El espurio lado del bien

Nadie, salvo quizás el diablo, se considera realmente malo. Incluso los peores criminales prefieren creer que las circunstancias son las que los han precipitado al mal, puesto que cualquier otro, en similares tesituras, hubiera cometido los mismos errores o vilezas. O así al menos se consuelan.

Otro tipo de exculpación habitual consiste en cuestionar o reformular las nociones comúnmente admitidas acerca de lo que son el bien y el mal. Ejemplos clásicos son Robin Hood, que consideraba legítimo robar a los ricos para repartirlo entre los pobres, o el moderno anarquista atracador de bancos.

Este método requiere señalar un malvado casi absoluto, o de carácter difuso, por el que sea muy difícil experimentar la menor simpatía o compasión. Es el procedimiento más empleado por las ideologías totalitarias, que por contraste aparecen como nobles causas. Así el comunismo pintará el capitalismo con las tintas más lúgubres, atribuyéndole, además de toda la pobreza que existe en el mundo, el origen de todas las guerras y por supuesto el apocalipsis climático inminente, que hoy no puede faltar en ningún discurso político que pretenda la aprobación casi automática de los medios.

Algo análogo sucede con el feminismo radical, que requiere la construcción de un maligno patriarcado opresor, instaurado desde la noche de los tiempos. Como en el ejemplo anterior, se trata de crear un monstruo tan espantoso y amenazador que justifica (casi) cualquier iniquidad que se pueda perpetrar para luchar contra él. O de otro modo, se busca situarse a priori en el lado del bien, como los personajes de esas películas que cometen todo tipo de transgresiones o excesos, pero a los que el espectador disculpa con facilidad porque son “los buenos”, y porque en frente tienen a un villano cruel e insufrible.

Esta estratagema la utilizan también personas que no profesan ninguna ideología extremista, y que hasta las rechazan con claridad. Suelen apuntarse a la ritual condena del malvado de opereta que merece el abucheo mecánico del público, con el fin de no correr el riesgo de ser asociados o confundidos con él. Son aquellos que entre sus razonamientos contra el feminismo radical (por no dejar este ejemplo) incluyen el riesgo de generar una reacción neomachista y misógina como las que supuestamente representan Trump, Bolsonaro o Vox (*).

No voy a entrar a valorar de manera genérica si existe ese riesgo de reacción neomachista al feminismo radical. Baste notar que en nuestra sociedad parece poco probable. Tampoco me interesa especialmente discutir sobre la supuesta misoginia de líderes políticos que no conozco suficientemente. Lo que desde luego no haré es dar por buena sin más la sesgada cobertura de medios cuya hostilidad ideológica hacia tales personajes es patente. Sí puedo juzgar mucho mejor lo que se cuenta sobre Vox en televisiones, periódicos y redes sociales, que en gran parte se basa en manifiestas tergiversaciones, caricaturizaciones y puras mentiras.

Sospecho que de poco sirve decir que Vox, lejos de ser un partido machista o misógino, encarna precisamente esa crítica humanista de la ideología de género que algunos parecen querer monopolizar o haber descubierto totalmente por su cuenta. Salvo que todas las excelentes profesionales que militan en esta formación, ocupando algunas de ellas cargos directivos o electos, sean tontas o cínicas de remate. Suposición tan poco feminista como inverosímil.

A fin de cuentas, ¿para qué vamos a molestarnos en averiguar cuál es realmente el discurso de Vox, más allá de los prismas ideológicos y partidistas desde los cuales se lo demoniza sistemáticamente, creando falsas polémicas basadas en declaraciones descontextualizadas y mutiladas? Sobre todo cuando, sin dejar de coincidir con el partido de Santiago Abascal en la crítica del feminismo radical, podemos disfrutar de la gratificante sensación de hallarnos del lado del bien, o lo que pasa vulgarmente por tal, sumándonos al linchamiento general, quizás con la esperanza de no correr la misma suerte.

(*) Por si alguien está tratando de adivinar si me refiero a alguien en concreto, le ahorraré el esfuerzo: Javier de la Puerta, autor de Refutación del feminismo radical, Ed. Almuzara, 2019, pág. 113, nota 152. Lo que no obsta para que les recomiende sin dudarlo la lectura de este libro, que por lo que llevo leído, hasta la citada página, me parece extraordinariamente interesante.

Torra no es Le Pen

El presidente Pedro Sánchez, que ayer se presentaba en Davos como el dique contra la ultraderecha y los populismos, tiene previsto reunirse en pocos días con el Molt Inhabilitat President Joaquim Torra en Barcelona, cuando hace ocho meses dijo textualmente que “Torra es el Le Pen de la política española.” No me cabe duda de que si existiera ya el Ministerio de la Verdad (no lo descarten en un futuro, a este paso), Sánchez jamás habría dicho esas palabras, y por supuesto no quedaría rastro documental de algo que nunca sucedió. Pero excuso decirlo, no es que Torra ahora ya no sea Marine Le Pen, es que en realidad jamás lo fue. Dicho sea en descargo de la dama, por supuesto.

Torra escribió un artículo, antes de ser presidente de la Generalitat, en el que se refería a los castellanohablantes en Cataluña en términos zoológicos análogos a los que empleaban los nazis para referirse a los judíos. Bestias inmundas y cosas por el estilo, profería. De aquí a compararlo con el RN francés (Rassemblement National, antes Front National) sólo hay un paso para los progres, desde los de izquierdas hasta los más liberales. Para entendernos, desde Echenique (que llamó “racista” a Torra) hasta Cayetana Álvarez de Toledo.

Ahora bien, querer limitar la entrada de inmigrantes, como defiende el partido de Marine Le Pen, no tiene nada que ver con el racismo ni el supremacismo, ni por tanto con la rebelión de los privilegiados que está convulsionando Cataluña. Por privilegiados me refiero tanto a la burguesía conservadora (empresarios, jubilados del tramo medio-alto de ingresos) que vota al pospujolismo, como a esa burguesía progre (funcionarios, obreros cualificados, profesionales liberales, intelectuales) que vota a ERC, los Comuns o la CUP.

Más allá de las diferencias nada desdeñables que existen entre los llamados populismos (Trump, el Brexit, Le Pen, Vox), lo que los caracteriza es haber dado voz a una parte sustancial de las clases medias y bajas que sufren en sus carnes los efectos adversos del globalismo progresista, y en especial de la inmigración masiva: presión bajista de los salarios, saturación de los servicios públicos e inseguridad en las calles. Unas clases populares a las que, si osan rechistar por esta situación, la elite mediático-política insulta sistemáticamente con los calificativos de racistas y ultraderechistas.

Como señala Christophe Guilluy en su ensayo No Society, mediante “una instrumentalización de las minorías y de la cuestión del racismo” se hace responsable a la antigua clase media occidental de todos los males. “Desde la esclavitud a la colonización, pasando por el holocausto o la represión de los homosexuales, las clases populares occidentales comparecen cada día ante el tribunal de la historia. (…) En este contexto, la religión de la corrección política aparece como un arma de clase muy eficaz contra la antigua clase media”. (Negritas mías.)

No olvidemos que Torra, como Colau, se ha alineado con la acogida a los llamados “refugiados” (totum revolutum donde predominan simples inmigrantes económicos, y no los más pobres de sus países de origen) ofreciendo el pasado verano los puertos catalanes para acoger al Open Arms. El supremacismo de Torra de momento no se dirige contra los africanos, sino contra los españoles que obstaculizan el proyecto de desespañolización de Cataluña, que en sí mismo es algo de naturaleza más totalitaria que la propia secesión territorial. Los inmigrantes que llegan ignorando tanto el castellano como el catalán, son por ahora un útil instrumento para los planes de la ingeniería nacionalizadora, como también lo son para cierta elite económica que los ve como un contingente de mano de obra barata.

Cuando Sánchez aseguró en campaña que no negociaría con los separatistas, por supuesto no pretendía otra cosa a corto plazo que engañar a sus votantes. Pero visto en perspectiva, su posterior incumplimiento está en la línea histórica de los partidos obreros en Cataluña, desde el PSUC, luego integrado en Iniciativa per Catalunya, hasta el PSC. Estos llevan cuarenta años camelando a sus votantes castellanohablantes con el bonito cuento de que la inmersión lingüística es la mejor forma de integrar a sus hijos, cuando la realidad es que los ha colocado en desventaja frente a los vástagos de la burguesía catalana. Ello se aprecia tanto por las tasas de fracaso escolar según la lengua materna, como por la endogamia de las elites políticas, económicas y culturales, reflejada en la notoria infrarrepresentación de los apellidos mayoritarios en Cataluña (García, Martínez, López, Sánchez, etc.) frente a los apellidos catalanes más antiguos.

La alianza de la izquierda con las elites nacionalistas en Cataluña no es más que una variante regional de su alianza en todo el mundo desarrollado con las elites globalistas progres, las que utilizan la corrección política (género, multiculturalismo y apocalipsis climático) para establecer su superioridad moral y relegar culturalmente a la gente corriente, permitiendo y alentando la concentración de musulmanes en sus barrios, prohibiéndole acceder al gentrificado centro de Barcelona con vehículos viejos y regañándola por su forma de consumir. Luego, eso sí, entran en pánico cuando la gente se rebota, o sea, vota a Trump, el Brexit y en España cada vez más a Vox.

Mientras, el centroderecha sigue como de costumbre sin enterarse de que hace tiempo que la izquierda le ha hecho el puente con las elites económicas y mediáticas, y en vez de aprovechar la orfandad de las clases medias y humildes para ofrecerles su liderazgo, se suma a las descalificaciones, y compra el torpe discurso despreciativo contra los “deplorables”, que tan magnífico resultado le dio a Hillary Clinton. A esta derecha liberaloide, en su enorme despiste, no se le ocurre un insulto más original contra Torra que espetarle, igual que Sánchez cuando mentía como un descosido, que es Le Pen, y de paso, por asociación, darle una patadita a Vox: que sería como Le Pen, que sería como Torra. Por eso Torra felicitó a Vox en las elecciones de abril del año pasado escribiendo en su Twitter: “España, una, grande y libre! Arriba Vox!”. ¿O fue Jean-Marie Le Pen? Vaya lío.

Veto al Estado

De modo inopinado se ha planteado una batalla ideológica decisiva, en la que podríamos jugarnos la libertad de generaciones. Se equivocan quienes creen que la polémica sobre el pin parental es una cortina de humo para tapar otros temas más graves, como las negociaciones del gobierno con los separatistas o las comprometedoras informaciones contra dirigentes de Podemos que llegan de Bolivia.

Por graves que sean esos asuntos u otros, lo que se dirime con la introducción del pin parental en el sistema educativo de la comunidad de Murcia, como condición de Vox para apoyar los presupuestos autonómicos, tiene potencialmente consecuencias mucho más amplias.

En principio se trata simplemente de que los padres puedan vetar automáticamente (mediante una especie de PIN o número clave requerido) determinados contenidos que sus hijos podrían recibir en la escuela pública. Sí, he dicho conscientemente vetar, porque, como ha señalado Miguel Ángel Quintana, “los vetos son parte de la tradición democrática de control del poder”.

¿Por qué entonces el gobierno y los progresistas se han lanzado a degüello contra una propuesta tan sensata? La pregunta en sí misma ya peca de ingenuidad. ¡Pues por eso, porque el progresismo no admite nunca de buen grado que se pueda limitar el poder político cuando es él quien lo posee!

Por supuesto, no es accidental la clase de contenidos que todo el mundo tiene en mente. Charlas o “talleres” LGTB y de ideología de género, impartidos por tingladistas ajenos a los centros educativos, en los que se incita a niños de edades tempranas a masturbarse, a tener relaciones heterosexuales y homosexuales, y a cuestionarse su identidad sexual independientemente de sus cromosomas. Todo poder aspira a crear siervos que crean deberle la liberación, sexual o del tipo que sea.

Los progresistas, como virtuosos maestros que son en la fabricación de hombres de paja para desprestigiar al adversario, tratan de presentar a los disidentes, quiero decir a los defensores del pin parental, como una especie de peligrosos agentes ultraderechistas que se oponen a la tolerancia hacia los homosexuales, o incluso están contra la igualdad entre hombres y mujeres. En este contexto las palabras homofobia y machismo se utilizan a granel para demonizar a cualquiera que no acepte los postulados anticientíficos de la ideología de género, según la cual la identidad sexual es una pura construcción cultural sin relación alguna con la biología.

Sólo con que consiga despertar a muchos ciudadanos adormilados, completamente desprevenidos ante algunas consecuencias de la ideología de género, la polémica del pin parental ya vale la pena.

Pero como decía, aquí de lo que se trata es de si el poder debe tener límites. Entre los derechos más fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, tenemos tres: El primero, la igualdad ante la ley, independientemente del “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14). El segundo es el “derecho a la vida y a la integridad física y moral” (art. 15) y el tercero es la libertad de pensamiento y expresión, desarrollada en los artículos 16, 20 y 27. En concreto resulta crucial el apartado 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

¿Por qué es tan crucial este apartado? Pues porque sin él, los artículos  16 y 20, que garantizan la libertad ideológica y religiosa, así como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, dejarían de tener sentido alguno. Que los padres no tuvieran ningún derecho a transmitir a sus hijos sus convicciones sería tanto como admitir que el Estado se arrogara el poder de programar la mente de todos los ciudadanos desde su nacimiento, inculcándoles un pensamiento único.

Si todos acabáramos pensando uniformemente, porque nuestra educación estuviera controlada desde los cero años por una administración revestida de infalibilidad, la proclamación constitucional de la libertad de pensamiento y de expresión sería un puro sarcasmo. Pero me atrevo a ir más lejos. La igualdad ante la ley, el derecho a la vida y los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos tienen su raíz en el cristianismo, cuyo principal vehículo de transmisión es la familia. Desgajados de su origen judeocristiano, los derechos humanos están sujetos a reinterpretaciones y desnaturalizaciones que terminan en su suspensión de facto, como sucede con el derecho a la vida de los seres humanos en gestación.

Por supuesto que el pin parental no garantiza por sí solo, al menos en su forma más restringida, el papel educativo de los padres, ya muy mermado por la intromisión estatal y el poder narcotizante de los medios de comunicación y entretenimiento. Pero posiblemente sea una de las últimas trincheras desde la cual se puedan defender formas de pensar verdaderamente independientes, diferentes de las seudorrebeldías que nos venden como cualquier otro producto de consumo fabricado en serie.

El odio al pin parental no es más que una manifestación del odio eterno del progresismo contra el cristianismo y contra la familia, es decir, contra lo que los progresistas perciben, con toda razón, como los grandes obstáculos a la implantación del quimérico “mundo feliz” huxleyano con el que sueñan. Un mundo aséptico, sin conflicto y sin dolor, pero también sin familia, sin amor y sin Dios. El veto educativo de los padres no será ni mucho menos suficiente, pero sí es una condición sine qua non para hacer frente a la distopía progresista.

El moralismo asimétrico

El aparato mediático ya está lanzado en su noble tarea de oposición a la oposición, acusándola de elaborar un discurso apocalíptico. Alguno incluso habla de “guerracivilismo” (Antoni Puigverd, La Vanguardia, 8 de enero), olvidando que son los partidos que conforman este gobierno quienes, un día sí y otro también, se presentan orgullosamente como los herederos del bando que perdió la Guerra Civil, y hasta siguen intentando ganarla.

Este tipo de juicios tiene su origen en una suerte de moralismo asimétrico según el cual hay una violencia buena o al menos comprensible, y una violencia mala, absolutamente injustificable, dependiendo de su autor. Y análogamente, según de dónde vengan, habría discursos admisibles como saludables ejercicios de libertad de expresión, frente a aquellos que merecen censura por supuestamente fomentar el odio y el enfrentamiento.

Basta examinar por encima la historia reciente de España para comprender cómo esa asimetría moral ha erosionado cada vez más la libertad y la justicia. Pues decir historia reciente de España significa empezar por el 11-M. Aquel sangriento atentado llevó a la izquierda a una movilización social masiva no contra los terroristas, sino contra el gobierno. El PSOE, los comunistas y sus aliados nacionalistas culparon al presidente Aznar por habernos metido en la guerra de Iraq, dándoles implícitamente la razón a los terroristas, y sobre todo haciéndoles el juego. Y acusó también al gobierno de mentir sobre la autoría, pese a que fue la izquierdista Cadena Ser, actuando como una auténtica Radio de las Mil Colinas, la que se inventó los terroristas suicidas; y fue en cambio el ministro de Interior quien, a las pocas horas de la masacre, informaba de indicios islamistas.

Sea cual sea el autor intelectual del 11-M, lo cierto es que consiguió su objetivo: cambiar el gobierno de España interfiriendo en las elecciones que se celebraron tres días después. Lo que no sabemos es si el plan era aún más ambicioso, e incluía el cambio de régimen que inició el presidente Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy no se atrevió a desmontar. Un cambio de régimen que en esencia se podría resumir como la instauración legal de la asimetría moral.

Esto es ya evidente en la Ley de Violencia de Género, que el gobierno alumbrado por el 11-M aprobó a los pocos meses de formarse. Dicha ley, con el inobjetable pretexto de proteger a las mujeres maltratadas, eleva a la categoría de doctrina de Estado la ideología de género, que selecciona las diferencias entre mujeres y hombres que menos favorecen a las primeras, e ignora las que perjudican a los segundos, a fin de sostener que nuestra sociedad es un opresivo sistema patriarcal. De este modo se logra justificar que los hombres sean juzgados por tribunales especiales y se les aplican medidas cautelares y penas más duras por los mismos delitos.

Más fácil de ver es la asimetría moral que se consagra con la Ley de Memoria Histórica, aprobada también ya en la primera legislatura de Zapatero, y donde en definitiva se establece que unas víctimas de la Guerra Civil importan más que otras, o para ser más exactos, que sólo las víctimas de un bando merecen ser consideradas tales.

Pero el fruto más siniestro de la asimetría moral fue el pacto con la banda terrorista ETA. Una negociación disfrazada de “diálogo”, de nuevo con toda la complicidad mediática, gracias a la cual ETA y el nacionalismo no sólo no han pagado un precio político por los asesinatos, secuestros y extorsiones perpetrados durante décadas, sino que se han podido beneficiar de ellos, manteniendo su hegemonía en el País Vasco, hasta ser hoy decisivos en la formación del gobierno de Sánchez. Como señala Rogelio Alonso en su imprescindible estudio La derrota del vencedor (2018), “el terrorismo nacionalista de ETA no ha tenido un coste político para el nacionalismo, pero sí para sus víctimas.”

El moralismo asimétrico muestra toda su perversidad, con la claridad de un fogonazo, cuando sus diferentes manifestaciones se entrecruzan. Por ejemplo, cuando se afirma que la violencia de género ya ha provocado más muertes que el terrorismo etarra. El mensaje implícito, y a veces explícito, es que quienes condenan a los terroristas y a sus representantes políticos son unos malvados hipócritas, que tratan de desviar la atención de amenazas supuestamente mucho más reales y urgentes, como el machismo, el racismo o el cambio climático.

Cuando Santiago Abascal arremete en la sede parlamentaria contra la ideología de género y le recuerda al PSOE su historia criminal, no hace otra cosa que enfrentarse a las falacias y trucos emocionales del moralismo asimétrico. No hay en nuestros días tarea más necesaria ni más urgente, se pongan como se pongan los moralistas asimétricos.