Siete razones para apoyar a Vox

Vox ha actualizado su programa en un documento titulado “100 medidas para la España Viva”. Ya me gustaría comentarlas una por una, si tuviera tiempo. Como no es así, he elegido las siete que me parecen más importantes y representativas del ideario del partido dirigido por Santiago Abascal. Son las 6, 9, 17, 46, 61, 70 y 93, aunque como se verá, la lista podría alargarse. Dicho de otro modo, ahí van mis siete principales razones para votar a Vox:

Primera razón:

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

En la coyuntura actual, esta medida es la propuesta estrella de Vox y por tanto la que ha generado más críticas, tanto desde la izquierda como desde la derecha. En buena parte estas críticas proceden del formidable entramado de intereses creados que implica la existencia de diecisiete administraciones. Luchar contra eso va a ser dificilísimo, pero no creo que sea imposible.

Es verdad que se requiere convencer a una mayoría de españoles muy amplia para impulsar una reforma centralizadora de la Constitución, pero esta mayoría se conseguirá el día que calen lo suficiente dos poderosos argumentos: Primero, que el Estado del Bienestar (servicios públicos, pensiones) es insostenible a largo plazo sin un Estado mucho más ligero y eficiente; es decir, unitario. Segundo, que el problema de los separatismos y los localismos mezquinos lo han creado y exacerbado unos parlamentos autonómicos que suponen de facto una fragmentación de la soberanía nacional. La suma de ambos argumentos me parece invencible. Hasta ahora sólo ha faltado que haya un partido que se atreva a sostenerlos con insistencia y determinación.

Sabiendo que desmantelar el Estado de las autonomías no es un objetivo a corto plazo, Vox propone una serie de medidas intermedias, previas a la consecución de su objetivo último, como son la recuperación de las competencias troncales del Estado y otras que especifica en distintas medidas. Así, las 1 y 2, que exigen suspender la autonomía de Cataluña por tiempo indefinido e ilegalizar los partidos separatistas. También las 4, 5, 10, 35, 55 y 62, que básicamente protegen la lengua española común o castellano, eliminan las policías y las televisiones autonómicas, unifican el sistema sanitario y suprimen los conciertos económicos del País Vasco y Navarra.

Segunda razón:

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España.

Esta medida es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de romper con el espíritu de la Transición, iniciado por Rodríguez Zapatero, respetado cobardemente por Rajoy y relanzado por Pedro Sánchez, con el apoyo de la izquierda y los nacionalismos separatistas, para conectar la legitimidad de la actual democracia con la Segunda República. Lo cual no es más que convertir una flagrante mentira histórica en verdad oficial. Es también recuperar el propio proyecto republicano de instaurar un régimen en el que la derecha no tuviera cabida. En la persecución de este fin, los republicanos de izquierda “moderada” se arrojaron en los brazos de un PSOE bolchevizado y de los comunistas, que no deseaban otra cosa que implantar la dictadura del proletariado. El resultado por todos conocido fue la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura del general Franco. Ahora bien, se trató de una dictadura que eludió la tentación totalitaria según los modelos comunista y nacionalsocialista.

Tras la represión de posguerra, el régimen toleró un marco de relativas libertades individuales (los españoles, por ejemplo, podían entrar y salir del país, a diferencia de los rusos, los europeos del Este o los cubanos) que facilitó un crecimiento de la prosperidad económica sin precedentes. A la muerte de Franco, la dictadura se autodisolvió, permitiendo la Transición a la democracia. Resumidamente, esto fue lo que ocurrió, y lo que la Ley de Memoria Histórica, desarrollada hasta sus últimas consecuencias, desearía prohibir que se dijera.

Tercera razón:

17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.

Son varias las medidas que se ocupan del tema de la inmigración. Así, las 14 y 15 propugnan deportar a los inmigrantes ilegales y también a los legales que cometan delitos graves o sean reincidentes; las 19 y 20 endurecen las condiciones para obtener la nacionalidad española, la 22 defiende cuotas de origen privilegiando a los hispanoamericanos, la 26 propone la construcción de un muro “infranqueable” en Ceuta y Melilla y la 59 elimina el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales. Muy relacionadas con las anteriores son también las medidas (23 a 25) destinadas a frenar el islamismo.

De todos modos, he seleccionado la número 17 porque, si no estoy equivocado, podría ser la más efectiva de todas ellas, incluido el muro de Ceuta y Melilla. Ataca directamente al principal incentivo de la inmigración ilegal, que a su vez es lo más perjudicial económicamente para la sociedad española: beneficiarse de sus servicios sociales sin haber cotizado un euro.

Dicho esto, para mí el principal problema de la inmigración no es el económico, ni siquiera el de orden público, sino el cultural: es decir, la inmigración masiva de musulmanes, que no sólo no desean integrarse en nuestra cultura, sino que albergan pretensiones supremacistas que se exteriorizan en las zonas donde consiguen suficiente peso demográfico. Para combatir esta amenaza son indispensables las medidas ya mencionadas 23 a 25, entre otras. Pero desde luego, ninguna tendría sentido si antes no actuamos contundentemente contra la inmigración ilegal.

Cuarta razón:

46. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.

No pocas propuestas de Vox se ocupan de reducir drásticamente los impuestos y las cotizaciones sociales (impuestos con otro nombre, al fin y al cabo), de manera general o para colectivos o productos específicos, como son las 37, 39 a 42, 44, 45, y 48 a 52. Asimismo, el complemento inseparable del recorte fiscal es el recorte de lo que la medida 35 llama acertadamente “gasto político”, que no “público”, como hacen los socialdemócratas de todos los partidos para que la población se resigne a ser esquilmada tributariamente[1]. En esta línea son también importantes otras medidas liberalizadoras como por ejemplo la contenida en la mencionada 37, que además de eliminar tasas e impuestos a la creación de empresas, propugna derogar cinco normativas por cada una nueva que se implante.

Una de las razones por las cuales Vox me parece casi un milagro es que en su programa económico eluda decididamente cualquier tentación populista, en el sentido de prometer más asistencialismo estatal, como hacen la izquierda y también otros partidos europeos en la órbita de la derecha alternativa. Esto en España, el país de las paguitas, tiene mucho mérito. Lo fácil sería prometer rentas mínimas y más servicios “gratuitos”, y decir que los financien “los ricos”. Por supuesto, luego nunca hay ricos suficientes para pagar esas orgías de gasto público, cuyo coste acaba recayendo invariablemente sobre la sufrida clase media.

Vox tiene incluso el atrevimiento de proponer, aunque de manera genérica, un modelo de pensiones mixto, basado como el actual en las cotizaciones (la “solidaridad”: es decir, los que trabajamos pagamos las pensiones de los jubilados e incapacitados) pero también en “la propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.” (Medida 53.) Esto implica una reforma fiscal que deje de penalizar a los ahorradores.

A pesar de la importancia de muchas de estas medidas, he elegido la 46 por su valor simbólico, pero sobre todo por sí misma. Pocos impuestos pueden ser más injustos que el de Sucesiones, que está obligando a muchas personas a renunciar a las herencias ganadas con el sudor de la frente de los padres, por no poder satisfacer en metálico la voracidad recaudatoria de las haciendas públicas. En un país donde existe una tasa de propietarios de vivienda de las más altas (otro de los legados del franquismo, por cierto), la clase política no podía haber puesto los ojos en un botín más apetitoso. Desde los tiempos de la desamortización eclesiástica, hace casi dos siglos, posiblemente no haya habido un robo a gran escala tan grande en España como el que se está perpetrando cotidianamente en nuestros días, aunque de modo más encubierto que en el siglo XIX, merced a esas siniestras figuras contributivas.

Quinta razón:

61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de los hijos, empezando por la elección del colegio.

Esta es otra de esas medidas de redactado muy genérico, pero cuyas implicaciones son enormes. En esencia, el cheque escolar significa que el Estado garantiza la educación pública universal aportando un subsidio finalista a las familias para que lo inviertan en el centro educativo de su elección. Si se aplicara con todas sus consecuencias, esto significaría que el Estado dejaría la educación básicamente en manos privadas (sin por ello renunciar a su universalidad), lo que facilitaría una mayor competitividad, con el consecuente aumento de la calidad educativa, que es el más poderoso ascensor social que existe.

Mientras los políticos sigan poniendo sus sucias manos sobre la educación (y el gobierno de Pedro Sánchez vuelve ahora a la carga), los más humildes continuarán recibiendo una enseñanza cada vez más degradada en forma de mero adoctrinamiento progresista y de reparto generalizado de titulaciones devaluadas.

Sexta razón:

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.

Vox propone una serie de medidas (70 a 81) de protección de la familia y fomento de la natalidad. De entre ellas son fundamentales la 75, en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la 80, que prohíbe los vientres de alquiler, considerados como una modalidad de compra-venta de seres humanos. En cambio, la 75 no prohíbe el aborto de manera explícita; de hecho, ni siquiera lo menciona. Se limita a proponer que las mujeres con “embarazo inesperado” accedan a “información veraz” (es decir, no ideológica) y tengan “alternativas”, entre las que se sugiere, un tanto crípticamente, facilitar dar el hijo en adopción mediante una reforma legislativa.

Vox se ha posicionado siempre como partido pro-vida, pero se ha decantado más por medidas positivas en apoyo de la maternidad que por la prohibición total del aborto, al menos en voz alta. En mi opinión, esas medidas positivas son imprescindibles, pero también lo es la prohibición, si no total, al menos despenalizando sólo supuestos muy restringidos, como se ha hecho en Polonia. Por eso, aunque me parezca correcta, la redacción de la medida 75 me deja insatisfecho. Debemos ser más contundentes, orillando los cálculos demoscópicos de cortas miras. Probablemente, hoy por hoy, hay más personas opuestas al aborto que al Estado autonómico, así que no entiendo por qué Vox se contiene en este tema vital (nunca mejor dicho) de la guerra cultural, hasta caer a veces en una aparente tibieza, que no hallo en sus bases.

En cambio, en su oposición a la ideología de género, Vox sí que no teme batirse en solitario. No sólo ello, sino que cuenta entre sus miembros con Alicia Rubio, autora de unos de los ensayos fundamentales en español sobre este tema: Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Esta batalla es crucial, porque como han explicado documentadamente Agustín Laje y Nicolás Márquez en otro libro imprescindible, El libro negro de la nueva izquierda, hoy la ideología de género-LGTB es la forma que ha adoptado del neomarxismo para continuar con su obra de subversión y destrucción de la civilización occidental. Todo partido que realmente se postule como una alternativa a la hegemonía progresista y quiera hacer frente al despotismo de la corrección política tiene que ser beligerante en esta cuestión.

Séptima razón:

93. Reforma del Poder Judicial para una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo general del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia. Supresión del Tribunal Constitucional, sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo.

Esta medida, aunque posiblemente sea menos llamativa para el ciudadano común, es de una importancia difícil de exagerar. El actual reparto de magistrados del TS y del CGPJ por acuerdos entre los partidos, principalmente el PP y el PSOE, llega a niveles tan impúdicos que algunos fallos judiciales se explican meramente por razones de obediencia partidista e ideológica. Pero lo peor es el papel que ha tenido el Tribunal Constitucional en nuestra historia democrática, instrumento de algunas de las peores fechorías perpetradas por el poder ejecutivo, la última de las cuales fue la legalización del brazo político de ETA, como parte del pacto gubernamental con la organización terrorista.

Relacionadas con esto, destacaría también la medida 87, que defiende la “desarticulización efectiva de ETA”, en contra de la mentira oficial de la derrota de ETA (otra obra imprescindible: La derrota del vencedor, de Rogelio Alonso). Y todavía en el ámbito de la Justicia y las libertades, simpatizo también con la medida 86, contra el movimiento okupa y favorable a ampliar la legítima defensa en los casos de allanamiento de morada, así como la 90, que defiende la cadena perpetua sin plegarse al eufemismo de la prisión permanente revisable, revisión que en la mayoría de países se da por descontada, sin necesidad de tantos melindres verbales.

Estas son las propuestas que más me han reafirmado como afiliado y votante de Vox. Por supuesto, animo a leer, a quien no lo haya hecho aún, las medidas restantes. Serán unos veinte minutos magníficamente invertidos.

[1] Esto no es incompatible con un Estado fuerte, que proteja adecuadamente nuestras fronteras y soberanía nacional. Así, la medida 27 defiende incrementar el presupuesto de Defensa, cosa que me parece absolutamente necesaria, en contra del buenismo pacifista reinante.

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