El debate trampa de la constitucionalidad

El debate sobre la constitucionalidad o no de la amnistía, que los separatistas (ERC y Junts) exigen a Sánchez para investirlo presidente, es un claro ejemplo de debate trampa. Nos hace perder tiempo con una cuestión que en todo caso terminaría decidiendo el Tribunal Constitucional con criterios políticos y no jurídicos, tal como demuestra su ya larga trayectoria desde que el socialismo lo adiestró en reconocer la voz de su amo, sea para bendecir el latrocinio de Rumasa, para legalizar a Bildu o para dar por buena la ley de plazos del aborto. Ello sin contar que, aunque meses o años después el TC declare inconstitucional una medida del Gobierno, como ocurrió con los confinamientos por la pandemia, aquí no pasa absolutamente nada y el único que dimite es Rubiales.

Tampoco la cuestión de fondo es si el proyecto de ley de amnistía filtrado por Alvise Pérez es verdadero (y no un mero borrador salido del mundo separatista) ni si es cierto que el rey echó a Sánchez de la Zarzuela, o poco menos, cuando éste se lo presentó para que fuese haciéndose a la idea de lo que tendría que firmar. Sin embargo, estas informaciones, sea cual sea la credibilidad que les otorguemos, al menos nos permiten centrar nuestra atención sobre temas de mucha más enjundia, como son el papel de la Corona, por un lado, y los términos concretos y precisos en los que se está planteando la amnistía, por otro. Estos irían mucho más allá de archivar el sumario de Puigdemont, pues abarcarían los de todos los participantes en hechos delictivos relacionados con el separatismo desde enero del 2013, y llegarían a detener y prohibir cualquier investigación judicial y policial de los mismos. Es decir, se trataría nada menos que de rehabilitar por completo el golpe separatista, y de poner en solfa toda la jurisprudencia del TC desde la sentencia sobre el Estatut. En la práctica supondría reconocer al más alto nivel la existencia de un conflicto entre Cataluña y el “Estado español” que sólo puede resolverse por la vía del referéndum de autodeterminación.

El texto filtrado por Alvise, vale la pena reseñarlo, no se corta un pelo. Toma explícitamente como precedente la ley de amnistía de 1936, por la cual fueron excarcelados Lluís Companys y los demás organizadores del golpe de octubre de 1934 contra la República. Pocos meses después de la salida de prisión de Companys, estallaría la Guerra Civil. Quienes han redactado esta proposición de ley son unos irresponsables de la peor especie, y poco importa si Sánchez ya la ha hecho suya y la ha presentado al Rey, o si una garganta profunda se ha anticipado a los acontecimientos. Que el texto en sí no lo ha inventado un aficionado, resulta obvio solo con leerlo. Que al final una ley de amnistía vendrá a ser más o menos eso, ofrece pocas dudas. La amarga ironía de todo esto es que el redactado se inspira, a veces con coincidencias literales, en la ley de amnistía de 1977, que facilitó la reconciliación entre españoles apenas dos años después de la muerte de Franco. Comparen si no el arranque de los dos artículos primeros. El de 1977 reza: “Quedan amnistiados: a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.” El filtrado por Alvise, tras un largo preámbulo, dice: “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos…” ¿Les suena de algo?

La diferencia de espíritu de ambas leyes es sin embargo abismal. En un caso, se trataba de resolver un conflicto histórico; en el actual, se trata de hacerlo irresoluble como no sea mediante la plena satisfacción de las pretensiones separatistas. No otra es la auténtica cuestión de fondo. Si España, cuya unidad es el fundamento de la Constitución, y no al revés, como ésta declara explícitamente, se puede acabar disolviendo como nación por las ansias ciegas de poder tanto de Sánchez y sus socios como de los separatistas. Por supuesto, la clave es que no lo presentarán así, como no presentaron la reanimación política de ETA, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, como lo que fue. Pronunciarán palabras de paz, diálogo, democracia. Con ellas y con las polémicas amarillistas que se inventan ya casi a diario proseguirán el tratamiento de sedación. Cuando los españoles, o al menos una buena proporción de ellos, despierten, el crimen ya estará consumado. Conviene decir que contarán con la colaboración de cierta derecha ayusista (tenga o no culpa la aludida) que no ve más allá de la comunidad madrileña. Una derecha que ya se ha desengañado hace tiempo del Rey, porque según ella no hace nada para frenar esta deriva, y que incluso asegura preferir que Cataluña y el País Vasco se independicen, con tal de que no nos saquen más dinero y dejen de afrentarnos. Curiosa forma de hacer frente a los enemigos concediéndoles todo lo que estos desean: la república (último requisito de un régimen plenamente bolivariano) y la disgregación territorial. Quiero tener fe en que todavía hay una parte de españoles que no piensan rendirse tan fácilmente, entre ellos el rey Felipe VI.