Me gusta el olor a BOE por la mañana

Esta mañana, al leer en el BOE los ceses de Puigdemont, Junqueras y el resto de consejeros de la Generalitat, además de diversos altos cargos autonómicos, incluyendo el mayor de los Mossos, he experimentado una satisfacción sin paliativos. Ni siquiera el editorial de Luis del Pino en es.Radio, con su teoría de un pacto secreto entre el expresidente de la Generalitat y Mariano Rajoy, ha logrado empañar mi alegría matutina. Trato de explicarme.

Es verdad que la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, anunciada ayer por Rajoy, nos cogió a muchos desprevenidos. Si ya nos parecía precipitado el plazo apuntado incialmente de sólo seis meses para aplicar el artículo 155, no digamos fijar los comicios autonómicos para dentro de 55 días. A primera vista, parecía una broma. Pero a veces una propuesta inopinada sirve para, pasado el estupor inicial, tomar en consideración otro modo de ver las cosas.

La idea de prolongar lo máximo posible la intervención de la Generalitat tenía su lógica: primero se restablecían la legalidad y la normalidad, tomándose el tiempo que hiciera falta, y sólo después el gobierno central disolvía el parlamento autonómico y organizaba unas elecciones en condiciones. Pero esta bonita teoría presentaba dos problemas que, con ser evidentes, quizás no hemos tenido suficientemente en cuenta, al menos entre los contrarios a la secesión.

En primer lugar, por mucho que el gobierno se empeñe retóricamente en negarlo, el artículo 155 es una suspensión del autogobierno. Según el Real Decreto publicado hoy mismo, las funciones del presidente de la Generalitat son asumidas por el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, quien a su vez las delega en la vicepresidenta, Soraya Sáenz. (R.O. 944/2017, de 27 de octubre, artículos 3 y 7.) Es decir, que durante unos dos meses, Cataluña estará gobernada directamente desde Madrid, hasta que tome posesión el nuevo gobierno regional salido de las urnas, supongo que en enero de 2018.

Por supuesto, no pasa absolutamente nada por ello. Toda Francia es gobernada directamente desde París, dejando de lado unas limitadas competencias municipales y departamentales, y nadie con dos dedos de frente clama al cielo por unos derechos civiles supuestamente pisoteados de los ciudadanos galos, ni tacha a nuestro país vecino de ser una dictadura represora.

Sin embargo, tampoco se nos puede escapar que prolongar mucho una situación de intervención en Cataluña implicaría un riesgo de desgaste político enorme para el gobierno central. Con los nacionalistas (y con la izquierda siempre dispuesta a no desaprovechar una oportunidad electoralista, aunque sea al precio de hacerle el caldo gordo a los enemigos de España) jugando a lo que mejor saben hacer, que es el victimismo y su eterna guerra de guerrillas imaginaria contra el fantasma de Franco, la situación en la comunidad catalana tendría muchas posibilidades de complicarse aún más, en lugar de enderezarse.

El segundo problema es mucho más hondo. Restaurar una auténtica normalidad en Cataluña, tras casi cuarenta años de régimen nacionalista, tampoco se puede hacer en unos meses. Se requerirán probablemente décadas, y lo que es enormemente difícil, un gobierno o gobiernos en Madrid con el coraje y la lucidez suficientes para encarar esta cuestión. Un semestre, un año o incluso alguno más servirían casi de tan poco como el par de meses que prevén las medidas tomadas ayer por la Moncloa, tras la aprobación del Senado. En cambio, haber convocado ayer mismo las elecciones tiene dos ventajas nada desdeñables.

La primera ventaja inmediata es que se envían a casa todos los diputados separatistas. Sólo con dejar de padecer el espectáculo de las tipas de la CUP, con sus camisetas feminazis y abortistas, repantigadas en sus escaños, generosamente pagados con nuestros impuestos, ya vale realmente la pena. Por no hablar de algo tan vital como evitar la ocasión de que algunos conviertan la cámara autonómica en una sede revolucionaria de la “soberanía” del poble de Catalunya, en la cual pudieran desarrollarse escenificaciones melodramáticas de la resistencia “democrática” contra la “opresión franquista” y bla, bla, bla.

La segunda ventaja no es más que el exacto reverso del problema que señalaba en primer lugar. Al aplicar el 155 al mismo tiempo que convoca elecciones, Rajoy ha destrozado prácticamente el argumentario victimista de la opresión-del-Estado-franquista-y-tal-y-cual. Seguramente, no dejarán de hacerse los mártires, pero, con elecciones plenamente democráticas a la vuelta de la esquina, estas imposturas tendrán mucha menos credibilidad y dramatismo.

Por todo ello, no me convence la teoría de Luis del Pino sobre un acuerdo entre Rajoy y Puigdemont para celebrar elecciones, cada cual contentando a sus respectivas bases. Según el periodista de es.Radio, uno haría como que declara la independencia, y el otro como que aplica el 155. Pero, siempre según esta hipótesis, la declaración separatista sería puro teatro, sin sustancia legal alguna, y la aplicación del susodicho artículo constitucional quedaría totalmente descafeinada por lo reducido del plazo.

En mi opinión, sería un grave error banalizar lo que ocurrió ayer en el parlament. Los adjetivos ya rutinarios del lenguaje periodístico y político como esperpéntico, kafkiano o surrealista, aunque tengan su innegable valor descriptivo, yerran en lo esencial si pretenden que nos lo tomemos a broma. Por supuesto que se trató de un acto ilegal (uno más, y hemos perdido la cuenta), inválido de raíz desde el punto de vista del derecho. Pero lo cierto es que en todo el mundo se percibió como un gesto explícito de rebelión de una institución representativa, y la gravedad de un hecho semejante no puede eludirse mediante sutilezas jurídicas.

En cuanto a la escasa duración de la intervención del gobierno autonómico, como he dicho, tampoco un período mayor sería suficiente, y probablemente sólo serviría para alimentar la agitación nacionalista e izquierdista. Hay que tener en cuenta que el Estatuto de Cataluña fija un plazo máximo de 60 días para celebrar elecciones autonómicas desde la disolución del parlamento de la comunidad por el presidente. Al enviar a casa a gobernantes y diputados de la Generalitat ayer mismo, Rajoy podía convocar los comicios, como muy tarde, en plenas celebraciones navideñas, lo que se ha evitado fijándolos cinco días antes del agotamiento del citado plazo. Y lo principal que hay que hacer, que es remover a consellers, altos cargos y diputados separatistas, así como organizar un proceso electoral con garantías, no requiere mucho más tiempo.

¿Significa lo anterior que Rajoy es ahora un estadista brillante o incluso genial? Lamentaría producir la sensación de que esta es mi opinión. Los precedentes de un gobernante que dilapidó su anterior mayoría absoluta para consolidar el nefasto legado ideológico y político de su predecesor nos vedan cualquier optimismo. Rajoy aún puede equivocarse gravemente si permite que Puigdemont y sus cómplices sigan en libertad los próximos días, eludiendo la acción de la Justicia, y en los meses siguientes, si se inicia un proceso de reforma constitucional en la dirección que muchos nos tememos: más concesiones a los nacionalistas periféricos y, con la complicidad de PSOE y Ciudadanos, blindaje de “derechos” espurios, que en realidad lesionan y vacían de contenido a los verdaderos derechos, como son la libertad de expresión, elegir la educación de los propios hijos y la libertad religiosa.

Pero déjenme disfrutar al menos por hoy de las medidas tomadas por el gobierno. Existe un mundo de diferencia entre que las elecciones las haya convocado Rajoy y que lo hubiese hecho Puigdemont, aunque sea más o menos por las mismas fechas. Lo segundo significaría tener que soportar dos meses más (¡dos eternos meses!) a unos gobernantes rebeldes, haciendo de las suyas, chuleando al Estado e insultando a todos los españoles. Ahora, al menos, los dirigentes separatistas que no tengan que defenderse de graves acusaciones judiciales estarán muy ocupados tratando de convencer a sus seguidores de que presentarse a unas elecciones autonómicas, convocadas desde Madrid, y tras haber proclamado la República catalana, no es tomarles por auténticos idiotas.

Algunos temen, y es comprensible, que los separatistas puedan volver a obtener mayoría en el próximo parlament. Pero creo que el poco tiempo que tienen para recomponer y desviar la desilusión de los suyos (que puede derivar en un cabreo mayúsculo, con perdón por la expresión) va a jugar en su contra, y en cambio juega a favor de la “mayoría silenciosa” que despertó el pasado 8 de octubre en la gran manifestación de Barcelona, que espero vuelva a tener de nuevo un gran éxito mañana y que es la única que puede cambiar para bien la historia de Cataluña y de toda España.