Las dos agendas

• 

Vox presentó su programa político en Madrid, en una reunión de fin de semana con sus militantes, trufada de actividades que algunos compararon con una feria, aludiendo quizás involuntariamente a la novela de Ana Iris Simón titulada así, Feria. Me hubiera gustado asistir al evento, pero circunstancias personales me lo impidieron. Lo que sí he hecho es leer el programa de Vox, titulado Agenda España. No hace falta decir que, aparte de su mucha mayor brevedad, se trata de un texto muy diferente de la novela de Simón. Sin embargo, tienen algo en común. Ambos son una reacción contra cierta concepción del progreso que nos han vendido; y voy a dejarlo aquí, para no alargarme. Me centraré sólo en el programa político.

Por supuesto, Vox ya contaba antes con un programa, llamado “100 medidas urgentes para España”. Pero aunque en lo esencial las ideas y propuestas del partido liderado por Santiago Abascal siguen siendo las mismas, el nuevo texto programático de algún modo formaliza algo que ya era evidente desde hace tiempo: que Vox es mucho más que una mera escisión del Partido Popular. El título “100 medidas” era muy típico del PP, muy de gestor que se expresa en términos cuantificables. El problema de concebir la política como una mera labor de gestión es que la izquierda utilizará tus servicios sin agradecértelo.

Aznar preservó la ley del aborto y reeditó los pactos con los nacionalistas. Nunca pretendió borrar o al menos corregir el felipismo. Zapatero se lo pagó asediando las sedes del PP tras los atentados de Atocha y destruyendo toda su obra contra la organización terrorista ETA, a la cual le ofreció su supervivencia política a cambio de abandonar una actividad criminal que apenas estaba en condiciones de mantener. Si quieren les recuerdo lo que pasó luego con Rajoy y Sánchez, pero creo que no es necesario. El PP presume mucho de su gestión, pero luego el PSOE se encarga de que no quede de ella ni las raspas. Este es el resumen de los últimos 25 años.

Vox surgió como una reacción contra la concepción de la política como modosa gestión de las “conquistas” de la izquierda. Vox ha nacido para derrotar al PSOE, no para ser su partido suplente. Su enemigo, aunque algunos no puedan o no quieran entenderlo, no es el PP, sino el Partido Socialista, el que más daño ha hecho a España, y cuyo pasado criminal y golpista, durante la República y la Guerra Civil, Vox no deja de recordarle en sede parlamentaria y en toda ocasión que se preste.

Aquí es donde la Agenda España da en el clavo, al proponer toda una enmienda al paradigma del progresismo global expresado por la Agenda 2030, la resolución de la ONU (aprobada el 25 de septiembre de 2015) que el gobierno de coalición socialcomunista ha hecho suya, encargando de su implementación a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Porque, ¿saben quién es el Secretario de Estado para la Agenda 2030? Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y abogado de las FARC en las negociaciones con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos. La Agenda 2030 y el regreso del PSOE a su pasado más radical desde la Guerra Civil son una y la misma cosa.

No se vayan a creer que la dichosa agenda onusina es algo así como el Manifiesto Comunista. Se trata de un aburrido ejercicio de verborrea político-burocrática de 40 páginas, que se resume en una enumeración de buenos deseos, como son acabar con el hambre en el mundo, con la violencia, la contaminación, etc., entre los cuales se deslizan algunas pretensiones menos inocentes, aunque siempre en lenguaje eufemístico. Así, cuando habla de facilitar el acceso a “los servicios de salud sexual y reproductiva”, se está refiriendo a fomentar el aborto. Y cuando declara que se respeta la soberanía de cada país, “pero siempre de manera compatible con las normas y compromisos internacionales pertinentes”, está diciendo que no hay alternativa a la Agenda 2030, a la que más de una vez califica como “universal” e “indivisible”, o sea, obligatoria para todo el mundo y no modificable. No vale tomar de la Agenda 2030 lo que a cada cual le parezca aprovechable: hay que quedarse con el paquete completo, y sus contenidos deben formar parte de la enseñanza obligatoria.

Después de todo, tras las innegables diferencias, sí existe algo en común con el Manifiesto Comunista: ambos se arrogan el derecho de transformar el mundo, sin tener en cuenta a quienes puedan tener otras ideas sobre el tema. Ambos dicen hablar en nombre de otros (el proletariado, los pueblos, las mujeres) pero encargan de la tarea transformadora a una minoría dirigente, no elegida por quienes dicen representar, y prácticamente incuestionable. Más allá de los contenidos concretos, que podríamos analizar con detalle, comparándolos con la Agenda España, el documento de la ONU es una pura y simple imposición, mientras que el de Vox nace como una propuesta democrática, que los españoles decidirán si votan o no.

Hay tres palabras cuyas frecuencias pueden servir para calibrar el abismo entre las dos agendas. La primera es patria, que como pueden imaginar no aparece una sola vez en la Agenda 2030, mientras que en la Agenda España (46 páginas, aunque aproximadamente la mitad de palabras que el farragoso texto de la ONU) se halla cuatro veces, sin contar el término patriotismo. No hay lugar para las patrias en el mundo del globalismo progresista, porque ellas representan obstáculos a sus planes “universales” e “indivisibles”, por no decir totalitarios.

La segunda palabra es familia, que se cita en cinco ocasiones en el texto de la ONU, frente a 30 en el programa de Vox. En el primer documento, dos de las cinco veces forma parte de la expresión “planificación familiar”. Ni una sola vez habla la Agenda 2030 de la natalidad, cuyo descenso por debajo del nivel de reemplazo generacional es el mayor problema de España y casi todo el mundo desarrollado, a medio plazo; por el contrario, implícitamente defiende las prácticas abortistas y anticonceptivas, al tiempo que se preocupa mucho por la preservación de la biodiversidad animal y vegetal.

Por último, la tercera palabra cuyas respectivas frecuencias son significativas es libertad. Entre las 19.000 y pico palabras de la Agenda 2030 aparece solo tres veces, dos de ellas dentro de la vaga expresión “libertades fundamentales”, y una con un significado más ambiguo, por no decir misterioso, en las primeras líneas, donde dice que la Agenda “tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad”. No sea que China o las teocracias islámicas se molesten. Por el contrario, la Agenda de Vox, el “partido ultraderechista” según gran parte de la prensa, cita 27 veces la palabra libertad, la mayoría de ellas refiriéndose a libertades bien concretas, como la de expresión, educación, de conciencia, de cátedra, etc. y en contraposición con el totalitarismo. Esta es la clave: si queremos ser libres, dueños de nuestro destino y fieles a nuestras raíces, o si por el contrario estamos dispuestos a que una élite progresista sin religión ni patria nos dicte cómo debemos pensar, sentir, opinar y actuar. Parece un fácil dilema, pero el problema es que no todo el mundo lo tiene claro.

Los infiernos sentimentales

• 

En una suerte de intercambio de papeles, el catolicismo cada vez es más tolerante y abierto, o lo que hoy se entiende por tal, mientras que el progresismo ofrece día a día una faz más amenazadora e intransigente. Los curas del montón, esos que nos encontramos muchos católicos el domingo al ir a misa, ya no hablan casi nunca del Infierno, ni tratan del divorcio, ni suelen condenar el aborto. Más bien quitan hierro a esos temas, se muestran comprensivos e indulgentes hacia las parejas de hecho y los homosexuales, y piden rezar por los inmigrantes y refugiados, sea cual sea su religión.

Por llamativo contraste, el progresismo no cesa de advertirnos, con tono apocalíptico, sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad: el cambio climático, el avance de la ultraderecha, el machismo, el racismo, al tiempo que endurece sus posiciones, poniendo en el punto de mira a los médicos que objetan contra el aborto, a los provida que tratan de ayudar a las mujeres que van a abortar, a quienes no muestran entusiasmo ante los “otros modelos de familia”, a los que señalan los perjuicios de la inmigración ilegal, etc. El estereotipo del fanático ultracatólico sigue circulando, sigue siendo objeto de volterianas tribunas en el periódico dominical; pero el hecho es que en nuestros días abunda mucho más el fanático ultraprogresista, dispuesto a perseguir a quienes no comparten su seudorreligión, por los medios más expeditivos: censura, ilegalizaciones y tipificación de los llamados “delitos de odio”, sin renunciar a los escraches y actos vandálicos.

Otra cosa es que a veces los católicos tradicionalistas (en sentido amplio, no hablo de los que defienden posiciones preconciliares) entramos al trapo con cierta torpeza. La cuestión principal no es si los divorciados que conviven con una nueva pareja pueden comulgar o no (aunque el catecismo da una respuesta inequívoca), sino qué podemos y debemos hacer como cristianos para que haya menos rupturas matrimoniales, para restaurar la visión cristiana de la vida conyugal. Partir del hecho consumado del divorcio es como mínimo colocarse en una posición de desventaja dialéctica.

Algo análogo sucede en los repetitivos debates sobre el aborto, en los que de buenas a primeras se espeta a los provida que queremos meter en la cárcel a las mujeres que abortan. No habría que tener miedo de decir que quizás a algunas sí, tras ponderar posibles agravantes y eximentes; pero ¿por qué no empezamos hablando de cómo evitar los miles de abortos que se producen todos los meses?

El caso es que catolicismo mayoritario se va volviendo progresista, mientras que el progresismo adquiere un estilo religioso y hasta puritano. ¿Cuál es la causa de esto? Opino que la respuesta se halla en la preponderancia de una mentalidad, tanto entre creyentes como no creyentes, que podemos llamar sentimental. A muchos católicos se les hace cuesta arriba creer en la eternidad de las penas infernales, del mismo modo que la sociedad hoy rechaza la pena de muerte y los castigos físicos. Ambas actitudes tienen el mismo origen.

Sin duda, hay algo innegablemente bueno en la suavización de las costumbres y las leyes, pero esta sensibilidad contraria al sufrimiento no debería terminar eclipsando a la razón. El mayor rechazo al catolicismo no proviene hoy de la racionalidad sino del sentimentalismo. Si no se puede negar la comunión a las parejas adúlteras, porque sería una crueldad pedirles que renuncien a las relaciones íntimas, ¿tiene sentido ningún sacrificio? Al final, oponerse a la eutanasia, frenar la inmigración ilegal, defender que los violadores en serie no salgan nunca de la cárcel, son posiciones percibidas como “crueles” con los enfermos terminales, con los inmigrantes ilegales, con los criminales. Se empieza rechazando el infierno y se termina con inyecciones letales para ancianos, y dejando que los asesinos y violadores campen por las calles. Y es que el sentimentalismo tiene siempre dos caras, una tierna y otra brutal.

Ya lo advirtió nuestro injustamente olvidado Jaime Balmes, en fecha tan temprana como 1843, nada menos: “Este sentimiento muelle se esfuerza en divinizar el goce, busca una excusa a todas las acciones perversas, califica de deslices los delitos, de faltas las caídas más ignominiosas, de extravíos los crímenes, procura desterrar del mundo toda idea severa, ahoga los remordimientos y ofrece al corazón humano un solo ídolo, el placer; una sola regla, el egoísmo.” (Cartas a un escéptico en materia de religión, III.)

El hombre contemporáneo ha dejado de temer al Infierno, al que considera incompatible con la infinita misericordia de Dios, suponiendo que crea en Él. Se olvida, por supuesto, de su Justicia no menos infinita. Pero el lugar del Infierno teológico lo han ocupado con presteza el catastrofismo climático, las pandemias, el fascismo. Todos ellos, si bien se mira, tienen algo en común que los distingue del averno judeocristiano. La salvación de los nuevos infiernos, nacidos del miedo propagado por los medios de comunicación y del sentimentalismo, ya no depende de cada uno de nosotros, ya no nos sitúa como dueños de nuestro irreductible libre albedrío, sino que es una tarea colectiva, gregaria, la cual se utiliza para obligarnos a acatar sin discusión a los poderes terrenales (desde la ONU hasta el más anodino Ayuntamiento). Unos poderes cada vez más inapelables, más minuciosamente normativos; más tiránicos, en fin. Que cada cual juzgue si ganamos algo con el cambio.

Crimen de odio y neototalitarismo

En la entrada anterior sostenía que el totalitarismo en ciernes no es ninguna regresión ultraderechista, sino que por el contrario amaga en quienes más denuncian ese improbable retorno del fascismo. Aquí quiero analizar el elemento clave de este nuevo totalitarismo: el delito o crimen de odio.

Para empezar, cabe decir que en el código penal jamás debería haber entrado esta categoría. Los motivos subjetivos por los que alguien ejerce violencia contra otra persona no son en sí mismos un delito, ni siquiera un agravante. Tampoco deberían castigarse más severamente los delitos cometidos contra personas pertenecientes a un colectivo que las de otro. Los códigos penales, muy adecuadamente, castigan conceptos como la premeditación, o la organización criminal, que son de carácter objetivo y por tanto comprobable (por ejemplo, la adquisición del arma de un crimen), pero esto es algo completamente distinto de penalizar motivaciones subjetivas, sean económicas, emocionales o ideológicas. Ni siquiera en un terrorista se persiguen sus ideas, salvo en la medida en que se expresen como amenazas explícitas de violencia física o apología del terrorismo.

El concepto de delito de odio es ideológico, no jurídico, pues presupone una teoría sobre una injusticia histórica o estructural, sufrida por un grupo al que se pretende proteger o incluso resarcir. Esta clase de consideraciones sustantivas no pueden ser admitidas en el derecho sin desnaturalizarlo. La Justicia por definición no prejuzga a nadie, no puede tomar partido por unos grupos en contra de otros. Una vez se postulan los delitos de odio, es decir, los crímenes de pensamiento, se suceden fatalmente tres pasos:

1. Primero se persiguen los delitos que realmente se justifican por motivos ideológicos o culturales. Esto, como digo, ya es una aberración jurídica, pero resulta fácil de introducir tras un período preparatorio de alarma social (o mejor dicho mediática) que magnifica la importancia cuantitativa de este tipo de comportamientos.
2. Una vez conseguido el punto 1, el concepto de crimen de odio sufre su primera ampliación. Pasa de facto a incluir casi cualquier delito sufrido por el miembro de un colectivo clasificado como vulnerable, sin necesidad de investigar los móviles. Esto lleva a descartar otro tipo de causalidad delictiva, como podría ser la delincuencia común, la pasional, la violencia doméstica, los trastornos psicológicos, el alcoholismo, etc. De nuevo se trata de una aberración jurídica, pues se castiga con más severidad el mismo delito en función de ciertas características del agresor y de la víctima, como el sexo, la raza, etc.
3. Por último, se acaban clasificando como crímenes de odio la mera expresión de opiniones divergentes con el discurso oficial sobre los colectivos vulnerables, incluso aunque carezcan del menor tinte amenazador. Simplemente basta con que algún grupo organizado, que se arroga la representación de esos colectivos, dictamine que esa opinión alienta el odio o es ofensiva.

Esta ampliación abusiva del concepto de delito de odio, incluso aunque exista todavía solo en el nivel de la propaganda política, tiene como consecuencia la inflación artificial de su incidencia numérica, habitualmente apoyada en encuestas cuya metodología no puede más que dar lugar a resultados alarmistas. Así es como se retroalimenta la histeria victimista. Quien critique estos procedimientos será acusado de negacionista y en última instancia de culpable también de delito de odio. Se trata de un bucle argumental: quien cuestiona mi verdad no hace con ello más que confirmarla.

La retórica del delito de odio ya es en sí misma un juego muy peligroso, pues lo que pretende es incitar al odio contra los que son acusados de esto mismo. Pero se torna mucho más preocupante cuando consigue institucionalizarse, mediante organismos paraoficiales que se arrogan el derecho a la verificación de las informaciones, o códigos de conducta escritos y no escritos que conducen a la censura e incluso a despidos laborales. El último paso, por supuesto, es la traducción del crimen mental en leyes, lo que conduce a sanciones administrativas o incluso penales. Aquí es evidente que nos hallamos ya en el nivel propiamente totalitario, en el cual el poder del Estado (ejecutivo y judicial) impone una ideología oficial y persigue a los disidentes, contando con el apoyo de un aparato mediático adicto en bloque, sin apenas fisuras.

El neototalitarismo va mucho más allá de restringir la libertad de pensamiento en determinados temas tabú, de modo que bastaría con no aventurarse en ellos. La teoría de los colectivos vulnerables no se limita a extralimitarse en la reparación de determinadas injusticias históricas, sino que responde a una concepción totalizante, que cuestiona de raíz la entera tradición cultural occidental, es decir, el legado grecolatino y judeocristiano. En su lugar se trata de imponer una antropología materialista, en la cual la naturaleza humana carece de una esencia eterna, y es por tanto técnicamente manipulable, como cualquier otro objeto de la naturaleza. Aquí no hay lugar para la libertad individual, salvo en su inofensiva parcela de ocio y entretenimiento, ni en rigor hay sitio para la democracia, salvo como simulacro para embellecer la dictadura de los especialistas, cada vez más identificados con una élite trasnacional, que no tolera naciones ni instituciones díscolas. Esta distopía, aunque esté lejos de haber producido todo el daño que entraña, es ya nuestro presente inmediato. Pero si la visión materialista es errónea, como creo firmemente, el futuro está por escribir.

¿Vamos hacia un totalitarismo blando?

• 

El presidente del gobierno Pedro Sánchez afirmó en la ONU, el pasado 22 de setiembre, que la democracia “está amenazada”. Concretamente señaló a quienes tratan de “excluir o culpar a las minorías vulnerables”, los que “llaman al odio por razones de origen, sexo o creencia” y los que “apelan a muros y fronteras”. Unos meses antes, en un acto electoral, fue mucho más claro, al referirse a “la amenaza extremista de la extrema derecha”, en alusión a unas cartas con balas enviadas al ministro del Interior y al vicepresidente. Unas cartas cuya autoría sigue sin haberse aclarado, y que en el contexto de una campaña electoral huelen a montaje chapucero.

No deja de resultar irónico que quien tanto se inquieta por la democracia presida un gobierno que ha decretado al menos dos Estados de Alarma y un cierre del Congreso inconstitucionales, como así ha fallado el Tribunal Constitucional, gracias a las denuncias interpuestas por Vox, el partido supuestamente ultraderechista, según numerosos políticos y periodistas. Por no hablar de sus socios de gobierno ligados a la dictadura venezolana, y de sus apoyos en partidos filoterroristas y golpistas. Efectivamente, tiene razón Sánchez en que la democracia está amenazada: pero es por su propio gobierno.

Numerosos indicios apoyan la tesis de que las reiterativas llamadas a defenderse de un improbable resurgimiento del fascismo no son más que maniobras de distracción, cuya finalidad es ocultar de dónde procede el verdadero peligro. Aldous Huxley definió el problema en su obra Nueva visita a un mundo feliz (Brave New World Revisited). Pese a haberse escrito unos veinticinco años después de su novela Un mundo feliz, curiosamente este ensayo, en algunos aspectos, ha quedado más desfasado que su obra más famosa. Hijo de su tiempo, Huxley se mostraba en 1958 muy preocupado por la superpoblación, temor que, si bien algunos desinformados siguen alimentando, hoy carece de base empírica. Por el contrario, en gran parte del mundo, y no solo el desarrollado, actualmente nos enfrentamos al problema del envejecimiento demográfico. Sin embargo, el autor británico sí describió algo muy parecido a lo que estamos comprobando en nuestros días:

“Las constituciones no serán derogadas y las buenas leyes permanecerán en las colecciones legislativas, pero estas formas liberales servirán únicamente para disfrazar y adornar una sustancia profundamente antiliberal.”

Menos de dos décadas después, esta predicción empezó a verificarse mediante leyes y sentencias judiciales a favor del aborto y la no discriminación, que gradualmente han ido retorciendo el derecho, vaciándolo de su sentido originario. En nombre de la privacidad se ha anulado el derecho a la vida del ser humano en gestación. En nombre de la igualdad, se han restringido las libertades religiosa, de expresión, de educación y de empresa. Y mientras las libertades individuales se ven cada vez más sometidas a criterios colectivistas (corrección política), se “libera” al individuo ofreciéndole el cambio de sexo y la eutanasia.

El técnico jurídico de la Comisión Europea Jakob Cornides teme que la lucha contra la discriminación acabe por transformarse en “un nuevo totalitarismo, en el que todo el poder estaría en manos de las personas e instituciones que se han arrogado el control de las definiciones del término «discriminación» y que, por ello, se verían facultadas para ejercer una nueva forma de gobierno arbitraria. Con la invasión de nuevas leyes, las libertades de los ciudadanos están cada vez más restringidas y sometidas al control de funcionarios especializados en tratamiento igualitario, comisiones de tratamiento igualitario, agencias de derechos fundamentales y otras estructuras burocráticas. Ello se asemeja a la experiencia comunista, que prometió una sociedad sin clases, pero que creó una sociedad de amos de esclavos.” (F. J. Contreras y M. Kluger, eds., ¿Democracia sin religión?, Stella Maris, Barcelona, 2014.)

En lugar de una burda regresión, el peligro para la democracia se halla en los avances hacia una sociedad donde la toma de decisiones se encuentra cada vez más en manos de “expertos” institucionales (en teoría de género, migraciones, climatología, epidemiología o lo que sea), los cuales de facto suplantan la voluntad popular (manipulable, pero no tanto como algunos desearían) y las soberanías nacionales, aunque las formalidades democráticas se sigan observando con aparente pulcritud. La pandemia del coronavirus de Wuhan no ha hecho más que exacerbar el fenómeno. No hace falta imaginar siniestras conspiraciones; con frecuencia, eventos fortuitos tienden a acelerar o intensificar determinadas tendencias históricas. La invisible dictadura científica novelada por Aldous Huxley, hará pronto noventa años, sigue siendo una inquietante advertencia, desde luego mucho más realista que el fantasma de la ultraderecha con el que tratan de amedrentarnos sin descanso.