Veto al Estado

De modo inopinado se ha planteado una batalla ideológica decisiva, en la que podríamos jugarnos la libertad de generaciones. Se equivocan quienes creen que la polémica sobre el pin parental es una cortina de humo para tapar otros temas más graves, como las negociaciones del gobierno con los separatistas o las comprometedoras informaciones contra dirigentes de Podemos que llegan de Bolivia.

Por graves que sean esos asuntos u otros, lo que se dirime con la introducción del pin parental en el sistema educativo de la comunidad de Murcia, como condición de Vox para apoyar los presupuestos autonómicos, tiene potencialmente consecuencias mucho más amplias.

En principio se trata simplemente de que los padres puedan vetar automáticamente (mediante una especie de PIN o número clave requerido) determinados contenidos que sus hijos podrían recibir en la escuela pública. Sí, he dicho conscientemente vetar, porque, como ha señalado Miguel Ángel Quintana, “los vetos son parte de la tradición democrática de control del poder”.

¿Por qué entonces el gobierno y los progresistas se han lanzado a degüello contra una propuesta tan sensata? La pregunta en sí misma ya peca de ingenuidad. ¡Pues por eso, porque el progresismo no admite nunca de buen grado que se pueda limitar el poder político cuando es él quien lo posee!

Por supuesto, no es accidental la clase de contenidos que todo el mundo tiene en mente. Charlas o “talleres” LGTB y de ideología de género, impartidos por tingladistas ajenos a los centros educativos, en los que se incita a niños de edades tempranas a masturbarse, a tener relaciones heterosexuales y homosexuales, y a cuestionarse su identidad sexual independientemente de sus cromosomas. Todo poder aspira a crear siervos que crean deberle la liberación, sexual o del tipo que sea.

Los progresistas, como virtuosos maestros que son en la fabricación de hombres de paja para desprestigiar al adversario, tratan de presentar a los disidentes, quiero decir a los defensores del pin parental, como una especie de peligrosos agentes ultraderechistas que se oponen a la tolerancia hacia los homosexuales, o incluso están contra la igualdad entre hombres y mujeres. En este contexto las palabras homofobia y machismo se utilizan a granel para demonizar a cualquiera que no acepte los postulados anticientíficos de la ideología de género, según la cual la identidad sexual es una pura construcción cultural sin relación alguna con la biología.

Sólo con que consiga despertar a muchos ciudadanos adormilados, completamente desprevenidos ante algunas consecuencias de la ideología de género, la polémica del pin parental ya vale la pena.

Pero como decía, aquí de lo que se trata es de si el poder debe tener límites. Entre los derechos más fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, tenemos tres: El primero, la igualdad ante la ley, independientemente del “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14). El segundo es el “derecho a la vida y a la integridad física y moral” (art. 15) y el tercero es la libertad de pensamiento y expresión, desarrollada en los artículos 16, 20 y 27. En concreto resulta crucial el apartado 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

¿Por qué es tan crucial este apartado? Pues porque sin él, los artículos  16 y 20, que garantizan la libertad ideológica y religiosa, así como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, dejarían de tener sentido alguno. Que los padres no tuvieran ningún derecho a transmitir a sus hijos sus convicciones sería tanto como admitir que el Estado se arrogara el poder de programar la mente de todos los ciudadanos desde su nacimiento, inculcándoles un pensamiento único.

Si todos acabáramos pensando uniformemente, porque nuestra educación estuviera controlada desde los cero años por una administración revestida de infalibilidad, la proclamación constitucional de la libertad de pensamiento y de expresión sería un puro sarcasmo. Pero me atrevo a ir más lejos. La igualdad ante la ley, el derecho a la vida y los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos tienen su raíz en el cristianismo, cuyo principal vehículo de transmisión es la familia. Desgajados de su origen judeocristiano, los derechos humanos están sujetos a reinterpretaciones y desnaturalizaciones que terminan en su suspensión de facto, como sucede con el derecho a la vida de los seres humanos en gestación.

Por supuesto que el pin parental no garantiza por sí solo, al menos en su forma más restringida, el papel educativo de los padres, ya muy mermado por la intromisión estatal y el poder narcotizante de los medios de comunicación y entretenimiento. Pero posiblemente sea una de las últimas trincheras desde la cual se puedan defender formas de pensar verdaderamente independientes, diferentes de las seudorrebeldías que nos venden como cualquier otro producto de consumo fabricado en serie.

El odio al pin parental no es más que una manifestación del odio eterno del progresismo contra el cristianismo y contra la familia, es decir, contra lo que los progresistas perciben, con toda razón, como los grandes obstáculos a la implantación del quimérico “mundo feliz” huxleyano con el que sueñan. Un mundo aséptico, sin conflicto y sin dolor, pero también sin familia, sin amor y sin Dios. El veto educativo de los padres no será ni mucho menos suficiente, pero sí es una condición sine qua non para hacer frente a la distopía progresista.

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