Leyes mágicas

El parlamento catalán aprobó ayer establecer un alquiler máximo de la vivienda. Se trata del enésimo ejemplo de esa superstición llamada “control de precios”, que consiste en creer que algunos bienes, si no todos, se pueden distribuir mejor asignándoles sus precios políticamente. O sea, a la fuerza. Excuso decir que esto es pura magia, exactamente lo mismo que creer que si el Estado imprimiera papel moneda sin límites y lo repartiera, podríamos ser todos ricos. Thomas Sowell, en su libro Economía básica, que debería ser de lectura obligatoria para todo cargo y representante político, lo explica de manera que hasta un diputado de la CUP podría entenderlo: “Los precios son como lecturas de un termómetro, y a un paciente con fiebre no le va a ayudar que sumerjamos el termómetro en agua helada bajando la lectura.” Allí donde se ha aplicado, la regulación de alquileres ha tenido efectos contraproducentes. Si los precios del alquiler son artificialmente bajos, disminuirá la rotación de viviendas, porque los inquilinos preferirán vivir más tiempo en la misma, incluso teniendo buenas razones para mudarse a otra. También habrá viviendas más grandes ocupadas por un solo individuo, en detrimento de familias o estudiantes. Finalmente, disminuirán los incentivos para poner viviendas nuevas o de segunda mano en el mercado del alquiler. Todo esto no es una teoría, sino que está ampliamente avalado por una experiencia de siglos, en numerosos países. Pero quien dijo que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra era un optimista incorregible: tropieza setenta veces siete. En gran parte, ello es debido a unas nociones económicas tan intuitivas y erróneas como lo era la astronomía geocéntrica. Esta ignorancia popular podría hoy remediarse fácilmente, pero los dirigentes políticos prefieren actuar sobre la percepción que los ciudadanos tienen de ellos, no modificar la realidad a mejor. Bien es cierto que lo segundo pasa por disminuir su poder, en lo que obviamente no están demasiado interesados. ¿Por qué el gobierno debería trabajar inteligentemente para controlar una epidemia, si le resulta mucho más fácil y conveniente, gracias a los serviles medios de comunicación, controlar nuestra percepción de los responsables de la gestión sanitaria? Pero no quiero apartarme del tema de la vivienda. Porque los efectos contraproducentes de la regulación de alquileres, por si fuera poco, aún darán más argumentos (aunque falaces) a los defensores y exculpadores de la okupación. Ésta pretende justificarse en una escasez de viviendas asequibles cuya causa principal es en realidad una legislación taumatúrgica (o como decimos ahora, ideológica), que no sólo distorsiona el mercado, sino que de facto lesiona el derecho a la propiedad privada, supeditándolo a un pretendido derecho a la vivienda que, bien entendido, ya está comprendido en el primero. No todo deseo ni toda necesidad, por legítimos y bienintencionados que sean, constituyen un derecho. Comer es una necesidad fisiológica ineludible, y no por ello existe el derecho a marcharse de un restaurante sin pagar. Dudo que en otros países, fuera de España, la clase media sufra unos ataques tan insolentes y organizados hacia su principal posesión y modo de ahorro, ante la pasividad, cuando no connivencia (como en el caso de la alcaldesa de Barcelona) de las autoridades. Pero de nuevo la estrategia de los políticos, con la ayuda inestimable de sus periodistas a sueldo, es actuar sobre las percepciones, no sobre los problemas reales, que con frecuencia han creado ellos mismos. Multitud de tertulianos y “expertos” tratarán de hacernos creer que la okupación es un fenómeno estadísticamente irrelevante, amplificado por la “ultraderecha”. Dirán que la mayoría de viviendas okupadas pertenecen a “fondos buitre”, como si justificar la violación de la propiedad privada en un caso no sentara precedente para todos, y como si los vecinos de estos okupas no sufrieran las consecuencias en forma de vandalismo, morosidad comunitaria y delincuencia. Y por descontado, toda crítica negativa al sistema que permite y ampara estos abusos será demonizada como una herejía contra el progresismo. Nos queda el consuelo de que, desde el siglo XIV, hemos avanzado mucho en astronomía.

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