escala tan grande en España como el que se está perpetrando cotidianamente en nuestros días, aunque de modo más encubierto que en el siglo XIX, merced a esas siniestras figuras contributivas.

Quinta razón:

61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de los hijos, empezando por la elección del colegio.

Esta es otra de esas medidas de redactado muy genérico, pero cuyas implicaciones son enormes. En esencia, el cheque escolar significa que el Estado garantiza la educación pública universal aportando un subsidio finalista a las familias para que lo inviertan en el centro educativo de su elección. Si se aplicara con todas sus consecuencias, esto significaría que el Estado dejaría la educación básicamente en manos privadas (sin por ello renunciar a su universalidad), lo que facilitaría una mayor competitividad, con el consecuente aumento de la calidad educativa, que es el más poderoso ascensor social que existe.

Mientras los políticos sigan poniendo sus sucias manos sobre la educación (y el gobierno de Pedro Sánchez vuelve ahora a la carga), los más humildes continuarán recibiendo una enseñanza cada vez más degradada en forma de mero adoctrinamiento progresista y de reparto generalizado de titulaciones devaluadas.

Sexta razón:

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.

Vox propone una serie de medidas (70 a 81) de protección de la familia y fomento de la natalidad. De entre ellas son fundamentales la 75, en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la 80, que prohíbe los vientres de alquiler, considerados como una modalidad de compra-venta de seres humanos. En cambio, la 75 no prohíbe el aborto de manera explícita; de hecho, ni siquiera lo menciona. Se limita a proponer que las mujeres con “embarazo inesperado” accedan a “información veraz” (es decir, no ideológica) y tengan “alternativas”, entre las que se sugiere, un tanto crípticamente, facilitar dar el hijo en adopción mediante una reforma legislativa.

Vox se ha posicionado siempre como partido pro-vida, pero se ha decantado más por medidas positivas en apoyo de la maternidad que por la prohibición total del aborto, al menos en voz alta. En mi opinión, esas medidas positivas son imprescindibles, pero también lo es la prohibición, si no total, al menos despenalizando sólo supuestos muy restringidos, como se ha hecho en Polonia. Por eso, aunque me parezca correcta, la redacción de la medida 75 me deja insatisfecho. Debemos ser más contundentes, orillando los cálculos demoscópicos de cortas miras. Probablemente, hoy por hoy, hay más personas opuestas al aborto que al Estado autonómico, así que no entiendo por qué Vox se contiene en este tema vital (nunca mejor dicho) de la guerra cultural, hasta caer a veces en una aparente tibieza, que no hallo en sus bases.

En cambio, en su oposición a la ideología de género, Vox sí que no teme batirse en solitario. No sólo ello, sino que cuenta entre sus miembros con Alicia Rubio, autora de unos de los ensayos fundamentales en español sobre este tema: Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Esta batalla es crucial, porque como han explicado documentadamente Agustín Laje y Nicolás Márquez en otro libro imprescindible, El libro negro de la nueva izquierda, hoy la ideología de género-LGTB es la forma que ha adoptado del neomarxismo para continuar con su obra de subversión y destrucción de la civilización occidental. Todo partido que realmente se postule como una alternativa a la hegemonía progresista y quiera hacer frente al despotismo de la corrección política tiene que ser beligerante en esta cuestión.

Séptima razón:

93. Reforma del Poder Judicial para una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo general del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia. Supresión del Tribunal Constitucional, sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo.

Esta medida, aunque posiblemente sea menos llamativa para el ciudadano común, es de una importancia difícil de exagerar. El actual reparto de magistrados del TS y del CGPJ por acuerdos entre los partidos, principalmente el PP y el PSOE, llega a niveles tan impúdicos que algunos fallos judiciales se explican meramente por razones de obediencia partidista e ideológica. Pero lo peor es el papel que ha tenido el Tribunal Constitucional en nuestra historia democrática, instrumento de algunas de las peores fechorías perpetradas por el poder ejecutivo, la última de las cuales fue la legalización del brazo político de ETA, como parte del pacto gubernamental con la organización terrorista.

Relacionadas con esto, destacaría también la medida 87, que defiende la “desarticulización efectiva de ETA”, en contra de la mentira oficial de la derrota de ETA (otra obra imprescindible: La derrota del vencedor, de Rogelio Alonso). Y todavía en el ámbito de la Justicia y las libertades, simpatizo también con la medida 86, contra el movimiento okupa y favorable a ampliar la legítima defensa en los casos de allanamiento de morada, así como la 90, que defiende la cadena perpetua sin plegarse al eufemismo de la prisión permanente revisable, revisión que en la mayoría de países se da por descontada, sin necesidad de tantos melindres verbales.

Estas son las propuestas que más me han reafirmado como afiliado y votante de Vox. Por supuesto, animo a leer, a quien no lo haya hecho aún, las medidas restantes. Serán unos veinte minutos magníficamente invertidos.

[1] Esto no es incompatible con un Estado fuerte, que proteja adecuadamente nuestras fronteras y soberanía nacional. Así, la medida 27 defiende incrementar el presupuesto de Defensa, cosa que me parece absolutamente necesaria, en contra del buenismo pacifista reinante.

Qué buen vassallo si oviesse buen señor: Alejandro Fernández sobre Vox y el separatismo

Alejandro Fernández ha obtenido el apoyo de más del 98 % de los militantes para ser el próximo presidente del PP catalán. No sólo me alegro por alguien al que he votado unas cuantas veces, sino que estoy convencido de que es la elección óptima para todos aquellos que no se planteen ninguna opción distinta del PP. Alejandro es una de las mejores cabezas que tiene este partido en toda España, además de un fenomenal orador parlamentario, y a las pruebas de YouTube me remito.

Debo decir además que siempre le estaré agradecido por presentar en Tarragona, hace seis años (cómo pasa el tiempo), mi libro Contra la izquierda, al que dedicó amables elogios. Todo lo cual no impide que, desde hace más de un año y medio, quien escribe sea afiliado de Vox (lo que nunca fui del PP) y hoy tenga que criticar a Alejandro Fernández, a cuenta de la entrevista que le hicieron el viernes en RNE.

Alejandro salió airoso en términos generales de las preguntas de la periodista Meritxell Planella, hablando con una propiedad y claridad muy superiores a las que nos tienen acostumbrados la mayoría de políticos. Pero hubo dos cuestiones cruciales en las que resultó francamente decepcionante. La primera, sobre si cree que los separatistas han perpetrado violencia; la segunda, sobre Vox.

Empiezo por la última. En rigor, no tengo derecho a sentirme decepcionado, porque no podía esperar que el próximo presidente del PP de Cataluña fuera a defender a otro partido. Aunque evitó calificar a la formación dirigida por Santiago Abascal de ultraderechista, como hacen rutinariamente la mayoría de medios, sí la tachó de populista, un adjetivo que ya empieza a estar tan devaluado como el otro, por lo mucho que se abusa de él. Llega un momento que, hartos de tanta estigmatización de todo lo que se salga de los cauces marcados por el bipartidismo socialdemócrata, muchos hemos acabado diciendo: “Pues si pensar A o B es ser facha/populista, de acuerdo: soy facha/populista.”

Pero, no contento con valoraciones genéricas, Alejandro se refirió muy desafortunadamente a una de las propuestas más llamativas de Vox, aunque para mí hay otras no menos importantes, como las que lo oponen en solitario a la ideología de género. Me refiero a la supresión de las autonomías. Alejandro Fernández sostuvo que desmantelar el Estado autonómico es tan imposible como la independencia de Cataluña: ambas cosas suponen, llegó a decir, “la autodisolución de la nación española en los términos en que fue diseñada en 1978”.

Como bien sabe quien ha sido profesor de Ciencia Política, la nación española no fue “diseñada” en 1978, sino que existía desde siglos antes. La Constitución no hace más que reconocer este hecho, sobre el que se fundamenta ella misma, tal como lo formula explícitamente el artículo 2. Así que una reforma constitucional en un sentido centralizador (eliminación de la mayor parte del Título VIII y unos leves retoques más), por difícil que resulte reunir las mayorías cualificadas necesarias, no puede compararse ni en broma con los planes de quienes, más que una nueva constitución, lo que pretenden es acabar con la propia nación española.

Equiparar a Vox con los independentistas, aunque sea como mero ejercicio intelectual, es una jugada tan sucia como la que el PSOE lleva haciendo toda la vida con el PP, cuando lo acusa de la “crispación” y de ser una “fábrica de independentistas”. Por eso me ha sorprendido que un político inteligente y habitualmente elegante como Alejandro se rebaje a emplear procedimientos tan groseros para atacar a Vox.

Claro que suprimir el Estado autonómico supone una reforma constitucional de calado y que este no es un objetivo asequible a corto ni a medio plazo, cosa que no se le puede escapar ni al simpatizante más simple de Vox. Por eso, mientras tanto, este partido defiende que se devuelvan al Estado central las competencias de Seguridad, Sanidad y Educación.

Todo lo que propone Vox es factible, con mayor o menor dificultad, por vías legales y democráticas, mientras que lo que han hecho los separatistas es romper públicamente con la Constitución, lo que técnicamente se conoce como un golpe de Estado. Tampoco hay que olvidar que son muchos más (y creciendo) los españoles partidarios de volver a un Estado unitario, con mayor o menor descentralización, pero sin diecisiete onerosos parlamentitos y gobiernitos, que los que apoyarían la secesión de una parte del territorio nacional si se les consultara.

Voy ahora a la primera pregunta, sobre el delito de rebelión. Alejandro se limitó a decir, en resumen, que hay que respetar las decisiones judiciales. Sin duda, nunca está de más recordarlo, pero este respeto no es incompatible con expresar la propia opinión, máxime cuando estamos asistiendo a una campaña de manipulación no sólo del separatismo, sino también del progresismo, con La Sexta como punta de lanza, que al tiempo que evita cuidadosamente divulgar los concienzudos razonamientos del juez instructor del Tribunal Supremo y de las acusaciones, en los que se sustenta el procesamiento por delito de rebelión, recaba todas las opiniones de juristas y no juristas que puede encontrar en sentido contrario, ofreciéndoles horas y horas de pantalla para explayarse.

De este modo, un ciudadano que no tenga por costumbre informarse activamente, acudiendo a las fuentes judiciales, fácilmente puede acabar pensando que a lo mejor nos estamos pasando con los independentistas, que no son más que unos buenos chicos, acaso algo atolondrados, que defienden inofensivamente sus ideales, por lo que deberían estar con sus familias y no en prisión preventiva. Y no es que Alejandro comulgue lo más mínimo con este estado de opinión que se pretende crear, tal como se aprecia por el mensaje de Twitter que publicó pocas horas después de la entrevista:

“No fue sólo ‘por votar’. Fue una insurrección para ‘defender las urnas’ físicamente, impidiendo a la policía ejecutar una resolución judicial. Violencia pura y dura. Ahora que no pretendan hacerse pasar por los ositos amorosos. No nos engañan.”

alejandro

Lo que precisamente no logro comprender es que alguien con las ideas tan claras, y que sabe expresarlas inmejorablemente cuando quiere, desaproveche la oportunidad (desde un medio público y en un horario con un número de oyentes nada desdeñable) para contrarrestar en alguna medida la mencionada campaña a favor de los acusados y en contra de nuestro sistema judicial[1]. Hubiera bastado que respondiera a la sencilla pregunta que le hacía la entrevistadora: “Sí, en mi opinión el 1-O y los días previos y posteriores hubo violencia por parte de los independentistas, por las siguientes razones…”

Tal como explica pormenorizadamente el escrito de conclusiones de la Fiscalía, esa violencia se produjo de dos maneras: Una, mediante la movilización de muchedumbres fanatizadas (y parte de ellas adiestradas) para que opusieran resistencia a la actuación de las fuerzas del orden, sabiendo, al menos desde los graves disturbios del 20 de setiembre, que ello implicaba riesgo evidente de daños a las personas y a las cosas, como efectivamente se produjeron. Y otra, mediante la utilización de una fuerza policial armada de más de 17.000 miembros, como son los Mossos d’Esquadra, para que sabotearan las órdenes judiciales de impedir un referéndum ilegal, colaborando con apenas disimulo en proteger las votaciones, vigilando los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y llegando incluso al enfrentamiento con ellas en algunos centros de votación, a fin de impedir que los clausuraran.

El mero hecho de que los dirigentes separatistas tengan a miles de agentes armados bajo sus órdenes ya tiñe por sí mismo de rebelión sus flagrantes violaciones de las leyes y sus reiteradas desobediencias a los jueces. ¿O es que alguien piensa que en una comunidad autónoma sin su propia fuerza policial, con su “potencial efecto intimidatorio” (expresión del malogrado fiscal José Manuel Maza), se hubiera llegado tan lejos en la ruptura con el Estado central?

Esa capacidad intimidatoria de los Mossos al servicio de la conspiración separatista la confirmó el Consejero de Interior Joaquim Forn cuando sostuvo que “si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política no habrá ninguna colisión entre policías”. ¿Qué diferencia conceptual hay entre estas palabras (recogidas por la Fiscalía) y las de un secuestrador que amenaza a sus rehenes advirtiéndoles de que nadie sufrirá ningún daño “si se porta bien”?

Mientras el presidente electo del PP de Cataluña se limita a decir en una emisora de radio pública que respeta las decisiones de los jueces (faltaría más), Vox se ha constituido en acusación popular contra los principales dirigentes separatistas, siendo decisiva la actuación de este pequeño partido (por ahora extraparlamentario) para llevar a los golpistas ante la Justicia. Sólo por esto, aunque hay muchas otras razones, y aunque el PP cuente todavía con dirigentes tan buenos como Alejandro Fernández (qué buen vassallo, si oviesse buen señor), cada vez somos más los que votaremos al partido fundado por Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara. Nos llamen lo que nos llamen.

[1] En realidad, sí creo comprenderlo. Alejandro Fernández, como avezado político profesional, es consciente de que un discurso demasiado potente, al que no están acostumbrados nuestros periodistas salvo si es de extrema izquierda o separatista, puede tener como consecuencia que no lo vuelvan a llamar más desde RNE ni otros medios. Quizás sea esta la principal diferencia entre la vieja y la nueva política que encarna Donald Trump, que se siente con fuerza suficiente para romper con el periodismo tradicional, porque es capaz de puentearlo y comunicar directamente con el público sin el prisma deformante del progresismo. Si esto era el “populismo”, bienvenido sea.

El necesario debate sobre la nacionalidad

Trump ha propuesto abolir la ley por la cual todo recién nacido en Estados Unidos, sea cual sea el origen de sus padres, es automáticamente ciudadano de este país. Los medios han reaccionado pavlovianamente, como hacen ante cualquier noticia que tenga que ver con el presidente norteamericano: es un ignorante que no sabe que la decimocuarta enmienda de la Constitución lo prohíbe, o bien es un mentiroso que lo sabe perfectamente pero que arroja carnaza a sus potenciales votantes; ya saben, esos palurdos blancos que guardan un arsenal en el sótano de casa, rezan antes de comer (¡integristas!) y se alimentan básicamente con hamburguesas y pastel de manzana.

Por supuesto, Trump no es un ignorante ni un mentiroso, pues la redacción de la 14ª Enmienda es interpretable. Dice así: “All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.” Subrayado mío: “y sujetas a su jurisdicción”. ¿Esto incluye a los hijos de inmigrantes ilegales? Parece cuando menos dudoso.

En cualquier caso, se diría que casi todos los periodistas se han convertido en entusiastas del ius soli, o derecho a la nacionalidad por nacimiento en un territorio. Y eso que entre los doscientos países que hay en el mundo sólo treinta (casi todos en el continente americano, por razones históricas bastante obvias) lo aplican estrictamente.

En España, la adquisición de la nacionalidad está regulada por los artículos 17 al 28 del Código Civil, el primero de los cuales dispone:

“Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o madre españoles
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España (…)”

La distinción entre español de origen y aquellos que han obtenido la nacionalidad española por otros medios, como los que prevén los siguientes artículos, es importante, pues la Constitución establece (art. 11.2) que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Dicho de otro modo, la Constitución no prohíbe que se pueda despojar de su nacionalidad a personas que originariamente no eran españoles. Vale la pena recordarlo a quienes se rasgaron las vestiduras cuando Santiago Abascal amenazó con la expulsión de España del dirigente de Podemos Pablo Echenique, de origen argentino, por sus ataques a nuestro sistema constitucional.

Si el ius soli rigiera en España, los españoles de religión musulmana aumentarían a un ritmo mucho mayor del que ya lo hacen actualmente; en unas pocas décadas, un partido islamista podría obtener una mayoría en el parlamento. No es que esto sea ahora impensable. Por ello, entre otras razones, Vox propone diversas medidas (17, 19 y 20 de su documento “100 medidas para la España Viva”) para endurecer los requisitos de nacionalización.

Vox, como Trump, no hace más, en este tema como en muchos otros, que plantear propuestas de sentido común, que cualquier persona que desee un mejor futuro para sus hijos verá con buenos ojos, por mucho que los grandes medios de comunicación traten de lavarle el cerebro a diario con sus consignas buenistas y globalistas.

El debate sobre quién tiene derecho a la nacionalidad de un país, y en qué condiciones esa nacionalidad, una vez obtenida, puede ser revocada, es insoslayable, especialmente en una Europa bajo la sombra del expansionismo islámico. Sólo quienes detesten sus propias raíces cristianas pueden ver con satisfacción la disolución de nuestras identidades religiosa y nacionales por la invasión de señoras tapadas de la cabeza a los pies empujando cochecitos de bebés. A los demás nos tiene que preocupar, y mucho.