Los señores del consenso

Fuera del consenso no hay salvación, nos vienen a decir, desde la izquierda institucional hasta el extremocentro. Y no les falta parte de razón. Sin unos acuerdos mínimos compartidos por el 99 por ciento, la civilización probablemente naufragaría en un caos de destrucción y pillaje. No he puesto la cifra por mera costumbre retórica. El país con el mayor número de personas en la cárcel por cien mil habitantes es Estados Unidos: 655. Es decir, el 0,65 %. No es ahora el momento de discutir si ello se debe a que se trata de una sociedad más violenta, al derecho constitucional de portar armas, a su sistema judicial y penal o a una combinación de todo ello. Pero si miramos el vaso medio lleno, lo cierto es que más del 99 % de la población en todo el mundo cumple habitualmente las leyes, y acepta en líneas generales que se castigue matar, robar o violar.

No es nada sorprendente que un consenso tan necesario para la existencia de la civilización se remonte a la fundación de las grandes religiones. Los diez mandamientos, por limitarnos al caso que nos resulta más familiar, fueron entregados a Moisés, hace más de tres mil años, directamente por Dios, según las Escrituras hebreas. Sean cuales sean nuestras creencias, lo que el relato bíblico transmite es que se trata de preceptos que no han sido establecidos por ninguna comunidad terrenal, por ningún contrato social. En consecuencia, y de ahí deriva su fuerza, tampoco ninguna decisión humana podría alterarlos o derogarlos legítimamente. Ahora bien, la moderna ideología democrática y progresista choca frontalmente con esta concepción. Para el hombre contemporáneo, lo aprovechable en el Decálogo no deriva de una autoridad trascendente, sino del acuerdo, de la convención. Matar y robar están mal no porque vayan contra la voluntad divina, sino porque atentan contra las normas para el buen funcionamiento de la sociedad, la voluntad de la mayoría o como lo queramos racionalizar.

El consenso, así entendido, al ser una creación humana, está sujeto a constante actualización y modernización. Aunque el judeocristianismo, en mucha mayor medida de lo que solemos ser conscientes, sigue siendo el fundamento de nuestra cultura, hoy se nos imponen consensos en gran medida elaborados en el último medio siglo; lo que con perspectiva de milenios es como decir ayer por la tarde. Feminismo, abortismo, homosexualismo, multiculturalismo… Los sacerdotes y clérigos han dado paso, en cuanto a influencia, a los actuales señores del consenso, en su mayoría políticos y periodistas, secundados por artistas y por bufones. Los cuales se ven a sí mismos como los guardianes de la civilización y la democracia, con legitimidad para condenar moralmente, cuando no penalmente, a todos los que cuestionen las nuevas tablas de la ley demoliberal y progresista. Escuchándolos, parece incluso que antes de ellos todos los hombres eran unos bárbaros maltratadores de los débiles y estupradores de doncellas.

Algunos autores critican la asfixiante corrección política como un mero intercambio de unos tabúes por otros, como un retorno del puritanismo y las cazas de brujas, como la sustitución de la vieja inquisición cristiana por una nueva inquisición laica, que si bien ya no condena a nadie a la pira, lo destruye civilmente. Hasta cierto punto parecen olvidar que, de todos modos, la civilización no puede existir sin cierto consenso cercano a la unanimidad, sobre unos principios fundamentales. El problema es cómo se establece este consenso. Y con ello no nos referimos a la mayor o menor crueldad en los castigos. Quien haya perdido su cargo o su trabajo, por la expresión de una opinión políticamente incorrecta, poco consuelo hallará en que le recuerden que en el siglo XVI posiblemente lo hubieran quemado en la hoguera.

La principal diferencia, desde un punto de vista social, entre el consenso antiguo y los consensos actuales radica en la fuente de su autoridad. Antes, simplificando, ésta solía dividirse entre sacerdotes y reyes, entre la nobleza y el clero. Y aunque coincidían en su interés por preservar el viejo orden estamental, la tensión entre el poder religioso y el militar-estatal fue una constante sin la cual la historia de Occidente, con sus logros y fracasos, resulta incomprensible, o se reduce a ese cuento marxista de ciegas fuerzas materiales, que a fuerza de explicarlo todo no explica nada.

Hoy los gobernantes y representantes políticos son al mismo tiempo los sacerdotes de la religión progresista. Algunos protestaron ingenuamente, hace unos meses, por no conocer a los miembros del comité de expertos que el gobierno habría consultado para decidir las medidas contra la epidemia. Pero nuestros políticos (al igual que nuestros periodistas, tan amigos de anteponer el consabido “según los expertos” a sus opiniones) no necesitan ningún tipo de sabios u hombres de Dios que los puedan limitar o apercibir, vaya idea. Basta con hacer creer que los consultan; les resulta mucho más práctico. Quienes más gritan en favor de la separación entre la Iglesia y el Estado, de facto no hacen más que defender una nueva religión, llámese progresismo, tecnocracia o como se quiera, en la que no cabe la noción de separación entre una autoridad espiritual y el poder político, porque ambos serían una y la misma cosa. Me cuesta imaginar cómo conseguiremos que nuestra civilización siga siendo fértil y creativa, si es que aún lo es, suprimiendo una de las causas decisivas que, durante siglos, la hizo así.

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