Fantasías sadofascistas

Las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, acusando al Gobierno español de haber amenazado con derramamiento de sangre a los dirigentes secesionistas, no deberían sorprendernos lo más mínimo. Se inscriben en la estrategia invariable del separatismo, consistente en demonizar a España presentándola como un Estado fascista. Y si de paso los jueces belgas se dejan impresionar como acostumbran, mejor que mejor.

Las fantasías violentas de Rovira apuntan mucho más allá del partido gobernante en Madrid: “Este régimen del 78… era una broma porque ni tan solo ha servido para frenar el franquismo y el fascismo, que está presente en el sistema político español y que actúa impunemente en nuestro país… Ahora… surge la bestia del franquismo otra vez…”

No quiero ni pensar en lo que estarían diciendo algunos, si en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre alguien hubiera muerto al desnucarse contra el bordillo de una acera, en la confusión de una carga policial. De haber ocurrido una desgracia semejante, las consecuencias fácilmente habrían derivado en una radicalización de la rebelión separatista, que posiblemente habría desencadenado esa intervención del Ejército con la que sueñan muchos militantes de ERC y la CUP. A algunos de ellos, como el diputado Gabriel Rufián, ya sabemos al menos cómo les excitan unas esposas.

El riesgo fue en efecto altísimo. Y fue un riesgo que podía haberse evitado aplicando el artículo 155 antes del 1 de octubre, a fin de impedir de raíz la perpetración del referéndum ilegal. Tiempo habrá para pedirle responsabilidades a Mariano Rajoy por su incomprensible demora en la aplicación de la Constitución. Pero no es el momento ahora.

Gracias a Dios, los secesionistas no tuvieron suerte; no hubo muertos, ni siquiera uno solo, cuando más los necesitaban para orquestar irresponsablemente una “primavera catalana” con resultados tan espléndidos como los que tuvieron sus análogas árabes. Pero ello no les lleva a renunciar a su estrategia clásica. Es la misma, por cierto, que utilizan los comunistas cuando acusan al capitalismo de la miseria, de todas las guerras del planeta y hasta de catástrofes meteorológicas, a fin de blanquear los cien millones de muertos causados por la ideología marxista.

Es la misma estrategia también de la que se valieron las izquierdas en 1936, aprovechándose de bulos atávicos sobre francotiradores apostados en conventos, o frailes que envenenaban las aguas, a fin de justificar el asesinato de miles de religiosos. Es el método, en fin, que utilizaron los nacionalsocialistas con sus caricaturas de judíos usureros y violadores de inocentes doncellas arias, como parte de la preparación psicológica de la población para la Solución Final.

No hay mejor medio para justificar cualquier crimen que deshumanizar a tu enemigo, que pintarlo como una bestia perversa contra la cual todo vale. Marta Rovira odia la Constitución democrática de 1978, esa constitución que ella considera fascista, a pesar de que durante los cuarenta años de su vigencia los únicos que han asesinado a centenares de españoles por razones políticas han sido los enemigos de la carta magna y de la nación española, casualmente militantes de extrema izquierda y separatistas, algunos de cuyos miembros han sido agasajados por las instituciones catalanas, y otros integrados en el partido de Rovira y organizaciones afines.

También yo tengo más de un reproche que hacerle a nuestra Constitución, no crean. El principal de ellos, carecer de un artículo que excluya a partidos que aticen el odio etno-nacional, como hace Esquerra Republicana de Catalunya, sin ir más lejos. Algo en la línea de lo sugerido por el catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona Adolf Tobeña, en la página 176 de su libro La pasión secesionista. Debe tratarse de otro redomado fascista.

Anuncios

Puigdemont en Bruselas o la Leyenda Negra 3.0

La huida del Poc Honorable Carles Puigdemont a Bélgica no responde a una elección geográfica casual. El expresidente del gobierno autonómico catalán se encuentra prácticamente en el epicentro, en la cuna de lo que se conoce como Leyenda Negra. Los Países Bajos comprendían en el siglo XVI lo que hoy son Holanda, Bélgica, Luxemburgo y territorios del norte de Francia. Y fue allí donde la propaganda protestante-orangista contra el Imperio español y contra el catolicismo alcanzó un éxito espectacular. Hasta el punto de que todavía hoy los propios españoles nos seguimos creyendo los más manidos tópicos sobre el malvado imperialismo hispánico y la odiosa Inquisición.

Las probabilidades de que un juez belga, nublado por históricos prejuicios hispanófobos, se compadezca del pobre Carles, perseguido por el represor Estado español, inquisitorial y franquista, y le conceda unas vacaciones de un par de meses en el país de Tintín, son considerables. Sin duda el cesado presidente de la Generalitat ha tenido en cuenta esto a la hora de elegir el destino de su poc honorable fugida.

No son ajenos a esta cuestión los paralelismos existentes entre los antiguos Países Bajos y Cataluña, salvando todas las distancias. España jamás se apoderó de Cataluña por conquista. Los antiguos condados catalanes, bajo la hegemonía del condado de Barcelona, pasaron por razones dinásticas a la Corona de Aragón, la cual terminó uniéndose con Castilla por el matrimonio de los reyes Fernando e Isabel, como sabe cualquier escolar, salvo quizás los catalanes, cuyos temas de Historia de España han sido suplantados por la historieta de los Països Catalans.

Análogamente, jamás España se apoderó de los Países Bajos por conquista militar. El emperador Carlos V, nacido en Gante (actual Bélgica, en el Flandes Oriental) era tan legítimo soberano de las tierras flamencas como rey de Castilla y de Aragón, por mero derecho sucesorio. Como nos relata María Elvira Roca en su libro Imperiofobia y leyenda negra, del que extraigo los entrecomillados siguientes, tampoco existió ninguna revuelta popular contra España, sino una guerra civil promovida por los intereses de la alta nobleza local, que se sentía perjudicada por los planes imperiales de estructurar el territorio “al modo de un estado federal.”

Los orangistas vencieron esa guerra en gran medida gracias a su hábil y sistemático uso de la propaganda. Esta supo presentar a los españoles como unos invasores, a pesar de que en gran medida las tropas leales al monarca eran flamencas; creó asimismo su propio panteón de mártires y logró convencer a muchos de que los impuestos que pagaban los holandeses servían para financiar las deudas del Imperio. “Fueron necesarios muchos años de intensa propaganda y el concurso de los predicadores calvinistas para convencer a una parte de la población neerlandesa de que eran explotados y oprimidos, y de que, por lo tanto, debían rebelarse contra el rey.” A estas alturas supongo que les va sonando el cuento.

Si luteranos, calvinistas y orangistas fueron los inventores de la propaganda política moderna, basada fundamentalmente en caricaturas y estereotipos sin base real, repetidos mecánicamente gracias a la recién inventada imprenta, sus más adelantados discípulos han sido los comunistas y los nacional-socialistas del siglo XX, que tuvieron a su disposición el poder de la radio y el cine. El primer ensayo general de la Leyenda Negra 2.0, o leyenda antifranquista, fue el relato de la represión de la revolución de Asturias de octubre de 1934, magnificada con impúdico sectarismo para contribuir decisivamente a la victoria del Frente Popular en las elecciones fraudulentas de 1936. El antifranquismo posterior transfiguró a las mismas izquierdas que se cargaron la República en sus heroicas defensoras, frente a un alzamiento promovido por una rancia conspiración de militares, curas y terratenientes. Los antifranquistas habrían combatido épicamente al dictador Franco de modo que ahora mismo están, por fin, a un paso de derrotarlo, aunque el general se resiste obcecadamente desde la tumba donde fue enterrado hace más de cuarenta años.

En estas circunstancias estamos asistiendo a una nueva edición de la Leyenda Negra, conocida también como el procés. Los elementos que la componen son fácilmente reconocibles. Tenemos una sociedad dividida, como es la catalana, entre partidarios de la unidad de España y adeptos al separatismo. Tenemos a una oligarquía local que ambiciona un poder sin cortapisas y la impunidad plena por décadas de corrupción sistémica, la cual ha conseguido, mediante su control de la enseñanza y la comunicación pública, convencer a una parte de la población de que el conflicto es con España.

Tenemos, por descontado, las listas de agravios, como las balanzas fiscales, la insuficiente inversión en infraestructuras o en becas, y cualquier otro problema real o imaginario susceptible de ser atribuido a una supuesta obsesión de Madrid por perjudicar y humillar a los catalanes.

Y tampoco faltan los mártires. Primero, los más de ochocientos heridos por la represión policial del referéndum ilegal del 1 de octubre, número suministrado por los separatistas e inflado con personas atendidas por los servicios sanitarios sin la menor lesión,  crisis de ansiedad, caídas accidentales, forcejeos con las fuerzas del orden, un infarto y sólo una lesión grave provocada directamente por la policía, debido al impacto ocular de una pelota de goma antidisturbios.

Añádanse al martirologio nacionalista los miembros del govern y los dirigentes de las asociaciones separatistas encarcelados tras presentarse a declarar a la Audiencia Nacional. Unas decisiones judiciales de las que se acusa demagógicamente al ejecutivo y que son pintadas como un ataque a la democracia y los derechos humanos.

A fin de sostener esta victimización, la Leyenda Negra 3.0 pretende hacernos creer que el proceso separatista es intachablemente pacífico, cuando desde el principio ha contado con el poder de una fuerza policial de 17.000 agentes autonómicos, sin la cual hubiera sido inconcebible que el Estado hubiera permitido la reiterada violación de las leyes y las resoluciones judiciales de los últimos dos años. Cuando al conseller de Interior Joaquim Forn le preguntaron, en una entrevista publicada el 11 de octubre, si podía producirse un enfrentamiento entre Mossos por un lado y Policía Nacional y Guardia Civil por otro, respondió que “si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá ninguna colisión entre policías.” Lo cual no es conceptualmente muy distinto del atracador de un banco que advierte de que nadie sufrirá ningún daño si se pliega a sus exigencias.

Pero sobre todo, el procés ha contado con el poder intimidatorio de las masas de fanáticos movilizadas por los dirigentes separatistas. Hablamos de muchedumbres tumultuarias como la de 40.000 personas que sitió durante horas a los agentes que realizaban un registro en la Conselleria de Hacienda, los días 20 y 21 de setiembre, destrozando varios coches patrulla. O los miles de personas que se encerraron en centros públicos y se concentraron delante de ellos desde tempranas horas del 1-O, con la manifiesta intención de impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales por la fuerza del número (el “muro humano” que pedía la diputada de la CUP Anna Gabriel) y que hirieron con su “resistencia pacífica” a decenas de agentes policiales. O también los escraches nocturnos ante los lugares de alojamiento de policías y guardias civiles desplazados a Cataluña, que con la ayuda de amenazas mafiosas contra los directivos de algunos hoteles, lograron en algunos casos la expulsión de las fuerzas del orden.

Gracias a Dios, hasta ahora no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, como consecuencia de los tumultos protagonizados por las muchedumbres separatistas. Pero también el golpe de Estado del 23-F fue incruento, y ello no impidió al tribunal que juzgó al teniente coronel Antonio Tejero condenarlo a treinta años de cárcel por el delito de rebelión, al estimar, entre otras razones, que la obligada oposición de las autoridades legítimas a los planes de los rebeldes podía haber sido causa de derramamiento de sangre.

La propaganda del procés tiene que presentarlo como inmaculadamente democrático y pacífico porque sólo de este modo, por contraposición a esta falsa imagen de inocencia, las medidas tomadas por el Estado, aunque se basen en la más escrupulosa legalidad, aparecen como incomprensiblemente represoras e incluso violentas. Si consiguen que incluso los no separatistas interioricen esta nueva edición de la Leyenda Negra que se está fraguando ante nuestros ojos, su triunfo será inevitable.

Me gusta el olor a BOE por la mañana

Esta mañana, al leer en el BOE los ceses de Puigdemont, Junqueras y el resto de consejeros de la Generalitat, además de diversos altos cargos autonómicos, incluyendo el mayor de los Mossos, he experimentado una satisfacción sin paliativos. Ni siquiera el editorial de Luis del Pino en es.Radio, con su teoría de un pacto secreto entre el expresidente de la Generalitat y Mariano Rajoy, ha logrado empañar mi alegría matutina. Trato de explicarme.

Es verdad que la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, anunciada ayer por Rajoy, nos cogió a muchos desprevenidos. Si ya nos parecía precipitado el plazo apuntado incialmente de sólo seis meses para aplicar el artículo 155, no digamos fijar los comicios autonómicos para dentro de 55 días. A primera vista, parecía una broma. Pero a veces una propuesta inopinada sirve para, pasado el estupor inicial, tomar en consideración otro modo de ver las cosas.

La idea de prolongar lo máximo posible la intervención de la Generalitat tenía su lógica: primero se restablecían la legalidad y la normalidad, tomándose el tiempo que hiciera falta, y sólo después el gobierno central disolvía el parlamento autonómico y organizaba unas elecciones en condiciones. Pero esta bonita teoría presentaba dos problemas que, con ser evidentes, quizás no hemos tenido suficientemente en cuenta, al menos entre los contrarios a la secesión.

En primer lugar, por mucho que el gobierno se empeñe retóricamente en negarlo, el artículo 155 es una suspensión del autogobierno. Según el Real Decreto publicado hoy mismo, las funciones del presidente de la Generalitat son asumidas por el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, quien a su vez las delega en la vicepresidenta, Soraya Sáenz. (R.O. 944/2017, de 27 de octubre, artículos 3 y 7.) Es decir, que durante unos dos meses, Cataluña estará gobernada directamente desde Madrid, hasta que tome posesión el nuevo gobierno regional salido de las urnas, supongo que en enero de 2018.

Por supuesto, no pasa absolutamente nada por ello. Toda Francia es gobernada directamente desde París, dejando de lado unas limitadas competencias municipales y departamentales, y nadie con dos dedos de frente clama al cielo por unos derechos civiles supuestamente pisoteados de los ciudadanos galos, ni tacha a nuestro país vecino de ser una dictadura represora.

Sin embargo, tampoco se nos puede escapar que prolongar mucho una situación de intervención en Cataluña implicaría un riesgo de desgaste político enorme para el gobierno central. Con los nacionalistas (y con la izquierda siempre dispuesta a no desaprovechar una oportunidad electoralista, aunque sea al precio de hacerle el caldo gordo a los enemigos de España) jugando a lo que mejor saben hacer, que es el victimismo y su eterna guerra de guerrillas imaginaria contra el fantasma de Franco, la situación en la comunidad catalana tendría muchas posibilidades de complicarse aún más, en lugar de enderezarse.

El segundo problema es mucho más hondo. Restaurar una auténtica normalidad en Cataluña, tras casi cuarenta años de régimen nacionalista, tampoco se puede hacer en unos meses. Se requerirán probablemente décadas, y lo que es enormemente difícil, un gobierno o gobiernos en Madrid con el coraje y la lucidez suficientes para encarar esta cuestión. Un semestre, un año o incluso alguno más servirían casi de tan poco como el par de meses que prevén las medidas tomadas ayer por la Moncloa, tras la aprobación del Senado. En cambio, haber convocado ayer mismo las elecciones tiene dos ventajas nada desdeñables.

La primera ventaja inmediata es que se envían a casa todos los diputados separatistas. Sólo con dejar de padecer el espectáculo de las tipas de la CUP, con sus camisetas feminazis y abortistas, repantigadas en sus escaños, generosamente pagados con nuestros impuestos, ya vale realmente la pena. Por no hablar de algo tan vital como evitar la ocasión de que algunos conviertan la cámara autonómica en una sede revolucionaria de la “soberanía” del poble de Catalunya, en la cual pudieran desarrollarse escenificaciones melodramáticas de la resistencia “democrática” contra la “opresión franquista” y bla, bla, bla.

La segunda ventaja no es más que el exacto reverso del problema que señalaba en primer lugar. Al aplicar el 155 al mismo tiempo que convoca elecciones, Rajoy ha destrozado prácticamente el argumentario victimista de la opresión-del-Estado-franquista-y-tal-y-cual. Seguramente, no dejarán de hacerse los mártires, pero, con elecciones plenamente democráticas a la vuelta de la esquina, estas imposturas tendrán mucha menos credibilidad y dramatismo.

Por todo ello, no me convence la teoría de Luis del Pino sobre un acuerdo entre Rajoy y Puigdemont para celebrar elecciones, cada cual contentando a sus respectivas bases. Según el periodista de es.Radio, uno haría como que declara la independencia, y el otro como que aplica el 155. Pero, siempre según esta hipótesis, la declaración separatista sería puro teatro, sin sustancia legal alguna, y la aplicación del susodicho artículo constitucional quedaría totalmente descafeinada por lo reducido del plazo.

En mi opinión, sería un grave error banalizar lo que ocurrió ayer en el parlament. Los adjetivos ya rutinarios del lenguaje periodístico y político como esperpéntico, kafkiano o surrealista, aunque tengan su innegable valor descriptivo, yerran en lo esencial si pretenden que nos lo tomemos a broma. Por supuesto que se trató de un acto ilegal (uno más, y hemos perdido la cuenta), inválido de raíz desde el punto de vista del derecho. Pero lo cierto es que en todo el mundo se percibió como un gesto explícito de rebelión de una institución representativa, y la gravedad de un hecho semejante no puede eludirse mediante sutilezas jurídicas.

En cuanto a la escasa duración de la intervención del gobierno autonómico, como he dicho, tampoco un período mayor sería suficiente, y probablemente sólo serviría para alimentar la agitación nacionalista e izquierdista. Hay que tener en cuenta que el Estatuto de Cataluña fija un plazo máximo de 60 días para celebrar elecciones autonómicas desde la disolución del parlamento de la comunidad por el presidente. Al enviar a casa a gobernantes y diputados de la Generalitat ayer mismo, Rajoy podía convocar los comicios, como muy tarde, en plenas celebraciones navideñas, lo que se ha evitado fijándolos cinco días antes del agotamiento del citado plazo. Y lo principal que hay que hacer, que es remover a consellers, altos cargos y diputados separatistas, así como organizar un proceso electoral con garantías, no requiere mucho más tiempo.

¿Significa lo anterior que Rajoy es ahora un estadista brillante o incluso genial? Lamentaría producir la sensación de que esta es mi opinión. Los precedentes de un gobernante que dilapidó su anterior mayoría absoluta para consolidar el nefasto legado ideológico y político de su predecesor nos vedan cualquier optimismo. Rajoy aún puede equivocarse gravemente si permite que Puigdemont y sus cómplices sigan en libertad los próximos días, eludiendo la acción de la Justicia, y en los meses siguientes, si se inicia un proceso de reforma constitucional en la dirección que muchos nos tememos: más concesiones a los nacionalistas periféricos y, con la complicidad de PSOE y Ciudadanos, blindaje de “derechos” espurios, que en realidad lesionan y vacían de contenido a los verdaderos derechos, como son la libertad de expresión, elegir la educación de los propios hijos y la libertad religiosa.

Pero déjenme disfrutar al menos por hoy de las medidas tomadas por el gobierno. Existe un mundo de diferencia entre que las elecciones las haya convocado Rajoy y que lo hubiese hecho Puigdemont, aunque sea más o menos por las mismas fechas. Lo segundo significaría tener que soportar dos meses más (¡dos eternos meses!) a unos gobernantes rebeldes, haciendo de las suyas, chuleando al Estado e insultando a todos los españoles. Ahora, al menos, los dirigentes separatistas que no tengan que defenderse de graves acusaciones judiciales estarán muy ocupados tratando de convencer a sus seguidores de que presentarse a unas elecciones autonómicas, convocadas desde Madrid, y tras haber proclamado la República catalana, no es tomarles por auténticos idiotas.

Algunos temen, y es comprensible, que los separatistas puedan volver a obtener mayoría en el próximo parlament. Pero creo que el poco tiempo que tienen para recomponer y desviar la desilusión de los suyos (que puede derivar en un cabreo mayúsculo, con perdón por la expresión) va a jugar en su contra, y en cambio juega a favor de la “mayoría silenciosa” que despertó el pasado 8 de octubre en la gran manifestación de Barcelona, que espero vuelva a tener de nuevo un gran éxito mañana y que es la única que puede cambiar para bien la historia de Cataluña y de toda España.

Postureísmo

Podemos definir el progresismo, en sentido amplio, como aquel conjunto de ideas sostenidas por quienes defienden (lo que ellos creen que es) el progreso. Naturalmente, a un progresista le sobran las palabras entre paréntesis. Él sabe perfectamente qué es el progreso; ya ha establecido dogmáticamente que el aborto, la eutanasia o el Estado-providencia contribuyen al aumento global de la felicidad.

Al eludir el debate sobre qué es realmente progreso, el progresista sólo acepta ser juzgado por sus nobles intenciones. Lo cual implica que estar en contra del progresismo te sitúe automáticamente en el bando de los malvados. Esta suplantación de la argumentación racional por el sentimentalismo sólo ayuda a quienes viven de ella, no a los desfavorecidos a los que se pretende representar. A continuación pondré tres ejemplos, entre muchos más que podríamos considerar, de cómo el progresismo estandar suele tener efectos contrarios a los que pretende.

La ONG Manos Unidas ha adoptado, sin duda con la mejor intención, un eslogan inconfundiblemente progresista: “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida.” Por lo pronto, no debemos llamarnos a engaño sobre el significado de “gente comprometida”. Aunque incluya a personas como los misioneros y voluntarios laicos que viajan a países pobres a fin de procurar instrucción, asistencia sanitaria, etc., basta con una ojeada superficial a la web de esta organización para enterarse de que la clase de compromiso al que se están refiriendo principalmente tiene poco que ver con sus principios católicos.

En una de las entradas acusan a la actual “economía de exclusión” de que millones de personas tengan una vida digna. Algo más abajo precisan que el número de hambrientos en el mundo se ha incrementado en veinte millones el último año a causa de “la mercantilización de los alimentos, la insostenibilidad de la producción y la pérdida y el desperdicio de alimentos.”

A nadie que no sea un ingenuo se le puede ocultar que “economía de exclusión” es un eufemismo de apariencia inocente para referirse al capitalismo o a la economía de mercado. Por si hubiera alguna duda, lo confirma la expresión “mercantilización de los alimentos”. Es decir, quienes diseñan el discurso de la ONG sugieren que hay alguna alternativa a que los productos alimentarios se intercambien libremente entre productores, distribuidores y consumidores. No entran apenas en detalles sobre dicha alternativa, pero en esto coinciden con partidos políticos comunistas como Podemos o la CUP.

No vale la pena detenerse demasiado en los otros dos factores que citan. La insostenibilidad de la producción entra en contradicción con el eslogan antes citado. ¿No dijimos que lo importante no es producir más alimentos, sino repartirlos mejor? En cuanto al desperdicio de comida, aunque sin duda sea lamentable, y probablemente se puede reducir (pero no totalmente, mientras nuestro universo esté regido por la segunda ley de la termodinámica), no es ninguna solución al problema del hambre mundial, salvo que ignoremos olímpicamente los costes de logística.

Al apostar implícitamente por ideologías izquierdistas que una y otra vez han fracasado, los comunicadores de Manos Unidas ponen la ideología por delante del Evangelio… y de la realidad. Con toda seguridad, es falso que no se necesiten más alimentos en el mundo, y es toda una irresponsabilidad sugerir que la cuestión productiva ya está resuelta. Es cierto que no todos los países pueden producir todos los alimentos necesarios para sus poblaciones, pero sí podrían alcanzar un nivel de producción industrial y de servicios suficiente para obtener los alimentos que no producen, a través del comercio internacional. No basta por tanto con optimizar la distribución, y en todo caso, si algo ha demostrado que la favorece es la libertad de comercio, no los controles burocráticos. Entretanto, la caridad cristiana (tan denostada por la retórica anticapitalista) es el medio más humanamente efectivo para paliar una pobreza que acompaña al hombre desde que existe, pero que en las últimas décadas ha disminuido espectacularmente, y no gracias precisamente a los experimentos socialistas.

El segundo ejemplo tiene que ver con el cambio climático. Según el pensamiento progresista, las emisiones humanas de CO2 y otros gases están provocando un calentamiento global que se mantendrá en los próximos años con consecuencias catastróficas. Nadie puede demostrar estas predicciones, porque la ciencia se basa precisamente en ver si se cumplen sus predicciones para contrastar sus teorías. Todo lo que sabemos por ahora es que se ha registrado un incremento global de aproximadamente un grado centígrado en los últimos cien años, aunque no de forma lineal. Las causas de tal fenómeno pueden ser diversas, pero para los progresistas, cuestionar que la causa principal sea el hombre es prácticamente un crimen. Lo denominan negacionismo, utilizando pérfidamente la misma palabra que designa a quienes niegan el Holocausto.

Si la teoría resultara estar equivocada, estaríamos desviando ingentes cantidades de recursos en luchar contra una causa inexistente, y lo que es peor, estaríamos censurando cualquier línea de investigación que nos llevara a descubrir la verdad. Acaso debamos actuar en una dirección completamente distinta a la que pensamos, o bien puede que debamos centrar nuestros esfuerzos en prepararnos para unos cambios inevitables. O quién sabe, quizás no debamos hacer nada, porque nos encontramos en un ciclo climático que terminará en breve, y nos podamos ahorrar en regulaciones, subvenciones y multas miles de millones de euros, que se necesitan para muchas otras cosas.

Incluso aunque casualmente la teoría del cambio climático antropogénico fuera cierta, el empeño en imponerla políticamente provoca lógicas resistencias que se minimizarían fácilmente en un ambiente de libertad de pensamiento, sin cazas de brujas.

El tercer ejemplo nos lleva al tema de la violencia de “género”. (Entrecomillo el término porque además de ideológicamente cargado, es un anglicismo inadmisible en nuestro idioma: el género es una propiedad gramatical de determinadas palabras, no de personas, animales u objetos.)

El progresismo, como es sabido, sostiene que existe una violencia sistemática ejercida por los hombres contra las mujeres, en especial sus parejas o exparejas, de origen machista o patriarcal.

Sin embargo, a pesar del dinero que absorbe todo el tinglado organizado contra la violencia de “género”, que tan certeramente describe Alicia Rubio en un libro que no nos cansamos nunca de recomendar (Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres), cada año se producen decenas de asesinatos de mujeres, con variaciones estadísticas irrelevantes. La respuesta de las asociaciones feministas es que aún no se hace lo suficiente para erradicar el machismo en la sociedad. Estas influyentes asociaciones no ven otro remedio que doblar la apuesta, radicalizando sus programas de adoctrinamiento ideológico, a través de la enseñanza y los medios, y endureciendo la represión contra cualquier conducta u opinión que pueda interpretarse como “machista”.

Ahora bien, todo indica que esta radicalización no va a contribuir lo más mínimo a que descienda el número de homicidios de mujeres, sino al contrario. La ideología de “género”, convertida de facto en religión de Estado, al criminalizar al varón y conceptuar la familia tradicional como una institución básicamente opresiva para la mujer, no estaría haciendo otra cosa que favorecer las condiciones en que la violencia de pareja surge con más facilidad, que son las relaciones inestables y las rupturas familiares. Como ha señalado Theodore Dalrymple, “la extrema fragilidad y endeblez de las relaciones entre los sexos, combinadas con el persistente deseo de la posesión sexual exclusiva del otro, genera, como es natural, fuertes celos, que son la razón más común y poderosa de la violencia de género.” Por supuesto, los progresistas explican los celos con su plantilla infalible del machismo, pero omiten el hecho de que se dan también en las relaciones homosexuales (a menudo de manera muy intensa) y en todas las culturas, a despecho de antropólogos como Margaret Mead, cuyos paraísos tropicales de “inocencia sexual” demostraron ser puros fraudes científicos.

Aunque probablemente nunca se podrán reducir a cero los homicidios, la ideología de “género”, al negarse a considerar otra explicación  que no sea la teoría ultrafeminista del patriarcado opresor, obstruye cualquier línea de investigación y cualquier política que ayude a reducir efectivamente esos delitos, en lugar de limitarse a suministrarnos sentimientos de narcisismo moral.  Ante todo, está prohibido cuestionar el dogma fundamental de que cualquier “modelo de familia” (como se denomina en realidad a los resultados de la desintegración familiar) es igualmente bueno. Por resumirlo con las palabras de Roger Scruton: “La verdadera causa del problema, que es la erosión de la familia, ni siquiera puede mencionarse.”

En resumen, el progresismo sustituye la honesta búsqueda de soluciones por lo que coloquialmente se viene llamando el “postureo”. Puede que uno se sienta muy bien cuando condena el hambre en el mundo, el deterioro del planeta y el machismo, pero lo cierto es que los ya rutinarios rituales de “concienciación” a que nos tienen acostumbrados los medios no sirven absolutamente para nada, salvo para respaldar ideologías que probablemente agravan los problemas que aseguran denunciar, se inventan algunos inexistentes y desvían la atención de otros.

Algunos dirán que eso no es el “verdadero” progresismo, como ciertos comunistas tratan de desmarcarse de los crímenes cometidos por Stalin (suelen olvidarse de Lenin, Mao, Castro y el Che Guevara, entre otros) asegurando que en ningún sitio (qué mala suerte) se llegó a aplicar el auténtico ideal comunista. Pero ¿qué queremos salvar cuando defendemos una simple palabra –progresismo, socialismo, feminismo, etc. – antes de ponernos de acuerdo sobre su contenido? La obsesión por situarse en el campo progresista antes de cualquier debate y cualquier indagación es en sí misma reveladora del síndrome farisaico o “postureísta” que aquí denunciamos, consistente en anteponer un sentimiento de superioridad moral a cualquier esfuerzo sincero y humilde de conocer la verdad y hacer el máximo bien posible.

¿Veis?

Mariano Rajoy se ha decidido por fin a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno de la Nación adoptar las “medidas necesarias” para obligar a un gobierno autonómico rebelde al “cumplimiento forzoso” de las leyes, previo requerimiento a su presidente. Lo hace muy tarde –como mínimo un mes tarde– y mucho me temo que tampoco lo llevará hasta el final, sino que Puigdemont todavía se comerá el turrón sin haber sido desalojado de su despacho y detenido. Pero en lugar de especular sobre lo que sucederá en los próximos días y semanas, concédanme volver escuetamente sobre el análisis de los acontecimientos pasados, e incluso de los últimos años.

El 10 de octubre, Puigdemont ofeció la enésima reedición del truco favorito del nacionalismo catalán, el que lleva empleando como mínimo desde que se sacó de la manga que Cataluña necesitaba desesperadamente un nuevo Estatuto, aunque la mayoría de catalanes no nos hubiéramos enterado. Declaró la independencia para, acto seguido, anunciar que proponía al Parlament suspender sus efectos a fin de iniciar un diálogo de igual a igual con el gobierno central. Naturalmente, si el gobierno accediera a este diálogo, otorgaría ya por ello su asentimiento a la independencia. De lo único que cabría dialogar sería acerca de los detalles, de cómo materializar ese proceso de separación de Cataluña.

Como previsiblemente el gobierno de la Nación no va a aceptar romper España, aunque sólo sea para no suicidarse políticamente, los separatistas podrán decir: ¿Veis? Se niegan a dialogar. Y así seguirán explotando ad nauseam su insufrible victimismo, tratando de recabar complicidades entre las legiones de tontos útiles nacionales e internacionales. Desde Pablo Iglesias y Ada Colau hasta esos hipócritas equidistantes de tertulias y periódicos, que terminan dando la razón siempre a los que odian a España (bueno, dicen “Estado español”, pues aman tanto a España que se cuidan mucho de nombrarla) pero haciéndose los estrechos, como enemigos de “todo” radicalismo.

Es exactamente el mismo procedimiento utilizado en el referéndum del 1 de octubre. Los separatistas plantearon su plebiscito ilegal como si el gobierno no les hubiera dejado otra salida, al negarse a negociar un referéndum de autodeterminación acordado, cosa que evidentemente no podía hacer sin reconocer por ello mismo dicho derecho de autodeterminación, sólo aplicable a territorios coloniales. Y así pudieron decir: ¿Veis? Este gobierno autoritario no nos permite votar. Nosotros sólo pedimos democracia.

Luego redondearon la jugada, animando irresponsablemente a la gente a participar de esa ilegalidad, a que se resistiera “pacíficamente” a las autoridades, poniendo por delante niños y ancianos, y con las cámaras a punto, para emitir sólo fragmentos de “agresiones” policiales descontextualizados, para sugerir su carácter arbitrario y desproporcionado. Así pudieron inventarse los ochocientos “heridos” como consecuencia de la represión policial, ya incluida en ese repertorio de mitos hispanófobos que repetirán incansablemente, hasta que incluso sus adversarios menos tontos acaben por asumirlos.

Remontándonos unos años atrás, vemos que es la misma táctica que ya se empleó con el nuevo Estatut. Se aprobó un texto deliberadamente inconstitucional, para que si el TC lo aceptaba tal cual, la Constitución dejara de tener plena vigencia en Cataluña. Como los magistrados lógicamente no tragaron con eso, sino que enmendaron el texto estatutario, los nacionalistas dijeron: ¿Veis? Nos echan para atrás un Estatut aprobado democráticamente por el pueblo catalán. No nos están permitiendo otra alternativa que romper con España.

La fórmula que podemos extraer de estos ejemplos es la siguiente: Queremos separarnos de España pacífica y democráticamente, de manera amistosa y dialogada. España no nos deja; luego –¿veis? – España no es pacífica, democrática, amistosa ni dialogante, y ello nos autoriza a romper con ella por la vía ilegal. Que es algo tan lógico como si un atracador me conminara educadamente a que le entregara mi cartera y, al negarme yo a ello, insinuándole que estoy dispuesto a defenderme, me acusara de ser persona violenta y poco razonable.

El separatismo ve como un agravio (de hecho, el agravio fundamental) el mero hecho de que el Estado no acceda ilimitadamente a sus pretensiones. Es un ejemplo paradigmático de razonamiento circular, y también de profecía autocumplida. Pues cuando el gobierno se ve obligado al uso legítimo de la fuerza (que está en la esencia de todo Estado, incluida una hipotética república catalana futura) para restablecer la ley, vuelve a proclamar con impostada indignación: ¿Veis… como el “Estado español” es autoritario y franquista?

Pero ni siquiera necesitan algún tipo de pruebas o hechos. Para el nacionalismo catalán, España ha sido siempre, a priori, un país cuartelario, un Estado que sólo se sostiene autoritariamente, al servicio de unos poderes fácticos heredados del franquismo. Hace tiempo circulaba la expresión “Brunete mediática”, con la cual los opinadores nacionalistas manifestaban su desprecio por la prensa madrileña menos dispuesta a bailarles el agua. Más recientemente, a Enric Juliana (uno de esos falsos equidistantes a los que acabo de aludir) le ha dado por hablar de la “Brigada Aranzadi”, en alusión a la elite de abogados del Estado que diseñan la supuesta estrategia inmovilista del gobierno.

La elección del término castrense es altamente significativa. ¿Por qué no el club Aranzadi o cualquier otra palabra más adecuada para referirse a una cúpula, a una minoría estrechamente vinculada al poder? Una brigada es a fin de cuentas una unidad militar cuyos miembros son en su mayoría soldados que se limitan a cumplir órdenes. Por no hablar de que un compendio legislativo como el llamado coloquialmente por los juristas “el Aranzadi” es el último símbolo de la arbitrariedad política en el que uno pensaría. Pero obviamente la intención no es la precisión expresiva, sino el refuerzo de la imagen caricaturesca, el brochazo despectivo.

La propaganda más efectiva no es la basada en mentiras, aunque el secesionismo no se prive lo más mínimo de utilizarlas. Incluso para que el embuste y la fábula políticos surtan efecto, es necesario que se inserten en un marco emocional dado, fijar previamente la imagen del enemigo. Y a fin de identificarlo, el recurso fundamental es el insulto y la caricatura, que en sí mismos son irrefutables, porque no son afirmaciones sobre cuestiones de hecho ni racionales, sino meras calificaciones de naturaleza emocional.

Cuando alguien se refiere a la “Brunete mediática” o a la “Brigada Aranzadi”, no está desde luego afirmando explícitamente que España sea una especie de dictadura militar: cuando sí lo hace, al estilo de bufones como Gabriel Rufián, que buscan principalmente cosechar aplausos entre sus partidarios más fanáticos, es fácilmente rebatible y hasta ridiculizable. En cambio, la sugestión es irrefutable, precisamente porque no opera a nivel racional. Sugerir implícitamente, mediante metáforas pretendidamente ocurrentes, que España es un régimen autoritario es sin duda una bellaquería carente de toda base. Pero funciona de manera espectacular, lloviendo sobre el suelo mojado de la leyenda negra luterano-orangista, que seguimos sin sacudirnos, pese a que intelectualmente ha sido desmontada hace tiempo.

La razón y la ley (¡el Aranzadi!) están del lado de quienes defendemos la unidad de España, una gran nación, con sus virtudes y defectos, como todas, pero en la que resulta un privilegio vivir. Ahora bien, en este mundo dominado por el “culto al sentimiento” que tan bien ha descrito Theodore Dalrymple, para frenar a quienes, con las peores compañías utraizquierdistas, pretenden tirar por la borda nuestro pasado común de siglos y nuestros lazos de convivencia, en pos de quimeras inciertas, no será suficiente la actuación de los legítimos poderes del Estado, a los que se refirió el Rey en su histórico discurso. Las manifestaciones masivas del pasado fin de semana, en Madrid y en Barcelona, en defensa de nuestra nación, nos indican el camino a seguir. Aplicación de la ley sin titubeos, sí, pero además apoyada por la movilización de la sociedad civil: la que con más efectividad echa por tierra la resentida mentira separatista de una España autoritaria.

Dedicado al capitán del Ejército del Aire Borja Aybar García. DEP.

La ley KGBTI

En una vieja película de la guerra fría cuyo título lamentablemente no recuerdo[1], unos espías presionan a uno de los personajes mostrándole una filmación en la cual su joven hija es seducida por una mujer, a sueldo del servicio secreto. El padre apenas puede contener las lágrimas. En el cine más reciente (ya que no en la realidad), esta reacción de dolor sería impensable, porque la ideología progresista oficial nos enseña que la iniciación erótica temprana, tanto en la modalidad heterosexual como homosexual, es algo banal y hasta recomendable. El sentido de la vida es pasárselo bien, no importa cómo ni con quién (o con qué), con la única condición del consentimiento mutuo.

Este cambio de mentalidad es una clara victoria póstuma de la URSS en su estrategia de subversión ideológica, al menos en esa primera fase que el exagente soviético Yuri Bezmenov denominaba “desmoralización”. El objetivo era destruir los referentes religiosos, morales y nacionales de Occidente mediante la infiltración en los medios de comunicación, el sector educativo, los intelectuales y artistas, a fin de debilitar a las sociedades democráticas y, en una fase posterior, tomar el poder desde dentro para implantar regímenes comunistas.

Por supuesto, no se trataba de introducir abiertamente las ideas marxistas; esto hubiera sido demasiado burdo y evidente para ser efectivo. La estrategia consistía en cuestionar las convicciones occidentales, haciendo mella en el patriotismo mediante la difusión de sentimientos pacifistas, y minando las creencias morales y religiosas por la vía de discursos de emancipación sexual, o incluso favoreciendo las modas orientalistas.

Desaparecida la URSS, el viejo proyecto totalitario prosigue por su propia inercia, sin necesidad de recibir órdenes de ninguna potencia extranjera, aunque la extrema izquierda no desprecie la financiación procedente de Caracas, Teherán y posiblemente del Moscú poscomunista. O la  de multimillonarios como Soros. El progresismo, como nueva cara del marxismo cultural, es una ideología que extiende su influencia mucho más allá de partidos como Podemos. Prácticamente ninguna formación del arco parlamentario español escapa a ella. La prueba es su unanimidad en admitir a trámite la Ley de Igualdad LGTB, cuyo nombre completo (tomen aire si pretenden leerla en voz alta) es Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

El carácter de engendro jurídico, moral y antropológico de esta ley es patente. Especialmente odiosos (por mucho que ya existan precedentes como la “ley Cifuentes” en la comunidad de Madrid) son sus previsibles efectos en los niños con problemas de identidad sexual, que en la mayoría de casos se desvanecen espontáneamente durante la pubertad, y que ahora se podrán convertir en crónicos mediante tratamientos de reasignación sexual, de más que dudosas consecuencias para su salud física y psicológica.

Pero señalar el mal no es suficiente, si queremos hacerle frente. En primer lugar, hay que notar que se trata de una propuesta de máximos, que llega hasta el extremo de instaurar un órgano administrativo censor y sancionador, sin garantías judiciales, para perseguir a cualquiera que discrepe de la ideología de género-LGTB, convertida en religión de Estado. Esto significa que cuando se modifiquen sus aspectos más claramente inconstitucionales, la ley no será mucho mejor. Las libertades de expresión, de educación y religiosa seguirán estando seriamente amenazadas aunque un procedimiento administrativo al estilo soviético sea sustituido por el calvario judicial al que se expondrá cualquiera que ose desafiar al imperio LGTB, sobre todo si en primera instancia cae en manos de un juez progre, lo que con el énfasis de la ley en la “formación”, en todos los niveles educativos y profesionales, será cada vez más inevitable.

Pero sobre todo, es preciso desactivar las falacias con las que se trata de justificar otra vuelta de tuerca más en el proyecto de ingeniería social iniciado por Zapatero, y mantenido por su sucesor Mariano Rajoy. Y la principal de todas ellas es la falacia de la homofobia. Básicamente se trata de crear una infundada alarma social provocada por una supuesta epidemia de agresiones a personas por su tendencia sexual. Para ello se cuentan como agresiones “homófobas” tanto las que realmente puedan serlo como muchas otras que ni tienen como móvil ninguna forma de odio o desprecio a la homosexualidad, o ni siquiera son realmente agresiones. La cuestión es inflar por todos los medios las estadísticas, a fin de demostrar que existe una minoría perseguida y maltratada, a la cual es necesario proteger mediante leyes especiales.

Pero lo perverso del concepto de homofobia no estriba tanto en su capacidad para crear una fantasmal alarma social como en su poder estigmatizador. Se mete en el mismo saco tanto a un neonazi que agrede físicamente a un homosexual como al padre que desea elegir la educación que reciben sus hijos, el funcionario o el empresario cuyas creencias religiosas les impiden colaborar en una boda homosexual o el propio sacerdote que se mantiene fiel al catecismo católico. Y no está de más recordar lo que en él se dice: que las personas homosexuales deben ser acogidas “con respeto, compasión y delicadeza”, evitándose “todo signo de discriminación injusta”, pero sin por ello dejar de considerar los actos homosexuales como “contrarios a la ley natural” y recomendar la castidad a quienes experimentan tales tendencias.

La artimaña de igualar moralmente a ese padre, ese funcionario, ese empresario o ese sacerdote a un cabeza rapada es burda pero terriblemente efectiva e intimidatoria. Resulta oportuno observar su exacta coincidencia con el procedimiento utilizado por el feminismo de género, a fin de crear una fantasmal amenaza machista. En primer lugar, se conceptúa a priori como “violencia de género” toda agresión de un hombre hacia una pareja o expareja femenina (nunca al revés, como si no existieran hombres agredidos por mujeres), sin necesidad de ninguna investigación de las causas concretas en cada caso, a pesar de que delitos motivados por celos y otros conflictos de convivencia se dan en todo tipo de relaciones, incluidas las parejas de gais y lesbianas. En segundo lugar, las cifras de maltrato se engordan también con el consabido recurso a la violencia “psicológica”, difícil de distinguir de la percepción subjetiva. Por último –y esto es decisivo– se asimila también como “machismo” cualquier mera disención intelectual de todo este montaje ideológico, como lo son estas mismas líneas.

El objetivo principal, insisto, no es meramente amañar estadísticas, sino asimilar al disidente de la ideología de género con la persona violenta, con el rufián que pega a las mujeres o el degenerado que disfruta vejando a homosexuales. Resulta muy difícil zafarse de una treta dialéctica tan sucia, por simple que parezca cuando se expone su mecanismo. El precedente de este uso de términos intimidatorios se halla en la palabra fascista, con la cual los socialistas vienen justificando su ejercicio de la violencia política y el terror desde Lenin hasta Maduro. Estamos viendo estos días el tratamiento que toda la prensa da al partido Alternativa por Alemania, sistemáticamente calificado como “ultraderechista”, con las connotaciones que ello supone, especialmente en el país germánico. Discrepar de la política migratoria de Angela Merkel y mostrar preocupación por el avance del islamismo es recibido asociando a quien expresa tales inquietudes con Hitler. Lo cual no es más que una forma de criminalizar toda opción política que desafíe a la corrección política.

La finalidad de dirigir calificativos como ultraderechista, machista u homófobo a simples disidentes de la ideología progresista no puede ser más evidente: atizar el odio contra ellos para excluirlos de la vida pública. Aquellos que tanto claman contra los “discursos de odio” son en realidad los verdaderos fabricantes de odio; y todos sabemos a qué atrocidades conduce esta emoción en política.

[1] Artículo editado. En la primera versión atribuía erróneamente al KGB lo que en la película (identificada por un gentil lector en su comentario) era una turbia actuación del servicio secreto norteamericano.

 

 

 

 

 

El truco separatista

La estratagema del separatismo es muy burda. Plantea un referéndum de independencia de manera que si el Estado admitiera su celebración, estaría reconociendo implícitamente la soberanía del pueblo catalán. El resultado sería entonces lo de menos, porque un pueblo soberano puede votar en principio todas las veces que fueran necesarias hasta conseguir la independencia. Como lógicamente el gobierno se opone a tal cosa (de entrada incompatible con la Constitución) los separatistas le acusan de ser enemigo de la democracia, de tener miedo a que los catalanes voten libremente. Así, el debate sobre quién debe ser sujeto de soberanía (los ciudadanos españoles en su conjunto, los catalanes, los tarraconenses o los araneses) queda encubierto o desfigurado por un debate tramposo sobre la democracia.

Podría pensarse que la simpleza de la argumentación separatista no está reñida con su efectividad, sino más bien al contrario. Nada es más poderoso que una idea simple (¡queremos votar!) y no digamos ya si para divulgarla se cuenta con varios canales de televisión públicos y con un sistema de enseñanza que ha podido adoctrinar a placer a dos generaciones de catalanes, o que al menos lo ha intentado. La noche que en el parlamento catalán se aprobaba la ley del referéndum, puede que miles de espectadores habituales de TV3 le fueran infieles por un par de horas, para ver por enésima vez Pretty woman, que emitían en Tele5. Y es que probablemente sólo hay algo más popular que un argumento político simplón: una película romántica estúpida.

Aún así, los separatistas se ven obligados a mentir sistemáticamente sobre la demanda popular de un referéndum. Repiten sin pudor alguno que lo apoya el 80 por ciento de los catalanes, como si los que no somos partidarios de la independencia estuviéramos también locos por votar. Pero la encuesta realizada por la propia Generalitat a principios del verano muestra que sólo el 48 % de los catalanes desea un referéndum unilateral. (Los partidarios de que Cataluña sea un estado independiente quedan en el 44 %.)

¿De dónde sacan la otra cifra? Muy fácil, sumando el 23,4 % que estaría a favor de un referéndum, pero sólo acordado con el Estado (71,4 %), e incluso las respuestas “no sabe” y “no contesta” (pues no están explícitamente en contra), con lo que se alcanza por redondeo el fabuloso 80 por ciento de apoyo del que hablan los tertulianos separatas. Pero si no nos dejamos embaucar por estas artimañas contables, el hecho es que la mayoría de catalanes (52 %) no se muestra a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Como diría un castizo: menos lobos, separatistas. Vuestros trucos son tan groseros que a pesar de vuestro poder mediático, a pesar del venenoso antiespañolismo inculcado por la mayor parte del profesorado a vuestras órdenes, durante más de tres décadas, e incluso a pesar de los persuasivos gritos y sofocos de la señora Rahola, no conseguís convencer ni siquiera al 50 por ciento de los catalanes.

Pero en una cosa hay que reconocer que habéis acertado: en la elección del momento. Posiblemente no había mejor ocasión que tener en Madrid un gobierno cuyo presidente, Mariano Rajoy Brey, es un firme partidario de la teoría de que la manera óptima de enfrentarse a un problema es dejar que se pudra lentamente, entre recurso y recurso al TC. Como si no hubiera razones más que suficientes para haber depuesto al gobierno catalán y detenido y procesado al menos a su presidente, elegido a dedo, Carles Puigdemont. Que es lo que hubiera ocurrido en Francia o en Alemania si los dirigentes de un departamento o de un Land cualesquiera hubieran anunciado una sedición.

Tampoco sería justo olvidar la colaboración inestimable de la oposición en las Cortes, compuesta por un elenco de traidores enemigos del régimen constitucional, ignorantes de la Historia metidos a teóricos risibles del nacionalismo y adeptos de ese peculiar patriotismo consistente en ir diluyendo a España en Europa, a la mayor gloria de la burocracia de Bruselas. Separatistas, si en cuestión de un mes no conseguís vuestro objetivo, olvidaos ya para siempre. ¡Nunca lo tendréis tan a huevo!